Si quedaban dudas de que el parate económico producido por la crisis del coronavirus no es un factor que pudiera contrarrestar el calentamiento global, las temperaturas récord en el Ártico volvieron a mostrar gráficamente la situación.

Los 38 grados registrados en la Siberia ártica son el resultado no solamente del calentamiento global que afecta a toda la superficie terrestre, sino además a la situación peculiar del Ártico, donde el calentamiento avanza al doble de ritmo del resto del planeta.

Las consecuencias de este aumento de las temperaturas son amplísimas. Por un lado, acelera el derretimiento de hielos y glaciares. El derretimiento abarca al permafrost, la capa de superficie terrestre que está congelada, lo que hace emerger fósiles enterrados que liberan carbono, acelerando el ritmo de las emisiones. Por otro lado, el aumento de la temperatura en el Ártico está provocando una catarata de incendios forestales, que contribuyen también a la liberación de emisiones, a la reducción de superficies boscosas que absorben el dióxido de carbono y, en suma, a toda la cadena de retroalimentación que incrementa el ritmo del calentamiento global.

Los daños colaterales de esta situación se pusieron en evidencia, por ejemplo, en el derrame petrolero de Norilsk, Rusia, donde un tanque de combustible colapsó arrojando 20.000 toneladas de diesel al Ártico. El tanque estaba apoyado sobre el permafrost, que cedió presuntamente por el descongelamiento. Las autoridades de la central eléctrica propietaria están presas por negligencia, al menos por haber demorado el informe a las autoridades sobre el derrame y sus consecuencias.

Catástrofe social y laboral

Del otro lado de la cadena, las petroleras, principales contaminantes y beneficiarias de las emisiones de dióxido de carbono, empiezan a anunciar en cadena planes de ajuste y despidos frente a la caída de los precios del petróleo y la perspectiva de una reducción de la demanda por la crisis. Primero, British Petroleum anunció 10.000 despidos en todo el mundo (un 15% de su personal); luego, Shell anunció una reducción patrimonial de 22.000 millones de dólares, debido a la perspectiva de una caída masiva de la demanda. Al igual que British, Shell anunció que pondrá en marcha un plan de reducción estructural, que implicará despidos y recortes. También anunció, siguiendo a British Petroleum, una genérica “transición” a las energías no contaminantes.

Obviamente, esta línea de ajuste de las petroleras golpeará especialmente a los países atrasados y dependientes de la exportación de petróleo.

Los precios del petróleo colapsaron en abril, por una combinación entre el derrumbe de la demanda y las ventas en el mercado de futuros, en un cuadro de guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita. La intervención del gobierno de Trump para salvar la industria petrolera no convencional norteamericana, con mayores costos de producción, forzó un acuerdo para recuperar los niveles de precios sobre la base de un recorte de niveles de producción, aunque el compromiso es menor a la caída de la demanda.

Las petroleras son las más tenaces opositoras a las reglamentaciones de las emisiones que generan el calentamiento global. De hecho, el impulso a las petroleras yanquis para cortar la dependencia de la importación de crudo, basado en el avance de la producción no convencional, fue uno de los motores del boicot del imperialismo norteamericano a los acuerdos contra el cambio climático, por más limitados e intrascendentes que fueran y por más que la adhesión de muchos países terminó en un incumplimiento sistemático.

¿Qué hacer?

En la situación actual, la crisis social, laboral y ambiental se está descargando sobre las espaldas de los trabajadores, puesto que al mismo tiempo que nadie le pone un freno a la catástrofe ambiental, la reducción y el ajuste en el sector petrolero amenaza con condenar al desempleo a decenas e incluso cientos de miles de trabajadores. Una reconversión ambiental de la mano de las petroleras no solamente es inviable, porque los pulpos no van a abandonar su fuente de negocios, sino que funciona fundamentalmente como una cobertura “ambiental” para implementar un ajuste contra sus trabajadores.

Para darle una salida a ambas cuestiones es necesario quebrar el dominio del capital, que tanto actúa golpeando a los propios trabajadores petroleros como defendiendo los intereses contaminantes, bloqueando una reconversión que los llevaría a la ruina, o al menos a una importante inversión en medio de la recesión mundial.

La nacionalización sin pago del petróleo y el gas y de toda la industria energética, bajo control de sus trabajadores, es necesariamente el primer paso para poner las enormes fuerzas productivas desarrolladas al servicio de una transformación de fondo para limitar y terminar con el daño ambiental, sobre la base de una transición hacia la utilización de energías limpias, limitando la producción de petróleo a las demandas de la petroquímica, la industria plástica, de fertilizantes y farmacéutica.

La nacionalización bajo control obrero debe, además, obligar a las empresas a responder por los pasivos ambientales en los predios en explotación y en los abandonados, lo que requiere a su vez de la contratación de mano de obra especializada -en contraste con los planes de recortes de los pulpos petroleros. A su vez, el control obrero debe ir de la mano del poder de veto de las comunidades afectadas por los proyectos de explotación hidrocarburífera, así como un poder de control sobre la actividad productiva.

Por último, la cooperación internacional que requiere de una verdadera transición hacia una producción no depredadora del ambiente es incompatible con los gobiernos capitalistas, embarcados en una guerra comercial para salvar a sus intereses empresariales “nacionales” y llevar a la quiebra a sus competidores. Es una tarea que irá de la mano del triunfo de la lucha por gobiernos de trabajadores.