Ante la demanda de la comunidad de Navarro exigiendo la potabilidad del agua de consumo, el director de Ambiente Miguel García dio una respuesta que nos llena de preguntas y aumenta la preocupación, dado que existen abismales contradicciones en sus dichos (sin pruebas científicas apreciables de los datos que se exponen).

El director de medio ambiente del Municipio dijo que la contaminación del agua del distrito la reconocen hace años, habla de estudios que supuestamente se realizan, pero no son públicos. Sostuvo que piensa trabajar con Gustavo Ramírez, fundador de la Ecovilla Gaia, quien fue expulsado de la misma y tiene causas judiciales por estafa.

La pobladores de esta Ecovilla del interior de Navarro (comunidad rural basada en la permacultura, es decir en un desarrollo sustentable de sus viviendas y hábitat) sacaron un comunicado alertando sobre el impacto de las fumigaciones, recordando incluso la proximidad que tuvo el estallido de un galpón de agrotóxicos en las afueras de Mercedes hace unos años atrás. Hecho que si bien tuvo relevancia en los medios nacionales, ha tenido un gran cerco mediático en nuestra ciudad.

Miguel García se desembaraza de los impactos del agronegocio en el agua potable, manifestando que este es un problema regional y no meramente local. De este modo, ningunea la responsabilidad política de la crisis del agua en la provincia del gobierno de Kicillof y organismos a su cargo como son la Autoridad del Agua (ADA) y el corrupto OPDS.

También ningunea la organización de los docentes que desde distintos puntos de la provincia vienen exigiendo que los Consejos Escolares incluyan agrotóxicos en su rutina de análisis de agua y que han presentado los pedidos correspondientes desde el movimiento “Por Agua Limpia en las Escuelas”, contra el silencio de radio que hacen burocracias sindicales docentes como el SUTEBA lista Celeste de Baradel, entre otras.

Miguel García, por esta presión, promete estudios en la cuenca del arroyo las garzas y en algunas escuelas puntuales, ya que reconoce que varias escuelas rurales no tienen agua potable debido a la contaminación. Pero nada dice de los valores arrojados por el estudio del Inta de esta misma cuenca ni del carácter público que deberían tener, ya que se trata de la salud de la población.

Por el contrario, manifestó que las industrias “tratan el agua relativamente bien”, que el agua de Navarro “está en condiciones de ser consumida”.

Por último, dijo que los niveles de arsénico están por debajo de los niveles permitidos a la vez que reconoce el aumento de la presencia de dicho mineral. ¿En qué quedamos, entonces?

A su vez, Germán Denegri, gerente de la cooperativa local de suministro de agua de red a la población urbana local (CoPesna), reconoce que no se realizan estudios para detectar agrotóxicos, tampoco manifiesta al igual que Miguel García tener voluntad alguna de hacerlo. Y focaliza en la contaminación del agua por arsénico, exponiendo que los niveles están muy por sobre los parámetros permitidos por el código alimentario.

El gerente de CoPesna inclusive reparó en que las plantas para extraer el arsénico de la red (y que no llegue a las canillas de los hogares) están construidas hace 2 años y se están deteriorando porque jamás se puso en funcionamiento por falta de recursos de las gestiones. Se trata de 2 plantas de osmosis inversa, que el gobierno de la provincia bajó y que prometían 50 m3 por hora de capacidad.

Este hecho fue reconocido por el mismo Denegri. Al igual que los niveles de arsénico en agua de Navarro: 0,09 mg/L, cuando lo esperable debe ser 0,01 si hubiese planta de osmosis inversa y 0,05 sin planta. Estas diferencias en los valores pueden parecer pequeñeces ante la mirada desprevenida del pueblo trabajador, pero estamos hablando de que Navarro está por casi el doble de lo permitido por el código alimentario para consumo humano en agua de red.

En conclusión, no se realizan estudios para detectar la presencia de agrotóxicos mientras se sabe de sobra que los niveles son siderales en nuestra cuenca (40 veces por sobre lo permitido, fuente Inta) y que los niveles de arsénico que está consumiendo la comunidad son casi el doble a lo esperado, como reconoce CoPesna y el municipio niega.

Por todo esto, alertamos a la comunidad, cuyo derecho al acceso de un servicio esencial para la vida como el agua potable se ve vulnerado en plena pandemia, cuando ya se plantea la posibilidad de una tercera ola de Covid. Y llamamos desde Tribuna Ambiental y desde el Partido Obrero en el FIT-U a los vecinos afectados a organizarse junto a la Asamblea Navarro Ambiental y en unidad con los damnificados del interior rural de nuestra localidad, para exigir estudios cuyos resultados sean de carácter público y con control de una comisión independiente de vecinos, profesionales de la ciencia, la salud, ambientalistas y trabajadores de la educación, para fiscalizar así la transparencia de los mismos.
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