La explotación minera en la provincia de Chubut es la historia de la pugna entre gobiernos nacionales, provinciales, los más diversos lobbies imperialistas y las organizaciones que luchan contra la penetración del capital minero, su respectivo saqueo y los pasivos ambientales  que implican determinados métodos de explotación.

Hace pocos días Macri emplazó en Buenos Aires a variados actores de la política de Chubut. El objetivo: “abrir el debate” en la legislatura provincial en relación a la minería. Los convocados fueron legisladores provinciales de todas las fuerzas patronales (FPV, Cambiemos-UCR, y Chubut Somos Todos, el partido del fallecido Das Neves), intendentes de la meseta patagónica y dirigentes gremiales de la burocracia petrolera, como el “Loma” Avila (Privados) y José Lludgar (Jerárquicos).

Pero es desde febrero de 2018 que comenzó a escribirse el primer capítulo de esta nueva intentona, es decir, la presión del gobierno macrista y sus lobistas con el objetivo avanzar en la “zonificación” de la meseta chubutense, que va desde la cordillera de los Andes a la costa atlántica, una extensión rica en plata y uranio, fundamentalmente. Esta iniciativa contó con la presencia in situ del ex ministro de Energía Juan José “tarifazo” Aranguren, que se acercó a la localidad de Telsen para cerrar filas con los intendentes pro-minería de la meseta. El difunto gobernador Mario Das Neves, se había declarado tajantemente en contra de esta tentativa, su sucesor, Mariano Arcioni, se ha mostrado más permeable: se atiene a la normativa vigente pero está “de acuerdo con que se den los debates”.

La zonificación como ariete

La “zonificación” de la explotación minera (es decir, establecer según la legislación vigente “dónde sí y dónde no”) en la meseta chubutense se desprende del Artículo 2 de la Ley provincial 5001 (ahora llamada XV-N°68) sancionada en 2003, gracias a la lucha de localidades cordilleranas como Esquel y su célebre “No a la mina”. La Ley 5001 prohíbe “la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”. Pero a su vez el famoso Artículo 2 establece “la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso y la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida”. Este es el resquicio jurídico a través del cual el gobierno nacional y los capitales mineros quieren modificar la actual relación de fuerzas.

Recientemente, se ha conocido el pronunciamiento de un sector de científicos y técnicos autoconvocados agrupados en torno al CENPAT (Centro Nacional Patagónico), dependiente del CONICET: ”No hay debate sino imposición de un proyecto extractivo contrario a las mayorías, que se vale de la extorsión a sectores postergados de la provincia. (…) De aprobarse la zonificación, las empresas extranjeras obtendrán grandes ganancias que remitirán al exterior, tributando regalías de miseria y dejando pasivos ambientales difíciles de medir por organismos de control municipal, provincial y nacional, desfinanciados  y con poco personal técnico”.

Dicho pronunciamiento se desprende del Manifiesto del III Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad, realizado a mediados de octubre, que a su vez, exigió la renuncia del Secretario de Ciencia y Tecnología  Lino Barañao y el presidente del CONICET, Alejandro Ceccato.

Por otro lado, los proyectos que se barajan en la legislatura chubutense son tres: 1) El de un puñado de intendentes de la meseta presentado por los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli, del bloque Convergencia, directamente redactado por la Cámara de Empresas Mineras y el Gobierno nacional, y establecería una zonificación de la actividad, otorgando el 64 por ciento del suelo chubutense como área de sacrificio. 2) El presentado por Javier Touriñán del FPV que plantea una consulta popular vinculante simultánea a las elecciones generales del 2019 y 3) El del Chubut Somos Todos (Chusoto) impulsado por el diputado Alejandro Albaini, que directamente busca prohibir en Chubut la megaminería metalífera con la utilización de cianuro y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa para el ambiente o la salud. También impide la explotación de minerales nucleares tales como el uranio, el torio y el plutonio.

El “Vaca Muerta de uranio” y el Plan Navidad

Vasily Konstantinov, CEO de la empresa rusa Uranium One Group, sostuvo en enero de 2018 que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio”. Lo dijo en el marco en el marco de la visita oficial de Macri a Rusia, donde el canciller Jorge Faurie firmó, en representación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la Argentina; junto al mencionado CEO ruso y Omar Adra, Presidente de UrAmerica Argentina S.A. La inversión prevista sería de 250 millones de dólares, y estima la generación de unos 500 puestos de trabajo. En su momento, funcionarios provinciales declararon desconocer el contenido del acuerdo, a quienes jurídicamente les compete el uso de los recursos naturales. Según un informe anterior presentado por el ex ministro Aranguren en 2016, hay posibilidades de explotación en seis yacimientos nacionales, cuatro de los cuales están localizados en Chubut, uno en Mendoza y otro en Salta. Todos esos yacimientos uraníferos concentran 31.675 toneladas de mineral, que hoy día cotiza a 27,85 dólares la libra, precio internacional que continúa en alza desde mayo. Entre los yacimientos chubutenses figuran “Cerro Solo” (el segundo más importante del país tras Sierra Pintada en Mendoza) y el de “Los Adobes”, en el departamento de Paso de los Indios, adjudicada en abril de 2009 vía Boletín Oficial a la canadiense Mega Uranium, por el gobierno de Cristina Fernández, en el marco del Plan Nacional Nuclear, lanzado en 2006.

Por otro lado, hacia fines de 2016 la canadiense Pan American Silver anunció a Macri inversiones por 1000 millones de dólares en el marco del llamado “Proyecto Navidad” (se denomina así porque los resultados científicos se conocieron un 25 de diciembre), sobre una mina de plata que según estudios, es la más grande del planeta. Está ubicada en la localidad chubutense de Gastre, con una extensión de 10.000 hectáreas y es propiedad de Panamerican Silver Argentina desde 2010. La empresa ha asegurado una producción de 22 millones de onzas de plata al año. Según los informes del mismo Aranguren el Estado provincial se llevaría 13 millones de dólares anuales, lo que equivale tan sólo al 4% de las regalías petroleras percibidas en 2017, el gobierno nacional recaudaría 41 millones de dólares al año. Según el Acuerdo Federal Minero firmado por el macrismo en junio de 2017, las empresas extractivas deberán dejar en concepto de regalías tan solo el 3% de lo que facturen por la comercialización de los minerales (a lo que se suma un 1,5% de un Fondo Provincial de Infraestructura para obras de control ambiental), esto mientras el yacimiento contenga mineral y con la preservación de las condiciones fiscales por períodos de 30 años, de acuerdo a lo que establece la Ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993.

Salida

Tanto los números que se manejan con la legislación vigente en conceptos de regalías, así como el hilo conductor que se advierte entre todos los gobiernos en relación a una política extractivista en favor del gran capital extranjero minero, ponen sobre el tapete cuestiones de fondo que exceden un “service” legislativo o una estrategia defensiva en el marco jurídico actual, completamente dominado y regulado por las instituciones del Estado capitalista, muy activo y presente a la hora de garantizar este saqueo nacional. Bajo este sistema capitalista de explotación y depredación, no existe posibilidad de un desarrollo productivo en favor de las grandes mayorías populares sin la inmediata nacionalización de todos los recursos naturales, la producción bajo control obrero, la consulta de comités científicos y la participación activa de las asambleas ambientalistas, hasta ahora, vanguardia en la lucha contra la profundización del modelo extractivista en Chubut. Tarea que podrá discutirse como punto en una Asamblea Constituyente, libre, soberana y con poder encargada de sustituir este régimen perverso y corrupto que perpetúa desde siempre el saqueo de los recursos naturales en favor de las camarillas capitalistas locales y las grandes multinacionales imperialistas en detrimento de la mayoría laboriosa del país.

No a la megaminería contaminante

Como antecedente en la provincia tenemos lo dejado por los monopolios petroleros y pesqueros, que se han servido generosamente de la riqueza provincial durante décadas dejando la situación que tenemos hoy.  Pero de cara a esta crisis, ahora nos quieren someter a una extorsión: Macri y Arcioni condicionan cualquier salida a que la provincia le otorgue vía libre a la megaminería contaminante. Para ello, preparan la derogación de la ley 5001, que fue arrancada por la dura movilización de los pueblos de Esquel y la cordillera contra los pulpos mineros. Denunciamos este chantaje y ratificamos nuestro compromiso con la lucha contra los contaminadores capitalistas.