Ante un creciente cuestionamiento popular al uso de agrotóxicos por sus efectos nocivos sobre la salud de las personas y sobre el ambiente, que incluso logró algunos fallos judiciales por los perjuicios generados, el gobierno nacional anunció la creación de un Inventario sobre el Uso de Agroquímicos. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Perpetuar el actual método de rapaz del agronegocio.

La resolución fue comunicada por intermedio de Roberto Salvarezza (ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación), José Luis Basterra (de Agricultura, Ganadería y Pesca) y Juan Cabandié (de Ambiente y Desarrollo Sostenible). “La idea es iniciar esta convocatoria a toda la comunidad científica que trabaja en el área de evolución ambiental, para poder tener una primera aproximación al estado actual del uso de agroquímicos”, planteó Salvarezza, y agregó que “se comenzará con las acciones tendientes a coordinar y fortalecer las metodologías y capacidades de medición o estimación en el ambiente”.

Es decir que pretenden ignorar los estudios e investigaciones serias ya existentes, desconociendo las más de 800 publicaciones nacionales y muchas más de carácter internacional, incluidas las de la OMS, que son suficiente información acreditada sobre todos los agroquímicos en uso actualmente. Se habla de “comenzar” recién por evaluar metodologías, pateando hacia adelante cualquier resolución sobre la cuestión mientras los pooles de siembra siguen rociando los campos y las zonas urbanas aledañas con agrotóxicos. De hecho, lo más probable es que no se haga nada.

Vale rememorar que en 2008 la entonces presidenta Cristina Kirchner le encargó al Conicet presidido por Salvarezza, bajo la tutela del ministro -luego macrista- Lino Barañao, un informe sobre el glifosato. Se creó para ello un Consejo Consultivo Interdisciplinario de nueve investigadores, que finalmente produjeron un documento nefasto, inocuo, donde concluían que “en condiciones de uso responsable, el glifosato implica bajo riesgo para la salud humana y el ambiente”.

Más cerca en el tiempo, en 2018 bajo el gobierno de Macri, una cumbre los ministros de estas mismas áreas produjo un Manual de Buenas Prácticas Agropecuarias, que no era más que un conjunto de pautas cuya base bibliográfica son los propios folletos de cada una de las industria productoras.

El gobierno de Alberto Fernández sigue esa línea de continuidad, más todavía cuando sigue otorgando beneficios a las cámaras empresariales de la agroindustria con el objetivo de recaudar algo de dólares para cumplir con el repago de la deuda externa. En esta política se inscribe la aprobación del trigo transgénico HB4 resistente al glufosinato de amonio, un agroquímico 15 veces más dañino que el glifosato.

Lo que debe realizarse es exactamente lo opuesto. Para obtener un uso racional de agroquímicos, fertilizantes y otros plaguicidas hay que comenzar por regular y ordenar la aplicación de estos productos, estableciendo zonas de restricción contiguas a áreas urbanas, establecimientos educativos rurales, cursos de agua y zonas de producciones especiales, como medidas inmediatas en camino hacia la total prohibición de los agrotóxicos. Esa sería una política tendiente a minimizar los riesgos y los efectos ya comprobados sobre la salud de la población y el ambiente.

Las cientos de denuncias realizadas por poblaciones afectadas, por asociaciones, ONGs, que reclaman controles estrictos y regulaciones se basan en evidencias médicas contundentes sobre la enorme cantidad de enfermedades en las poblaciones del medio rural.

Docentes de las universidades de Rosario y Córdoba que relevaron poblaciones de menos de 10.000 habitantes registraron incrementos en la ocurrencia de enfermedades como el cáncer, con una media de 397,4 casos sobre 100.000 pobladores (2013), cuando la media en todo el país era de 217 -casi la mitad. También detectaron que la tasa de mortalidad por cáncer en poblaciones rurales estudiadas es de uno cada 2/2,5 muertes totales, mientras que ese mismo promedio en grandes ciudades es de un muerto por cáncer cada 5. Lo mismo puede decirse de enfermedades endócrinas (hipotiroidismo), trastornos reproductivos (malformaciones), trastornos generales del desarrollo (autismo), trastornos neurológicos (parkinson y alzheimer), o daños renales e insuficiencias hepáticas.

Es preciso entonces reducir al mínimo los riesgos que supone la utilización de agroquímicos, tendiendo hacia su total eliminación. Por ello es necesario disponer de la ciencia y la tecnológica para maximizar la prevención, autorizando o limitando prácticas y/o prohibiendo o reglamentando su uso, teniendo en miras la vulnerabilidad de la población y no tan solo el perfil toxicológico del riesgo que implica su utilización. Pero esas herramientas son puestas hoy al servicio de la ganancia capitalista, y en el caso del gobierno de Alberto Fernández en particular se implementan en función de un plan fondomonetarista de saqueo del país.