Este jueves 17, desde las 10:00 horas, se realizará la audiencia pública por el oleoducto y el puerto petrolero de exportación en el polideportivo de la localidad rionegrina de Sierra Grande. Allí se pretende discutir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por el gobierno de Río Negro luego de la primera audiencia pública que se realizara en Neuquén. El puerto se instalaría a pocos kilómetros de tres áreas naturales protegidas: el Área Natural Protegida Provincial Puerto Lobos, el Parque Nacional Islote Lobos (creado en junio de 2022 en la provincia de Río Negro), y el Área Natural Protegida Península Valdés de Chubut, que fue declarada por Unesco sitio Patrimonio Natural de la Humanidad.

Todo ocurre luego de que el año pasado la gobernadora Arabela Carreras (Jsrn) y Alberto Fernández firmaran la creación de la zona franca en Sierra Colorada. Dicha política entreguista fue convalidada tiempo después por toda la legislatura provincial, que la aprobó de manera unánime.

El gobierno nacional y también el provincial, de la mano de YPF, promotora del proyecto, pretende elevar 2.5 veces la cantidad de acumulación de petróleo para su exportación. Justifican esto con la falsa promesa de generar puestos laborales y desarrollo para una localidad históricamente castigada por la desocupación, situación que se profundiza con la crisis.

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Fue el propio intendente peronista de la localidad, Renzo Tamburrini, que defendió y se puso al frente del proyecto ante los medios, contra las críticas que comenzaron a llover por la falta de consultas previas y por las dudas que genera el Informe de Impacto Ambiental entre diferentes sectores.

“Están en carpeta cerca de mil puestos laborales para la localidad, y no podemos perdernos la oportunidad”, dijo hace algunos días el funcionario. El Observatorio Petrolero Sur, un organismo que defiende el ambiente y estudia el avance del fracking y sus consecuencias, advierte en un reciente articulo que solo se mantendrán activos unos 250 puestos laborales, y agrega que esto no dará, como afirma el gobierno, los dólares que el país necesitaría (pues se los llevan las empresas nacionales y multinacionales que operan en Vaca Muerta) ni soberanía energética.

Se espera que al comienzo de la audiencia se encuentren sectores que están contra ella, por estar amañada y ser fraudulenta, y otros que apoyan el proyecto.

Entendemos que el proyecto es una muestra de la política extractivista que persiguen todos los gobiernos, sean “nacionales y populares” o “provincialistas”, la cual viene profundizando el saqueo y la depredación capitalista que el Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno.

El ajuste, que se palpa con la desocupación y la pobreza creciente, pretende esconderse con la idea de que el proyecto es la solución. La reciente elección mostró un afianzamiento de esta perspectiva, pues el resultado convalida una profundización del plan de ajuste y saqueo ambiental, energético y financiero.

Desde el Partido Obrero movilizamos contra la audiencia pública trucha, fraudulenta y entreguista. Basta de extractivismo, saqueo y depredación ambiental.

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