La Justicia Federal avanzará en el procesamiento penal de dos exfuncionarios municipales de Pergamino encargados de supervisar la aspersión con agrotóxicos, y de tres productores rurales infringieron los límites fijados a estas fumigaciones en tres barrios de la periferia del partido: Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayard.

La Dirección de Ambiente Rural del municipio, encargada del control y cumplimiento de la ordenanza que establece que la aplicación de agroquímicos debe hacerse a 1.095 metros del ejido urbano para las terrestres y 3.000 metros para las aéreas, ha sido vaciada y desfinanciada por el jefe comunal Javier Martínez. El juez juez federal Carlos Villafuerte Ruzo determinó que hay elementos suficientes para dictar el procesamiento y el embargo por tres millones pesos del extitular Mario Daniel Tocalini y el exauditor Guillermo Nicolás Naranjo por incumplimiento de sus deberes de funcionario público en forma continuada.

El juez también procesó a Fernando Cortesse, Mario Roces y Victor Toribio, como coautores penalmente responsables penales del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos”, y se les fijó un embargo a cada uno de ellos por tres millones de pesos. Fueron procesados además José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini por delito ambiental con agroquímicos, y se ordenó el embargo por cinco millones de pesos a cada uno de los productores.

Las querellantes en la causa son Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco. Sabrina integra la organización Paren de Fumigar Pergamino, y también Naturaleza de Derechos, y junto a Alejandra, de Barrios Fumigados de Pergamino, luchan contra la utilización de agrotóxicos que producen cáncer y daños genéticos. Denuncian la falta de respuesta médica en los centros de salud pública y la complicidad del poder político con el agronegocio.

Sabrina tuvo que enfrentar la enfermedad de su familia producto de estas fumigaciones, y adempas fue amenazada de muerte en varias ocasiones, a tal punto que debió mudarse de su casa. Estudió derecho porque ningún abogado especialista quería tomar tomar su causa. Sabrina patrocina actualmente a una familia del Barrio Santa Julia, en la que madre, esposo y dos hijos tienen cáncer. Hay otros 54 casos de cáncer en cuatro manzanas de ese barrio, que fue incorporado en la causa judicial.

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Si bien el intendente Martínez se deshizo de sus funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural cuando quedaron implicados en la causa, pero nunca quiso recibir a las madres de Barrios Fumigados. No sólo desestimó las denuncias de los vecinos sino que declaró  que eran parte de una “politiquería”. Sabrina señala que el municipio no ejerció el poder de policía sobre una actividad antrópica de alto impacto ambiental que se realiza frecuentemente en la zona.

Posteriormente, el gobierno municipal intentó presentarse como querellante de la causa, con la evidente intención de desviar y contradecir los hechos, pero se le fue rechazada. El intendente es un reconocido lobbista de las entidades agropecuarias y de las corporaciones multinacionales de semillas Bayer-Monsanto y Syngenta, pero el entramado abarca todo el poder político. La secretaria de Salud, María Martha Perreta, negó que hubiera intoxicación por agrotóxicos.

La información científica para el sostenimiento de las denuncias fue brindada por el ingeniero químico Marcos Tomassoni, el investigador del Conicet Rafael Lajmanovich, la miembro del Comité Hospitalario de Ética María del Carmen Seveso, la doctora en ciencias biológicas Delia Aiassa, y los aportes de Medardo Ávila Vásquez, especialista en pediatría y neonatología, y Damián Marino, Investigador del Conicet.

Para determinar la toxicidad a que es sometida la población, el juzgado federal aprobó que se realice un estudio del agua por parte del personal de delitos ambientales y sea enviado a la sede del Inta en Balcarce, donde se consignó que no era apta para consumo humano. Esto ha dado lugar a debates con la Autoridad del Agua, que niega los resultados obtenidos. Los estudios advierten que el agua de la zona no debe siquiera estar en contacto con la piel de los seres humanos, mucho menos tomarla. En los tres muestreos que se hicieron en el transcurso de un año se encontraron 18 moléculas de agrotóxicos.

También fue comprobado que la sumatoria de las partículas contaminantes del agua son mucho más nocivas para los niños, pero también afectan a los adultos. Sabrina tiene 58 veces más de glifosato y ampa de lo que su cuerpo puede tolerar, su hijo de tan sólo 7 años 120 veces más de lo tolerable, y su hija 100 veces más. Todos padecen daños genéticos y problemas de salud crónica.

Ahora el juez obligará a realizar análisis de sangre y orina a los vecinos de los cuatro barrios afectados por las fumigaciones. La realización de los análisis fue votada por el Concejo Deliberante, por lo que estos debían ser ejecutados y financiados por la Municipalidad de Pergamino, atendiendo a una demanda que vienen efectuando las madres de Barrios Fumigados.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad hacemos un llamamiento al conjunto de las y los trabajadores para reforzar la lucha de los pueblos fumigados contra los pooles de siembra y las multinacionales sojeras, impidiendo la contaminación de pueblos enteros y la destrucción de los ecosistemas.

Fuera Monsanto-Bayer, Syngenta y todas las multinacionales de semillas y agrotóxicos. Por la creación de comités de trabajadores/as, profesionales y científicos con poder de veto sobre la producción contaminante y nociva. Involucremos al conjunto de las y los trabajadores para terminar con este régimen de depredación capitalista que embolsa fortunas a costa de la salud de las personas.

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