A pocos días de las infames y cínicas declaraciones del Presidente de la Nación acerca de la inocuidad de los agrotóxicos, aparece un nuevo fallo, esta vez en Pergamino, en contra de las fumigaciones.

Se trata de un fallo precautorio en lo que se conoce como el “núcleo sojero”, dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, que ordena prohibir las fumigaciones con agrotóxicos en 4 predios rurales lindantes a los barrios Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida. Y extiende la prohibición de fumigar vía terrestre a menos de 600 mts de las viviendas, siendo el límite actual 100 mts por ordenanza local 8126/14. Asimismo exhorta al municipio a proveer de agua potable y una nueva investigación que determine si el agua es apta para consumo humano o no. En la misma resolución judicial se ordena la intervención inmediata del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de brindar la asistencia necesaria para las personas que padecen enfermedades o sintomatologías presuntamente causadas por fumigaciones con agrotóxicos.

Los productos prohibidos son Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacroplid, Desetil, 2.4D y "de los siguientes formulados: Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax".

Este dictamen surge en el marco de una causa penal en la que se investiga la responsabilidad de fumigadores, productores sojeros y funcionarios públicos del Municipio de Pergamino implicados en la fumigación con agrotóxicos en las adyacencias de las viviendas. La causa cuenta con estudios realizados por científicos del Inta Balcarce y del Conicet, cuyos resultados arrojaron la presencia de 18 agrotóxicos en agua, en concentraciones mayores que los límites que establece la Unión Europea (Argentina no cuenta con estándares) para que esta sea apta para el consumo humano. Entre los encontrados están el Glifosato (y su metabolito AMPA),  2,4-D,  Atrazina (y sus metabolitos OH, Desisopropil y Desetil), Epoxiconazol y Triticonazol, ampliamente utilizados en todo el territorio argentino. Sin embargo, en un informe proveniente de la Autoridad del Agua de la Provincia (ADA), y cuya difusión fue financiada por el intendente Javier Martínez (Cambiemos) se contradice lo que afirman los científicos Damián Marino y Virginia Aparicio.

Falacias y vacío legal

Esto se transforma en una falacia si tenemos en cuenta que la ADA recurre a parámetros establecidos en una Ley derogada hace 16 años (la Ley 11.820). En Argentina no están establecidos los valores guías de calidad del agua para consumo humano en relación a residuos de los plaguicidas de mayor uso hoy en la agricultura industrial, con excepción del 2,4-D (Código Alimentario Argentino CAA, Ley nacional 18.284). Actualmente, el CAA no dispone de parámetros que indiquen la toxicidad de estos químicos. Es decir que por un lado el Senasa habilita los herbicidas para tratar alimentos, pero no existen estudios ni valores de referencia que permitan calcular cuál es la cantidad de estos tóxicos, altamente volátiles, que quedan depositados en el agua y el suelo, y en qué medidas se vuelven intolerables para el ser humano. Dicho de otra manera, cuando el Estado realiza un análisis de agua, no analiza la presencia de los agrotóxicos que utiliza el agro, e incluso si realizara, no tendría parámetros legalmente establecidos con qué compararlo. Y no es porque falten investigaciones científicas al respecto. 

Hace años se publican investigaciones científicas nacionales e internacionales en la que se demuestra los efectos cancerígenos, como disruptores endócrinos, y causantes de daños genéticos de estos elementos en poblaciones expuestas a fumigaciones. Por mencionar los trabajos de Andrés Carrasco, Damian Marino, Delia Aiassa, pero la lista es larga.

La organización de las vecinas

La resolución judicial es resultado de una incansable lucha que vienen dando las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, ante los problemas de salud que sufren con sus familias. Una de ellas, Sabrina Ortiz del Valle, se ha presentado como querellante junto con Naturaleza de Derechos, hecho que le ha costado persecuciones y amenazas. 

Las características del padecimiento se repite en cada pueblo envenenado: enfermedades cutáneas, respiratorias, abortos espontáneos, quistes, cáncer, malformaciones, alteraciones genéticas no hereditarias, alteraciones endócrinas, entre otras. En los últimos años, estas se han agravado en la población de Pergamino, afectando principalmente a los niños.

Actualmente el juez Villafuerte Rizo se encuentra a la espera de un nuevo informe por parte del área de Toxicología, del Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tome en consideración los resultados de los estudios de los científicos Marino y Aparicio. 

A meses del intento de las corporaciones de hacer pasar la modificación de la Ley de Semillas (también conocida como Ley Monsanto) que consolida el alimento como un negocio, continúan sumándose fallos y evidencia científica que dan cuenta de un modelo agroindustrial obsoleto, en el cual se privilegia el lucro por sobre la vida y la salud de la población. 

En este sentido, repudiamos los dichos del presidente, y convocamos a la organización independiente en defensa de la salud y la vida. Apoyamos la lucha y el pedido de las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, de que se tomen los parámetros establecidos por la UE para evaluar la potabilidad del agua, que se proyecte a 1000 mts la distancia de fumigación y la declaración de la emergencia sanitaria en los barrios fumigados de la ciudad. Basta de persecución por luchar.

 

Fuentes:

Comunicado de  Madres de  Barrios  Fumigados  sobre  el  agua  con  agrotóxicos  en  los barrios Villa Alicia,  Luard  Kayar  y  La  Guarida  de  Pergamino 

La justicia ordenó la suspensión de fumigaciones, provisión de agua y la intervención del ministerio de salud



FB: Madres de Barrios fumigados en Pergamino