Mediante un decreto firmado durante el 2021 y publicado a principios de este año, el gobernador Rodolfo Suárez cedió al grupo empresario El Azufre SA la totalidad de 12.351 hectáreas en la zona de Malargüe destinadas al desarrollo de un centro de ski. Esto es parte de una política de masiva sesión de tierras fiscales a capitales privados. El tamaño de estas tierras es aproximadamente de poco más de media ciudad de Buenos Aires.

A través de la difusión del blog de Federico Soria el tema tomó carácter público y diferentes medios locales entrevistaron a los empresarios que festejaban en la línea de una pronta apertura del negocio.

El boletín oficial decreta, además de la cesión de los territorios fiscales, la cesión de terrenos de los pobladores, registrados de manera oficial, para el desarrollo del proyecto, evadiendo los conflictos con las comunidades originarias que habitan ancestralmente parte de esos territorios al pie del Volcán Peteroa y que no les son reconocidos, como lo son el Lof Buta Mallín y el Lof Pincheira, que la reclaman en el marco de la ley 26.160.

Se suma además que la cesión se da en territorios de frontera con Chile, en una zona cordillerana que es la naciente de la cuenca del Río Valenzuela y demás cuencas subsidiarias del Río Grande, y es poseedora de vegas, lagunas, glaciares (registrados en el Registro Nacional de Glaciares) y humedales altoandinos en una zona climática comprendida por la región occidental, cordillerana y precordillerana de las provincias de San Juan, Mendoza y noroeste de Neuquén.

El lugar, de suma importancia ecológica, se encuentra en una zona que difícilmente soportaría un estudio de impacto ambiental, que no se ha realizado ni solicitado, principalmente en el marco de una crisis climática agravada y procesos de cese de glaciaciones sostenidos.

Es claro que el desarrollo de un centro de ski, en las dimensiones que suelen comprenderse estos proyectos, tiene un carácter altamente invasivo en un territorio muy sensible para el medio ambiente.

En el 2014 se presentó un proyecto para declarar área protegida esa zona, pero no progresó, y la legislatura mendocina llegó a declarar de interés público el proyecto de El Azufre en 2020, con apoyo de Cambia Mendoza y el peronismo.

Sin embargo, la cuestión ambiental particular se agrava en la comprensión de las cesiones permanentes de tierras a grupos privados, como lo fue la reciente cesión de tierras al interior de la reserva Villavicencio para el desarrollo de un gran proyecto hotelero y turístico, o la histórica cesión de Las Leñas al grupo inversor encabezado por el malayo Tan Sri Arumugam.

Con el discurso de buscar un reactivamiento económico en la provincia, estas acciones significan la entrega de terrenos sensibles a capitales privados, que priorizan la ganancia por sobre cualquier otro balance.

La provincia de Mendoza necesita una reactivación económica, pero no será posible en manos de un Estado desesperado por ganancias, ni de un empresariado de rapiña que busca satisfacer su propia acumulación. Los efectos, enmarcados en estos intereses, se encuentran lejos de ser populares y menos de ser amigables con el medio ambiente. La cesión de las tierras a grupos empresarios va en la línea de favorecer la acumulación privada de tierras fiscales y propiedades comunitarias. No es un choque a cualquier desarrollo sino que no existen garantías bajo los intereses que se proponen como primeros que son el lucro y el acaparamiento privado.

Rechacemos la acumulación privada sistemática y masiva de terrenos y la especulación inmobiliaria y comercial y apuntemos a la satisfacción de las necesidades sociales del pueblo mendocino harto golpeado.

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