Por vías directas e indirectas, Monsanto-Bayer y sus socios gubernamentales y mediáticos se han lanzado a una campaña de promoción del glifosato. Se trata de una respuesta al sacudón producido por el fallo reciente de un jurado californiano, que obligó a la corporación a pagar 289 millones de dólares a un jardinero escolar con un cáncer terminal, producido por su exposición a productos de Monsanto con el herbicida –lo que, en vistas de las miles de demandas similares pendientes, fue sucedido por una caída abrupta de las acciones de Bayer, el reciente adquisidor del gigante agroquímico.

LEER MÁS: El fallo contra Monsanto y los gobiernos del glifosato

La campaña mediática de la empresa tuvo su expresión local a través de los tweets promocionados (publicidad) en estos días de la cuenta @noticiacompartida, por los que se difundía a miles de usuarios un artículo publicado en Clarín en mayo pasado con el título “El glifosato es seguro” (23/5), en el que el profesor de biotecnología valenciano José Miguel Mulet se lamenta de que “la campaña anti glifosato sólo busca réditos políticos para los ambientalistas”. En Francia, donde se amenazó la continuidad de sus productos, Monsanto recibió elogios en un reciente artículo de Guy Sorman, un fanático panegirista del capitalismo que en el pasado fungió de asesor del derechista Jacques Chirac.

A su vez, fuentes del Ministerio de Agroindustria y del Senasa señalaron que la condena norteamericana “no cambia en absoluto la etiqueta de ‘inocuo’ que el Gobierno le asigna al herbicida” (Iprofesional, 20/8). Del compromiso profundo de este gobierno, y de sus antecesores kirchneristas, con las corporaciones agroquímicas, ya ha dado sobradas notas Lino Barañao, quien dijo del glifosato que “es como agua con sal” –y cuya servidumbre a Monsanto explica en buena medida su permanencia en Ciencia y Técnica en ambas gestiones. Los suelos agrícolas del país están regados con glifosato: algunos estiman que sus variedades alcanzan más de 200 millones de litros utilizados por año, mientras que otros apuntan 320 millones (un 80% de todos los plaguicidas aplicados) (ídem). El negocio de Monsanto no está solo en los productos con glifosato –cuya patente venció en 2000, y también producen otras empresas como Syngenta, Dupont, Dow y varias firmas locales– sino la colocación de las semillas resistentes al mismo, por cuya patente se traban poderosas disputas.

En el artículo publicado por Clarín se sostiene que “no se han demostrado” los efectos nocivos del glifosato, lo que no solo desconoce el sinfín de denuncias del lobby de Monsanto sobre las agencias científicas nacionales y supranacionales –que fueron ratificados por el jurado norteamericano– y el hecho de que casi todas ellas basan sus informes en los datos proporcionados por la propia empresa. Ante todo, omite un extensísimo corpus científico: una reciente recopilación denominada “Antología toxicológica del glifosato”, accesible en la web, recoge 830 trabajos académicos (locales e internacionales) que dan cuenta del impacto negativo de este en la salud humana y de otras especies. Allí se señala que “no es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad” (Página12, 20/8). Más de un centenar de investigaciones se centran en los efectos cancerígenos, mientras que 336 muestran su impacto negativo en la biodiversidad. El corpus muestra también un rendimiento decreciente que obliga a utilizar cada vez más glifosato (en Argentina, se pasó de tres litros por hectárea en 1996 a quince en la actualidad).

Este tipo de denuncias han sido la base de una movilización popular en numerosos puntos del país, donde la fumigación con el herbicida llega a contaminar barrios y escuelas –como sucede en varios pueblos y ciudades de Santa Fe.

Monsanto ha librado, con la colaboración de sus aliados gubernamentales, una campaña en defensa de sus actividades criminales largamente denunciadas, y puestas de nuevo en la mira por el fallo en Estados Unidos. Las organizaciones populares tienen la oportunidad de utilizar este precedente para cimentar su lucha y plantear un programa de salida a la devastación en curso, sobre nuevas bases sociales