La Mina Veladero de la provincia de San Juan es la más grande del país, y está ubicada a casi 4.000 metros de altura en zona periglaciar. Explotada por una sociedad entre la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, lleva generados más de 15 derrames tóxicos con metales pesados -entre ellos el mercurio que tiene la capacidad traspasar la cadena alimentaria-, agua con cianuro y otras sustancias tóxicas. Cuenta, a pesar de ello, con el total respaldo del gobierno provincial y nacional, y recientemente el CEO de la Barrick declaró que proyectan seguir operando por 10 años más.

Su impacto ambiental es enorme, ya que se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera San Guillermo, comprometiendo su fauna y las características fisiográficas. La gravedad de esta explotación contaminante se aprecia mejor si consideramos que el agua es un recurso muy escaso en la región cuyana, y la subsistencia sólo es posible por el derretimiento de la nieve acumulada durante el invierno en los glaciares.

El derrame más grave ocurrió en setiembre de 2015, cuando más de un millón de litros de agua cianurada (según la empresa) fueron volcados en el valle de lixiviación y contaminaron varios afluentes del Río Jáchal. El pueblo de Jáchal se enteró de lo sucedido no por informes oficiales ni por comunicado alguno de la empresa, sino a través de alertas que enviaron los trabajadores de la mina a sus familiares: ''No tomen agua´´.

A pesar de que el Código de Minería establece que en caso de sucederse tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento minero (artículo 264, inciso E), Veladero sigue operando con total impunidad gracias a las garantías que le ofrecieron los gobernadores José Luis Gioja y Sergio Uñac.

Este saqueo es reivindicado como un “modelo” por Alberto Fernández, quien conchabó para el área justamente al exministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel. Es la política que impulsaba la modificación de la ley 7722 en Mendoza y de la ley 5001 en Chubut para habilitar nuevas zonas a emprendimientos mineros, que fue rechazada por grandes movilizaciones populares. En esa línea, tras solo dos semanas de cuarentena fue decretada como actividad esencial la producción, distribución y comercialización minera, cuando según datos de la Secretaría de Política Económica se destina el 53% de su extracción a joyería, y otro 39% a atesoramiento en el Fondo Monetario Internacional y los Bancos Centrales de las potencias mundiales.

En respuesta a esta complicidad estatal es que los habitantes de Jáchal protagonizaron verdaderas puebladas, y hace cuatro años y medio que la Asamblea “Jáchal No Se Toca” levantó una carpa frente a la Municipalidad. Uno de los integrantes de la Asamblea nos cuenta que “el año que viene tendría que comenzar el cierre de la mina, pero se está modificando lo que estaba en el informe de impacto ambiental. Todavía no tenemos los resultados de los análisis del agua del Río Jáchal de este año, y para colmo desde que empezó la cuarentena no se volvieron a realizar análisis; no tenemos forma de enterarnos si hubo nuevos derrames en estos últimos meses”.

“Estos grandes depredadores ambientales no tienen intenciones de parar y no lo harán hasta contaminar el último acuífero de agua pura que le queda a Jáchal, el acuífero Huachi. Nosotros necesitamos tener el agua del río en condiciones para cultivar nuestras tierras y criar ganado”, concluyen desde la Asamblea. 

Agreguemos que Veladero sigue funcionando porque no se cumple la ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. Esto, a pesar de que la Corte Suprema de la Nación debió rechazar el planteo de inconstitucionalidad antepuesto por la Barrick. El lobby contra una normativa de protección de los glaciares y periglaciares incluye a la burocracia sindical de Aoma, y fue lo que incentivó en su momento el veto de Cristina Kirchner  cuando fue sancionada por primera vez.

Por eso nunca fue elaborado el Inventario Nacional de Glaciares, y se determinó no contemplar los glaciares descubiertos y cubiertos por detrito, manchas de nieve y glaciares de escombros con superficies menores a una hectárea. Ello no permite conocer la situación ni superficie exacta de los glaciares y de los ambientes periglaciales, lo cual es esencial para la planificación estratégica, la protección ambiental de la criosfera y preservar fuentes de agua de gran magnitud.

Ahora, el pulpo minero se propone conseguir la habilitación para explotar Pascua Lama, en la frontera con Chile, para lo cual ya están trayendo una línea eléctrica desde el país vecino, y construyendo una pista de aterrizaje para seguir con el contrabando de metales preciosos dentro de los lingotes de metal doré.

Por eso planteamos el cierre de la mina Veladero, preservando todos los puestos de trabajo para la remediación de los pasivos ambientales, a cuenta de la empresa. Solo el control obrero y de las comunidades afectadas por los emprendimientos mineros podrá, de la mano de técnicos y universidades -al servicio de las necesidades de los trabajadores y no de las mineras- explorar formas menos contaminantes de desarrollar la extracción de minerales. Reclamamos que se incorporen todos los cuerpos de hielo al Inventario de Glaciares y que los emprendimientos no prohibidos cumplan con evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica realizadas bajo fiscalización de representantes de los trabajadores y los habitantes de las localidades afectadas, con poder de veto.