Primero tomo estado público la valiente lucha de la gremial docente entrerriana cuando alzó la voz de protesta frente a las pulverizaciones con agrotóxicos sobre las escuelas rurales; mediaron dos apelaciones desde el gobierno provincial y los productores agrícolas y en ambas la justicia las rechazó. Incluso Macri en una de sus visitas fustigó abiertamente esta decisión judicial, argumentando la baja en la producción que significaba agrandar la zona de restricción, sin importar los costos en salud humana.

La gobernadora Vidal continúo esta cruzada en Buenos Aires con la resolución 246-MAGP-18 que entró en vigencia el 1º de enero, y en menos de un mes fue desactivada por las enormes presiones que se suscitaron. No obstante aún no hay una legislación que proteja a las escuelas rurales, sus alumnos y docentes de esta problemática.

El sábado 8 acaba de fallecer de cáncer una luchadora docente Ana Zabaloy.  Quien durante seis años al frente de la escuela N° 11 de San Antonio de Areco sufrió los perjuicios de las pulverizaciones en los campos limítrofes a su escuela y fue una incansable luchadora por proteger a sus alumnos y a la comunidad de la región. Padeció constantes pulverizaciones en horario escolar, en una de esas ocasiones el agrotóxico con que la rociaron fue 2,4 D (herbicida muy tóxico) lo que le provocó una parestesia facial hasta insuficiencia respiratoria.

Integró la Red de Docentes por la Vida luego de advertir, en carne propia, que las fumigaciones en los alrededores de las escuelas afectaban de manera directa a la comunidad educativa. En una carta pública decía: “Nadie nos los contó, no lo leímos en ningún diario, nos pasó, lo vivimos, como una cotidianidad inevitable. Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo”. "La realidad es que en esta lucha hay unos grandes ausentes: en primer lugar las autoridades de la dirección general de escuelas, a las que parece no importarles que tantos niños en nuestro país junto a sus docentes sean fumigados como insectos durante las horas de clases, afectando claramente sus derechos a desarrollarse y a educarse en un ambiente sano, lejos de cualquier agresión física", añadía y concluía con la frase: "Paren de fumigar las escuelas y poblados rurales. Paren de enfermarnos. Paren de matarnos”.

Al igual que en todo el país, en la provincia existen cientos de denuncias realizadas por poblaciones afectadas, por asociaciones/ONGs que reclaman controles más estrictos y regulaciones para el uso de estos agroquímicos, basándose en evidencias médicas contundentes sobre la enorme cantidad de enfermedades que se registran entre las poblaciones del medio rural. Al igual que en San Antonio de Areco, Chivilcoy y en otros puntos de la provincia este problema está muy vigente.

Lo que busca el gobierno provincial -en línea con la política de Nación- es favorecer a las grandes empresas productoras y a las cámaras de empresarios agrícolas, a costa del deterioro de la salud de los más de cinco millones de habitantes rurales y del medio ambiente provincial. Es preciso reducir al mínimo los peligros y riesgos que supone la utilización de agroquímicos para la salud y el medio ambiente, adoptando lo establecido en el Proyecto de Ley del Diputado Guillermo Kane (PO en el FIT) de Regulación de la utilización de productos químicos y plaguicidas (D 3330/18-19) que establece que en las zonas donde existan establecimientos educativos rurales debe efectuarse la aplicación de productos agroquímicos y/o plaguicidas, con equipos de aplicación aérea y/o terrestres, a partir de los cuatro mil ochocientos (4800) metros, del perímetro del establecimiento educativo y fuera del horario de clases debiendo comunicar al establecimiento el día y horario en que se realice la aplicación.