El gobierno de Paco Pérez está decidido a violar el mandato popular que marca un rechazo masivo a la instalación de minas contaminantes en la provincia. Con esto pretende paliar las urgencias económicas de los municipios y la provincia.

La gobernación nacional y popular acaba de otorgar la concesión provisoria a la minera Río de la plata de 5.000 hectáreas en el departamento de Las Heras -tiene por objetivo extraer oro, plata y cobre. Acordó la construcción de una vía férrea desde Malargüe hasta Bahía Blanca, bajo control de la brasileña Vale por 50 años -la vida útil de la mina-, para que pueda sacar más rápidamente la producción de potasio de Río Colorado; y la Cnea está presionando para poner en marcha nuevamente la mina de uranio, cerrada hace algunos años. La estrategia que están utilizando las mineras -centralmente canadienses- es el pedido de licencias sobre el suelo, paso previo a las autorizaciones de exploración. Es decir, están sacando número, loteándose Mendoza, para luego explotar o vender a otra minera los derechos.

Para esto, Pérez antes necesita dar por tierra con la Ley 7.722 -llamada antiminera, porque prohíbe la utilización de materiales químicos contaminantes como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otros- y proceder a una reforma constitucional, que adecue el aparato estatal al cambio de frente de la burguesía, en favor de las mineras. En este punto es de vital importancia el control del departamento general de irrigación: el agua de Mendoza.

La ley 7.722 fue producto de una gran lucha del pueblo mendocino; no obstante, las empresas mineras han presentado al menos diez recursos de anticonstitucionalidad contra la norma, ante la Corte Suprema de la Provincia. Es sobre esto que el gobernador se quiere valer, para voltear la 7.722 y proceder a la instalación concreta de las minas, sin pagar el costo político.

La oposición patronal empieza a oler un giro hacia la minería -lento, pero sin pausa-, justo en el momento en que la producción agrícola sufre un duro revés, debido a la caída de los precios internacionales -el ajo, 56%; la oliva, 36%-, por un lado, y al cierre de exportaciones a Brasil y a la fuerte oferta china, por el otro. Esta situación ha generado, sólo en San Rafael, el despido de 1.600 trabajadores en lo que va del año. Referentes de la oposición patronal jugaron un papel crucial para que las asambleas del agua no protagonizaran una movilización masiva contra la cumbre de presidentes realizada en la ciudad de Mendoza, como lo hicieron en la vendimia.

La ilusión de que la instalación de las minas lograría revertir el déficit de la mayoría de los municipios y de la provincia es falsa. Primero, porque los proyectos mineros tienen un carácter depredador y, por tanto, limitado: no establecen un desarrollo sustentable en el tiempo. Segundo, porque los recursos estatales se van en subsidios a empresas, como las de trasporte, que acaban de aumentar el boleto. El objetivo es descargar la crisis sobre los trabajadores, como lo impulsa el mismo Pérez, tercerizando sectores enteros de estatales -como los de barrido y recolección de residuos-, estableciendo techos salariales y vaciando los hospitales.

En realidad, únicamente generarían una verdadera catástrofe, no sólo ambiental -por sus consecuencias ya públicamente difundidas-, sino también social: una migración de trabajadores desocupados del interior a la ciudad, para incorporarse a la fuerza laboral de las minas y de su entorno, dispararía por las nubes los índices del déficit habitacional -que ya hoy resultan alarmantes en todo el gran Mendoza-, saturaría el quebrado sistema sanitario y desbordaría el pésimo sistema educativo. Es decir, destruiría lo poco que queda del “tejido social”, como les gusta decir a los ´progresistas´.

Pero, por sobre todo, la instalación de las mineras contaminantes significa la entrega de los recursos naturales a las multinacionales; un gesto de entrega y de generosidad de nuestro gobernador hacia los pulpos multinacionales, que choca con su actitud frente al reclamo salarial de judiciales y de docentes.

La defensa de la Ley 7.722 es una batalla muy importante en la guerra contra las megamineras contaminantes. Preparemos con todo su defensa.