Las comunidades mbya Kaá Kupe, Yvy Chy y Koé Ju ubicadas en Campo Grande, en la zona centro de la provincia de Misiones, vienen denunciando el desmonte ilegal por parte de la empresa Carba S.a.c.i.i.a.

En el último mes, la compañía extrajo madera nativa de territorio relevado bajo la Ley 26.160 sobre Emergencia Territorial Indígena –que, si bien no otorga la titularidad de las mismas a las comunidades originarias, obliga al Estado como a particulares a consultarles por cualquier tipo de emprendimiento que se quiera realizar en dichos territorios.

El conflicto con Carba se viene arrastrando desde el año pasado cuando, en una mesa de consulta totalmente arbitraria, el ministro de Ecología de ese entonces, Juan Manuel Díaz, rechazó la propuesta alternativa propuesta por las comunidades y otorgó el permiso de “extracción selectiva de madera nativa” a la empresa (que figura en el rubro de cantera, con lo cual cabe preguntarse cuál sería el negocio de dicha empresa con el Estado). Un mes después lo sucedía al frente del ministerio Mario Vialey, también del partido de la Renovación, también con la misma política.

Las comunidades presentaron ante la resolución ministerial un recurso jurídico, pero la Justicia directamente se abstuvo de intervenir hasta que comenzó la feria administrativa de fines del año pasado. A fuerza de poner el cuerpo a las máquinas, a fines de enero, miembros de la comunidad habían frenado el primer intento de la empresa de tala. A todo esto, el flamante ministro declaraba que el reclamo presentado por las comunidades se había traspapelado durante el cambio de gestión (El Reportero, 22/05), como si se tratara de bloques políticos diferentes.

Recientemente Carba retomó las tareas de desmonte y finalmente logró extraer ejemplares de muy antigua data, prácticamente invaluables e irrecuperables, además de lo que implica que las máquinas se abran camino en el monte.

Vialey finalmente ha salido sin tapujos a favor de la empresa, diciendo que su actividad se rige según la Ley de Bosques. Una ley a la que la provincia adhirió en 2010 sin tener en cuenta criterios de sustentabilidad, más que nada para acceder a beneficios económicos, y frente a lo cual organizaciones ambientalistas han señalado la necesidad de ampliar las zonas de conservación, para que no solo se limiten a los Parques, y la revisión de las “zonas amarillas” (categoría que permite el desmonte en forma sustentable).

En la legislatura provincial, ningún diputado dijo “esta boca es mía” con respecto al conflicto en curso, y se limitaron a votar por una ley que prohibiría el uso de bolsas de plástico -una medida totalmente cosmética que ni siquiera aporta mucho al problema del tratamiento de la basura.

El gobierno misionero se pinta de verde ecológico mientras que su prioridad estuvo y está en alimentar el negocio de los megaemprendimientos hoteleros, como fue el caso de la instalación del Falls Iguazú Hotel sobre grandes extensiones de selva (reserva Iriapú).

Es necesario el cese del desmonte indiscriminado, el relevamiento total de territorio indígena, la entrega de títulos de propiedad, y poner en marcha un plan de reforestación planificado y discutido con comunidades mbya, organizaciones ambientales independientes y trabajadores guardaparques.