El intendente de la ciudad bonaerense de Ramallo, Gustavo Perie, quiere avanzar en aplicar una política depredadora ambiental a favor de la construcción de un puerto multirubro y emprendimientos inmobiliarios. Con las declaraciones de que está conversando con el grupo PTP, que volvería a la carga con la construcción del puerto y la cementera Avellaneda, aparece nuevamente el debate sobre la modificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (Cout).

Presentado como un código de ordenamiento, en verdad se trata de una resolución a medida de la apropiación capitalista de la costa ramallense en favor de los grupos empresariales, conocidos por sus contratos oscuros con el Estado municipal, como es el caso del mencionado grupo PTP. El puerto privado que se busca habilitar se haría a imagen y semejanza de la Zona Franca santafesina, con la instalación de complejos de acopio de granos de alto poder contaminante. Lo mismo sucede con los emprendimientos inmobiliarios que se harían destruyendo áreas que son de cuidado ambiental, a la vez que generando un negociado especulativo.

La modificación del Cout, que afecta la zonificación de la ciudad, es un reclamo histórico de las empresas constructoras que los distintos intendentes, que han gobernado Ramallo en los últimos años, han intentado. Primero Santalla de la UCR, luego Polleti del PJ y del Frente Todos y ahora Perie de Juntos por el Cambio. Una demostración de que la grieta no existe, cuando se trata de avanzar en enormes negociados contra la población ramallense.

Ramallo es un lugar estratégico, en la zona norte del interior de la provincia de Buenos Aires, para la instalación de grandes empresas que actúan destruyendo el ambiente sin cumplir ningún protocolo de bioseguridad.

Los trabajadores, la ONG Unidos Por la Vida y el Medio Ambiente (Upva) y la Asamblea Vecinal se encuentran en alertas para dar una lucha contra este nuevo intento de avance del intendente actual. Es importante recordar que en el 2018, luego de un acampe de 33 días y movilizaciones, se ha impedido que se avance en la implementación del Cout.

No a la modificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial a favor de las empresas y el puerto. Proyecto ambiental y urbano debatido por las asambleas populares. No a la contaminación de las empresas de la zona. Control por parte de los trabajadores y los vecinos de los desechos industriales. Prohibición del uso de agrotóxicos.

Vuelve a plantearse entonces la organización de los vecinos. Para triunfar hay que redoblar la organización independiente y combativa de la población.