Desde el oficialismo porteño vuelven a impulsar un proyecto que busca la construcción de un barrio de lujo en la exciudad deportiva de Boca. En el pasado ya se habían presentado iniciativas similares. 1(referencia al final)

Como rememora un estudio del arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría [1], el comienzo de la entrega de este predio por parte de la Ciudad de Buenos Aires se en 1965 cuando el Congreso nacional aprueba una ley autorizando al Poder Ejecutivo Nacional (entonces encabezado por Arturo Illia) a donar 40 hectáreas a ser rellenadas en el Río de la Plata con el fin de construir una serie de edificaciones con fines deportivos: un estadio para 140.000 personas, canchas de tenis, básquet, piletas, entre otras. En esta misma ley se establecía que el club no podría enajenar el inmueble y que si la institución completaba la realización de dichas obras el terreno pasaría a formar parte de la Municipalidad porteña.

Más adelante, en 1979, el intendente de facto Cacciatore dictó una ordenanza municipal reconociendo el incumplimiento de la construcción pero prorrogando los plazos y eliminando la obligatoriedad de la construcción del estadio, siendo que debían construirse pistas de patinaje, canchas de tenis, básquet, volley, etcétera. El plazo prorrogado quedaría fijado hasta diciembre de 1982 y una vez terminadas las obras se transferiría el dominio a Boca, siendo el terreno a transferir de hasta 59 hectáreas.

En 1982 Cacciatore da por cumplidas las obras, otorgando posesión legal y escritura de propiedad al club, a pesar de que las construcciones más importantes previstas no se habían llevado adelante. De todas formas, se mantiene el punto que prohíbe la enajenación del terreno, lo que sería modificado en 1989. Para ese año el Congreso nacional modifica la ley 16.575 de 1965 para permitir la enajenación del inmueble a terceros y aclarando que “podrán ejecutarse obras y desarrollarse actividades propias de un complejo balneario, náutico, turístico, hotelero y/o comercial, con disposición para centro de convenciones, ferias y/o centro habitacional”.

En 1990, a través de un decreto del poder ejecutivo nacional encabezado por Carlos Saúl Menem, siendo que solo el Congreso tiene potestad para votar leyes de esta índole, dona a Boca una parcela perteneciente al Estado nacional, haciendo que el total correspondiente al club ahora se ubique en 71,59 hectáreas.

Un año después, Boca vende el predio a Santa María del Plata por 22 millones de pesos/dólares (regía la ley de convertibilidad).Se trataba de un grupo de socios presidido por Juan Gerlach, que contaba con que la construcción de Puerto Madero que se estaba llevando adelante en ese tiempo subiera la cotización de las tierras en la Costanera Sur. Para 1992 una ordenanza municipal del intendente Grosso otorgó las normas urbanísticas que permitían la construcción de torres en el predio.

En 1995 el intendente Jorge Domínguez, también presidente de la Comisión Municipal de Vivienda, transfiere el dominio de dos terrenos que sumaban un total de 4,3 hectáreas más, que inicialmente estaban destinadas a viviendas sociales. El monto de las mismas era de 3,6 millones de pesos/dólares, y se dieron por canceladas por las obras realizadas por el club en las mismas.

Es en 1997 el holding IRSA compra las 71 hectáreas por 50,8 millones de dólares con vistas a los Juegos Olímpicos del 2004. Tanto el gobierno nacional como el de la ciudad aspiraban a que fueran realizados en nuestro país. “Si Buenos Aires es sede del evento, el desarrollo de esas tierras va a ser rápido”, planteaba Marcelo Mindlin, en ese momento vicepresidente de IRSA. Los terrenos serían destinados a la villa olímpica, que más tarde sería construida en el barrio de Lugano, para luego convertirse en un espacio residencial.

En 2002, ya frustrada la posibilidad de realizar los Juegos Olímpicos en el país, el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra presenta un proyecto enviado por la empresa Solares Santa María, controlada por IRSA, el cual fue rechazado masivamente en la audiencia pública para la evaluación del impacto ambiental presidida por la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente.

En marzo de 2007, Elsztain (presidente de IRSA) presenta nuevamente el proyecto de Santa María del Plata al entonces presidente Néstor Kirchner, proponiendo invertir 500 millones de dólares. Se planteaba que los constructores debían destinar la mitad del predio para parques públicos, bulevares y un paseo peatonal que bordee el terreno, con vistas a vender a 3.000 dólares el metro cuadrado.

En noviembre del mismo año, pocos días antes de terminar su mandato, un decreto de Telerman dicta las pautas para la elaboración de un convenio urbanístico para que IRSA pueda construir en el terreno, violentando la ley que fijaba que la Legislatura porteña debería autorizarlo. En diciembre, luego de un amparo presentado en la Justicia, fue resuelta la prohibición de construir en el predio hasta tanto se resuelva cuál de los dos poderes debe dictar las normas regulatorias.

Para 2010 Macri, como jefe de Gobierno, presenta ante la Legislatura un proyecto para la urbanización de la ex Ciudad Deportiva de Boca según un convenio firmado por el GCBA y Solares Santa María. Elsztain se presenta en la Legislatura ante la Comisión de Ecología, donde se plasmaron cuestionamientos. A fines de 2011 el PRO quedó a un voto de poder aprobar el proyecto. En 2012 el macrismo intentó reflotarlo nuevamente, poniendo a la cabeza a María Eugenia Vidal, en ese momento vicejefa de Gobierno, lo que no prosperó.

Los proyectos presentados por todos los gobiernos, de distinto signo político, nunca han tenido la intención de mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad. En todos los casos se deja de lado la problemática ambiental que conlleva la cesión de estos terrenos, ni se planteaban garantizar el acceso a la vivienda para los miles de inquilinos que no pueden pagar los alquileres. Buscaban la construcción de viviendas de lujo y complejos urbanísticos que sirvieran a las ganancias de los especuladores inmobiliarios.

La intención de reflotar nuevamente un proyecto de este estilo, como trascendió en las últimas semanas, encarece el precio del terreno en los barrios de las inmediaciones, subiendo los precios de los alquileres y expulsando a los trabajadores de la ciudad. La posibilidad de la construcción de un barrio náutico en la Costanera Sur, con las obras de dragado y aumento del nivel del agua para la entrada de embarcaciones, sería un riesgo de inundación para las familias que habitan la villa Rodrigo Bueno, lindero al predio. La privatización y la urbanización de uno de los pocos espacios verdes que quedan en la ciudad empeoraría la calidad de vida de la población.

Es necesaria la expropiación del terreno y su utilización para viviendas sociales, parques, centros culturales y deportivos públicos. Para ello planteamos que se forme una comisión que controle la asignación de dichas viviendas y la evaluación del impacto ambiental, compuesta por vecinos, agrupaciones ambientales y asociaciones urbanísticas, así como por docentes e investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

[1] Informe titulado “ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors: proyecto Santa María del Plata 1965-2012 + Casa Amarilla + Isla Demarchi 2009-2017”.

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