Exactamente dentro de un año, en julio de 2023, vencen los plazos de concesión a las centrales hidroeléctricas privatizadas en el año 1993. Hablamos de El Chocón-Arroyito, complejo Cerros Colorados y Alicurá. Ya para diciembre del año entrante vence la concesión de la central Piedra del Aguila.

Es decir que en el próximo año caen las concesiones de las centrales que representan el 95% del poder de generación eléctrica de la llamada zona Comahue. La privatización por el menemismo hace 30 años implicó desguazar un sistema encadenado de generación y formación de grandes lagos artificiales como reserva de agua, para pasar a un esquema donde cada central funcionó en forma independiente, con sus propios intereses de generación y reserva de agua, según rindieran las ganancias de cada grupo concesionario.

Las centrales fueron adquiridas casi a precio de remate por los grupos capitalistas, ya que pagaron una buena parte con bonos desvalorizados de la deuda externa de aquel entonces. En general fueron grupos estadounidenses los que se quedaron con las centrales y las represas.

Ante el vencimiento de las concesiones, el Estado nacional ha conformado una comisión para estudiar y proponer qué hacer. Por su parte, los Estados provinciales de Neuquén y Río Negro, que teóricamente son titulares del dominio del recurso (los ríos), han creado su propia comisión, la que a mediados de junio ya habría entregado un extenso informe a ambos gobernantes, Arabela Carreras, de Río Negro y Omar Gutiérrez, de Neuquén. Según trascendidos publicados por el diario Río Negro en un artículo del 6 de julio, el informe de la comisión interprovincial habría recomendado crear “una empresa mixta” (de ambas provincias) con el Estado nacional, que adoptaría la forma de una Sociedad Anónima.

En caso de no prosperar esta propuesta, las provincias advierten que exigirán una serie de pagos rentísticos por “el uso del recurso agua”, así como la implementación de diversos impuestos. Todo esto bajo el supuesto de invertir las prioridades actuales, es decir, en lugar de fijar la prioridad en la generación eléctrica, fijarla en la conservación del recurso agua. Pura pirotecnia de dos gobiernos que no han cuidado el agua en estos 30 años de concesión.

Prioridad para la generación con lagos y ríos casi sin caudal

Elías Sapag, titular del ente AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), no terminó de anunciar que los embalses en Chocón y en Piedra del Águila están 10 y 16 metros por debajo de su cota máxima, y los ríos Limay y Neuquén tienen un caudal de un tercio o un cuarto de la media, cuando por otro lado (tras fuertes nevadas en la cordillera, pero que aún no se han derretido para aportar agua al sistema), ha ofrecido a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) “aumentar la generación eléctrica en Chocón”, ya que “no hay gasoil, no hay gas, no hay dólares”, por lo que “evidentemente tenemos que hacer también nuestro esfuerzo para poder acompañar a la Nación en esto”.

Un panquecazo que refuerza la idea de que las provincias no pueden sustraerse a los intereses de las privatizadas. A tal punto que es el mismo Elías Sapag el que se queja que “las concesionarias, con las ganancias de las hidroeléctricas, construyeron dos centrales térmicas en las provincia de Buenos Aires”, como si el que hablara no fuera parte de la complicidad con tales hechos.

Es muy evidente que las provincias no hablan en nombre de la protección ambiental ni de la defensa de los recursos. Se trata de cuestiones vitales para las poblaciones de ambas provincias, en especial porque de la seguridad operativa de presas y centrales, y del nivel del caudal de ríos y lagos artificiales, depende tanto la seguridad de las localidades agua abajo como la actividad económica que depende del sistema de riego (que consume el 70% del agua que se eroga al final del sistema de centrales).

¿Y Nación?

La comisión creada a nivel nacional por la Secretaría de Energía que dirige Darío Martínez, denominada Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados, está integrada por Cammesa, la AIC, el Orsep, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Enarsa. Son precisamente los entes que aplican los tarifazos que contempla el pacto con el FMI. No cabe esperar de esta comisión nacional más que la apertura de un nuevo negociado capitalista, que se mantenga en los términos de las privatizaciones menemistas.

La inclusión del ENRE, cuya función es el control del transporte y distribución, y que ha tolerado a las privatizadas de este segmento las desinversiones que han llevado a los apagones y el déficit del sistema, es toda una señal que el desenlace con las actuales concesionarias de las centrales hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén forman parte del paquete de una política rabiosamente entreguista y capitalista, aunque la “estatización” sea la vía para ello.

La YPF S.A. de la electricidad

La Sociedad Anónima del Estado que podría tomar las riendas operativas de las centrales y presas está planteada bajo el modelo de YPF, pero del sector eléctrico. Esta compañía falsamente estatizada no ha abierto ningún proceso de “soberanía energética”, sino todo lo contrario, fue la herramienta para abrir el gran negocio de las petroleras, comenzando con el acuerdo secreto con Chevrón hace casi una década.

Luego de los anuncios grandilocuentes con la presunta “estatización” kirchnerista, el país sigue importando energía a precios astronómicos y sostiene la fuga de divisas y un esquema de subsidios multimillonario en dólares. La tercerización eléctrica a una Sociedad Anónima estatal es la vía para preservar el negocio privado a través de la subcontratación de las operaciones o los servicios de las centrales y presas, y del sistema de transporte eléctrico de las líneas de 500 Kv, que partiendo de Neuquén llegan a los grandes centros de consumo. El primer paso debe ser la apertura de los libros contables históricos de las concesionadas. Si hoy el negocio no “les cierra”, no deben irse sin rendir cuentas al control popular de lo actuado. La investigación bajo control obrero de sus cuentas bancarias y procesos de traspasos de las concesiones que hubo en 30 años debería permitir la nacionalización (expropiación sin indemnizaciones) bajo control obrero, con un plan de tarifas baratas para la población.