En una maratón que se llevó adelante la semana pasada, la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, recibió el día 5 de abril en Bariloche a los directivos de la empresa Fortescue Future Industries, quienes desarrollaron los aspectos técnicos del proyecto de hidrógeno verde a instalar en la costa atlántica rionegrina.

Al día siguiente el ejecutivo provincial presentó al bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro detalles del proyecto. Finalmente, el pasado 8 de abril, repitió la presentación con los bloques del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente Renovador.

El apuro deviene de la necesidad de aprobar entre gallos y medianoche la declaración de interés público provincial a la iniciativa privada presentada por la firma Fortescue Future Industries (filial de la australiana de igual nombre), para la realización de todas las obras de infraestructura necesarias para la generación de energía eléctrica renovable con destino exclusivo a la producción de hidrógeno verde. Pero no es la única urgencia, también se trata de aprobar una zona franca para tal fin y la creación de un ente que la administre, la “Corporación Punta Colorada”, por la zona donde se instalaría la planta de hidrógeno verde.

La empresa que hace poco tiempo anunciaba poder entregar la primera producción en el año 2024 o 2025 a más tardar, ha postergado dicha entrega para el año 2026, es decir, dentro de cuatro años en el mejor de los casos.
El apuro y el raid de “convencimiento” legislativo de la oposición es una política de shock, de hechos consumados que no permitan un desarrollo de la resistencia popular en la medida que se conozca a fondo una evidente entrega de recursos fiscales.

Es que bajo la excusa de tierras para generar la energía renovable que alimente la planta de producción de hidrógeno verde, la empresa reclama “la cesión y uso de tierras fiscales para ejecutar el proyecto de hasta 625.000 hectáreas fiscales provinciales”(Diario Río Negro, 10/4/2022). Semejante superficie entregada en “cesión y uso” (si la provincia las vendiera a la empresa violaría legislación vigente) empalidece las 11.000 hectáreas del empresario ingles Joseph Lewis, en lago Escondido cerca de El Bolsón o la 55.000 hectáreas que posee en la provincia Ted Turner, o las 28.000 hectáreas que compró el emir de Qatar.

Un decreto provincial limita la adquisición de tierras por personas físicas o jurídicas extranjeras a  10.000 hectáreas en la zona este de la provincia, y a 15.000 hectáreas en la línea sur, precisamente la zona del proyecto de Fortescue y su región vecina. Por eso la gobernadora Carreras se cuida mucho de no enajenarlas, sino entregarlas por décadas en “cesión y uso”.

Esa cantidad de hectáreas, ¿para un parque eólico?, contrasta como el negro sobre el blanco con, por ejemplo, las hectáreas que ocupa uno de los mayores parques eólicos de la Argentina y de Sudamérica, que es el levantado cerca de Puerto Madryn, el que contiene más de 100 aerogeneradores en unas 6.500 hectáreas (el 1% de lo que reclama Fortescue, la empresa australiana).

Habrá que ver la ubicación de semejante superficie fiscal, pero sea donde sea, se trata de una extranjerización de tierras que contienen riqueza minera (la empresa australiana es una de las mayores productoras de hierro y otros minerales a escala mundial). Solo en la zona aledaña a la zona de la futura planta de hidrógeno verde existe minería de zinc, manganeso, tungsteno, hierro, plata, etc. Y toda la vecina meseta de Somuncura es hábitat de una fauna y flora característica y a veces única a escala mundial (por ejemplo la mojarrita desnuda del arroyo Valcheta). Ni hablar de la riqueza arqueológica y de sitios de pueblos originarios.

El Partido Obrero y los movimientos ambientalistas debemos exigir la apertura y publicación de todos los detalles y convenios que implica el proyecto de hidrógeno verde. Basta de cláusulas secretas al estilo del pacto con Chevrón en Vaca Muerta. Defensa incondicional de los recursos naturales, la flora y fauna y los sitios arqueológicos.