Por la tarde del 3 de mayo, a solo 24 horas de que el gobierno nacional conformara una Mesa de Minería para buscar “consensos”, la policía catamarqueña reprimió a los vecinos de Choya, que desde hace dos meses realizan cortes selectivos sobre los caminos comuneros para impedir que sigan adelante los trabajos ilegales de la mina Mara en Andalgalá.

Los vecinos de la asamblea Aguas Claras denuncian que la mina contamina los ríos de la zona, ya que los sedimentos terminan en los cauces y afectan el agua que consumen las poblaciones y las actividades agrícolas.

Esta nueva represión del gobierno peronista de Raúl Jalil dejó varios heridos, y la detención por dos días de Karina Orquera. En ese tiempo se realizaron concentraciones frente a la comisaría de Andalgalá y frente a los Tribunales de la localidad hasta que Karina fue liberada, e incluso hubo movilizaciones en la capital provincial y ante la Casa de Catamarca en la Ciudad de Buenos Aires.

A quienes concurrieron al hospital les negaron atención médica, por orden del gobierno. Media docena de vecinos fueron imputados por “lesiones leves, daños y atentado a la autoridad agravado”, al igual que Karina. Esta persecución judicial contrasta con la impunidad de las mineras, incluso cuando desarrollan sus actividades en la ilegalidad como la china Yamana en Mara.

El gobierno nacional otorga un respaldo político a los gobernadores para avanzar con emprendimientos que son resistidos por sus consecuencias irreversibles sobre la calidad de vida y las actividades económicas de las que dependen las comunidades. Esto quedó más claro con el comunicado de los diputados del Frente de Todos que acusa desmanes de “un sector minoritario” y justifica la represión, intentando aislar a los pobladores de Andalgalá. Es una canallada que revela la defensa oficial al lobby de las mineras.