Ambiente
1/11/2021
Proyecto de Ley de Envases: otro acto de demagogia electoral del gobierno
Ninguna solución al tratamiento de los residuos y la informalidad laboral.
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El pasado jueves 28 de octubre se realizó el acto de presentación de un proyecto de Ley de Envases que motivó la movilización de una gran masa de cartoneros nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) que partieron del Obelisco y convergieron en el Congreso Nacional.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó el proyecto en Diputados, el cual al decir de los medios oficialistas promueve una “gestión ecológica de los envases”. Estaban presentes en el acto Máximo Kirchner, otros legisladores del Frente de Todos y los intendentes de Ensenada y Quilmes, Mario Secco y Mayra Mendoza respectivamente. “Esta ley viene a impulsar una actividad que va a generar empleo y dará dignidad a los trabajadores recicladores”, aseguró el ministro, quien puso de relieve que “nos va a servir como metáfora de esta discriminación inequitativa” y “va a generar aumento de trabajo en la economía circular y va a entrar en una cosmovisión donde las personas no sean más descartadas”.
Situación de los residuos y de los cartoneros
La mayoría de los países desarrollados tienen una ley de envases, como una forma de regular la generación de residuos urbanos que tienen su origen en la industria productora de bienes de consumo. En Argentina se presentaron en los últimos años varios proyectos, algunos generales como para cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional y otros para ciertos sectores industriales, pero ninguno fue sancionado. Sucede que una ley de estas características afecta a la industria, que define los envases de los artículos de uso masivo por consideraciones de marketing y de costos. Es decir la industria privilegia cuestiones estéticas para competir entre empresas en lugar de seleccionar los materiales de acuerdo a su posibilidad de ser degradados, reciclados o recuperados.
Por este motivo los rellenos sanitarios, o mejor dicho los sitios de disposición final de residuos, están repletos de plásticos, metales y otros materiales imposibles de degradar. Se estima que en nuestro país se genera un promedio de un 1,3kg de residuos por persona y casi la totalidad va a ser enterrado en sitios oficiales o arrojado en basurales “clandestinos” a la vista de los intendentes. Poco más de un 10% de los residuos domiciliarios es separado, generalmente por recuperadores urbanos y, previo tratamiento de limpieza, prensado, enfardado y vendido para ser reutilizado por la industria.
Los recuperadores de residuos son trabajadores sumamente precarizados y explotados, tanto los que dependen de un acopiador como los que están nucleados en cooperativas. Por ejemplo, un trabajador que arrastra un carro con bolsón blanco lleva en cada viaje 90 kilos de cartón y le pagan 15 $/kg. Se trata de un trabajo que no puede realizarse durante muchos años, tanto por los riesgos de la manipulación de residuos como por el esfuerzo para las articulaciones; y al perder la salud o la juventud la persona queda desprotegida, carente de seguro sanitario y de aportes jubilatorios. También se da el caso de que miles trabajan directamente en los basurales, absolutamente desamparados ya que carecen de herramientas, baños y están a la intemperie.
En el país se producen 50 mil toneladas de residuos diarios. La mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, y el resto en un relleno sanitario controlado por las autoridades municipales o interjurisdiccionales como el Ceamse. Alrededor del 20% de los residuos sólidos domiciliarios son envases posconsumo, es decir provenientes de la industria manufacturera.
En el sitio de disposición de residuos del Ceamse de José León Suárez, que sirve a alrededor de 30 municipios y CABA, operan 11 “plantas sociales” en lo que se denomina “Reciparque”. Allí trabajan alrededor de 700 recuperadores. La institución solamente provee la infraestructura edilicia y el equipamiento. Allí se procesan en total entre 15.000 y 19.000 toneladas por mes de residuos sólidos urbanos sin clasificar, y además se destinan los residuos separados en origen que provienen de los municipios de Morón, Vicente López, Hurlingham, San Isidro y Tres de Febrero, como también de generadores privados. Las “plantas sociales” o cooperativas informales se encargan de recuperar aproximadamente el 7% de los materiales.
¿El proyecto resuelve los problemas?
El proyecto propone que todo aquel que elabora algún producto envasado abone una “tasa de inclusión” de hasta el 3% del precio del producto (es más baja cuanto más reciclable sea el envase, entre otras variables). “Lo recaudado irá a programas que beneficien a los cartoneros, abrir nuevos centros de reciclado, fortalecer las cooperativas, incorporar a más trabajadores al sistema formal”. Además el proyecto propone la creación de un registro nacional único de recuperadores que agruparía a los cerca de 200.000 cartoneros que hay en todo el país (Pagina 12, 29/10).
Pero este mero proyecto de ley no va a solucionar los problemas ambientales y sociales ocasionados por los envases residuales. En cuanto tome estado legislativo hará su derrotero por las comisiones y tendrá la oposición de la industria y sus representantes en el parlamento. En caso de que se sancione la reglamentación y la implementación llevará mucho tiempo, pero es fácil advertir de antemano que con una tasa máxima del 3% no se van a resolver ninguno de los problemas ocasionados por los residuos autogenerados.
Para que la industria adopte los envases acordes a la protección del ambiente, es decir para que genere mínimas cantidades de residuos, se requiere una gestión de los trabajadores mediante la apertura de los libros de las empresas (para evidenciar costos y ganancias) y garantizar que los insumos utilizados sean biodegradables o reusables o reciclables.
Mientras tanto los trabajadores, ahora informales, tendrán que luchar por su reconocimiento como tales por parte de los municipios, es decir por pasar a formar parte de su plantel estable de las operadoras o de las jurisdicciones a cargo de los sitios de disposición y tratamiento, con plenos derechos laborales.
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