El día martes 18 de noviembre una gran movilización de sectores ambientalistas se hizo presente en la legislatura mendocina tras el rumor de que se derogaría la ley 7722. Ley que prohíbe la utilización de materiales contaminantes (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etcétera) en la actividad minera. En el orden del día no se había incluido ninguna modificación.

En la legislatura mendocina se barajan dos proyectos de modificación presentados por dos senadores del PJ: Alejandro Abraham y Juan Agulles. En la cámara de senadores la UCR tiene mayoría y puede tratarla. Sin embargo, no quieren pagar el costo político solos. El PJ no dio dictamen para que se tratara, a pesar de ser los autores de los dos proyectos. Reclaman que el proyecto que ellos traten tiene que venir de la mano del gobernador en una maniobra que busca evitar los costos políticos de la modificación. También lo utilizan como maniobra para gestar el avance de proyectos y financiamientos por debajo de la mesa, haciendo notar su poderío para tratar o no un tema de interés común. Cotizan sus servicios para los capitales interesados.

Es claro que ambos sectores, el oficialismo y la oposición peronista (si es que se puede llamar así) tienen decidido realizar modificaciones a la ley 7722 que constituye una traba para los proyectos metalíferos de los grandes pulpos capitalistas que se pasean de lado a lado de las cámaras y son grandes financistas de las campañas de ambos bloques.

Los sectores que se encuentran desesperados por la modificación de la ley argullen como principal argumento que la explotación megaminera generaría puestos de trabajo para la población, argumento que resulta sumamente atractivo. Más aún cuando en la provincia los niveles de pobreza pasan el %37. Coersionan a la población trabajadora a través de la miseria que ellos mismos generaron. Sin embargo, el saqueo y la contaminación generados a través de estas prácticas no serían una salida económica verdadera. Ya lo vemos en San Juan donde los niveles de pobreza superan el %35 en una verdadera zona liberada de la Barrick Gold. La riqueza de la que hablan no es la del pueblo trabajador. Una verdadera salida de la explotación minera tiene que estar ligada a las necesidades sociales ya la generación de empleo genuino.

El mismo Alberto Fernández realizó una acto de campaña con Uñac y declaró que en Argentina se debía realizar una explotación minera como en San Juan (15 millones de litros de agua cianurada al río).

Uno de los proyectos que se ven afectados por la ley 7722 es la explotación de Don Sixto, en el sur provincial. Este proyecto ya tuvo graves problemas con la comunidad mapuche Lof Rukache, que habita la zona del paraje de Agua Nueva del distrito malargüino de Agua Escondida, quienes denunciaron intentos de despojo de sus tierras. Este proyecto se encuentra en territorios de los hermanos Omar y Emir Félix y constituye parte de las que actualmente serían nueve mil hectáreas, herencia de su padre Chafí Félix, interventor durante la dictadura.

Los sectores que pugnan temen a la movilización popular y el coste político que les acarrearía votar la derogación de una ley conseguida a través de las luchas populares. Es por eso que con la nueva composición de las cámaras este 2020 y con el acuerdo de Cambiemos buscan empezar a hacer modificaciones menores a la ley de manera que poco a poco quede inutilizable.

La perspectiva extraccionista de Cambiemos en la provincia es clara, antes de irse Cornejo a través del decreto 485 habilitó la explotación de hidrocarburos de manera no convencional en Puesto Rojas. El fracking es una práctica mundialmente repudiada y que luego de haber agotado los recursos en los países del primer mundo y ser prohibida en muchos de ellos encontró en los países del subdesarrollo una víctima perfecta. Al instante también aparecieron casi una docena de proyectos de explotación a través de fracking en la provincia.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda defendimos la vigencia total de la ley 7722. Impulsamos a través de la entonces diputada nacional Soledad Sosa un proyecto similar en el congreso nacional para que sea aplicado en todo el país. Impulsamos en la legislatura provincial a través de la banca en el senado de Victor da Vila un proyecto de prohibición del fracking doce horas después de que Cornejo firmara las primeras concesiones en el mes de abril. Impulsamos nuestras posiciones al interior del movimiento y consideramos que para evitar que las asambleas sean solamente una herramienta para presionar al poder político en las legislaturas, para evitar el agotamiento del movimiento en lucha y para que la 7722 no caiga, es necesaria una lucha codo a codo con los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Con toda esta información debemos desconfiar de las legislaturas y concejos deliberantes, cuya agenda está dominada por los intereses económicos del gran capital. Debemos impulsar una profunda alianza de las y los luchadores ambientalistas y la clase obrera, que es la que tiene el poder de parar la economía e impulsar una perspectiva en defensa del ambiente y del trabajo, no solo contra la destrucción mega minera, sino también contra el fracking y la agronomía contaminante.

Contra el saqueo y la contaminación planteamos la nacionalización y el control obrero de todos los proyectos de extracción mineral, junto a las organizaciones ambientales y los pobladores. Es necesaria la puesta a producción de todos los proyectos que sean necesarios para la satisfacción de las demandas de la clase obrera del país, garantizando trabajo digno y genuino, que se respete el ambiente y no se ponga por detrás de los intereses de la ganancia capitalista, es necesario poner fin a los negociados de los grandes pulpos y levantar la bandera de un gobierno de los trabajadores.