La rápida reacción de organizaciones y activistas logró en Puerto Deseado (Santa Cruz) frustrar el intento del gobierno municipal de Gustavo González (Frente para la Victoria) y de concejales de Cambiemos de avanzar en el sacrificio de animales callejeros. Esta posibilidad se consagraba en un artículo clave, finalmente derogado, de una ordenanza aprobada en septiembre pasado por el Concejo Deliberante. Como resultado de las protestas, que incluyeron un acto frente a la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, se arribó a un período de debates con las organizaciones y especialistas de equilibrio poblacional animal que concluyeron en la declaración de Puerto Deseado como “municipio no eutanásico”.

Las organizaciones plantean un plan integral como método de control poblacional, basado en la castración masiva, gratuita y la educación sobre la problemática animal y sanitaria a cargo del Estado. Esto se lleva a cabo ya en algunos municipios del país.

Durante el proceso de movilizaciones, se denunció que el intendente González intimidó telefónicamente a Horacio Camino (de la Asociación Protectora Canina) para que depusiera las medidas.

La agrupación Tribuna Ambiental de Puerto Deseado señaló en un comunicado que la derogación del artículo que posibilitaba el sacrificio de animales es “un primer paso para continuar exigiendo la derogación completa de la [ordenanza] 6933/18. Reivindicamos la movilización popular como método legítimo de organización y discusión de la agenda que afecta realmente al pueblo en su conjunto”