El viernes 20 se produjo una gran provocación contra los luchadores de diversas asambleas ambientales que estaban realizando un acampe y un bloqueo selectivo en la zona de Cerro Negro, en el cruce de las rutas nacionales 60 y 40, a 70 kilómetros de Tinogasta. La medida estaba dirigida a bloquear el abastecimiento a La Alumbrera. Esta, advertida, lo había adelantado con la expectativa de que el acampe no se iba a prolongar, debido al rigor del clima. Para el sábado 21 estaba prevista una suerte de marcha federal a Cerro Negro, para engrosar el acampe; y en fechas subsiguientes, la llegada de otras delegaciones de apoyo, como la de los pasantes organizados por la Fuba y de otras regiones. En ese cuadro, durante los primeros días del acampe, el gobierno organizó un contraacampe con la infantería de la policía de Catamarca y con una patota de civiles, organizada por las intendencias de Belén y de Tinogasta.

El viernes 20, la jueza provincial Silvia Alvarez ordenó levantar el bloqueo y el acampe. Una decisión ilegal, porque resulta ajena a su jurisdicción -se trata de rutas nacionales- y porque la justicia federal había fallado que los bloqueos selectivos no pueden considerarse delito; y menos un acampe al costado de una ruta. La fiscal avaló el operativo policial junto a la patota parapolicial. El accionar represivo se extendió a los asambleístas de otras provincias. La policía de Catamarca avanzó contra un grupo de asambleístas en La Rioja. El micro con los asambleístas fue obligado a trasladarse a Córdoba. Otro sector de asambleístas se trasladó hasta Tinogasta. Allí fue detenido ilegalmente un luchador, lo que provocó la movilización de los pobladores a la comisaría, que obligó a su liberación.

Coincidentemente, la justicia federal rechazó la denuncia por contaminación por un derrame en la zona del río Vis Vis, y avanza el emprendimiento de Agua Rica. En distintos lugares del país se realizaron diversas acciones. Ha quedado claro que la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) es una coordinadora represiva de los Estados provinciales.

En La Rioja, el juez de Chilecito suspendió el convenio con la Osisko hasta que se diera cumplimiento con la Ley de Glaciares. Esta resolución positiva no altera la política de criminalización contra la lucha contra los pulpos mineros contaminantes.