A principio de mayo trascendió la formalización de una propuesta de Rusia al gobierno nacional para instalar al menos tres centrales nucleares en el país. Esta “oferta” reconocida por el embajador ruso Dmitry Feoktistov, que incluye hasta la construcción de una central nuclear flotante, pasó relativamente inadvertida en un primer momento.

Sin embargo, fue Jorge Lanata quien volvió a evocar recientemente el tema en el programa Periodismo Para Todos, donde con una entrevista a Feoktistov se reflotó la cuestión en el debate público.

Rusia busca construir centrales nucleares en el país a través de Rosatom, una empresa estatal creada en 2007 por el propio Putin, que administra la energía nuclear dentro de su territorio y opera a nivel internacional instalando este tipo de usinas por el mundo. Este plan data de hace al menos dos décadas, incluso desde antes de Rosatom, y desde entonces ha tenido avances y retrocesos bajo los distintos gobiernos, si contamos que en 2010 se firmó un memorándum entre la empresa estatal rusa con el Ministerio de Planificación a cargo entonces de Julio de Vido, o que en 2018 se anunció un “acuerdo estratégico” coronado con el gobierno de Macri en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires.

Las precisiones que existen al respecto de estos proyectos es que Rusia pretende, respecto a las centrales terrestres, financiar en un 100% el proyecto para ser propietario único y operarlas con exclusividad (incluida la cesión de los terrenos), a cambio de la posibilidad de Argentina de “percibir energía eléctrica por una suma fija por 20 o 30 años”. Son términos coloniales.

La ejecución de esos planes, sobre todo la instalación de una central nuclear flotante, abren la puerta a la posibilidad de una verdadera catástrofe ambiental. En este sentido basta con mencionar que en las últimas horas se han encendido las alarmas en China por una posible fuga en un reactor nuclear cerca de Cantón. Se trata de una industria altamente contaminante y peligrosa, que funcionaría en este caso bajo el estricto secreto de una empresa extranjera.

Es imperioso recordar que las centrales nucleares funcionan en base a uranio, que lleva desde su extracción hasta su explotación nuclear un proceso intermedio que acarrea graves consecuencias sobre el ambiente. Ya Macri había firmado en 2018 un acuerdo con Rusia para que una empresa subsidiaria de Rosatom, UrAmérica, explotara la extracción de este mineral en los yacimientos de Chubut. Es decir que se sumaría un nuevo factor de presión por habilitar la zonificación minera que resiste el pueblo chubutense, al igual que en Mendoza y otras provincias, ya que las minas de uranio se encuentran distribuidas por el país pero debido a su alto impacto su extracción está prohibida en varios distritos.

Sin embargo, el aspecto más deleznable pasa por la cuestión de los desechos. Estas centrales producen desechos radioactivos que todo lo contaminan y lo envenenan a su paso: son vertidos en desagües que conducen a ríos y océanos provocando un daño irreparable. Hablamos de toneladas de material que tarda cientos de miles de años en degradarse y cuyo potencial dañino es brutal.

Otra cuestión es que las centrales nucleares tienen un determinado lapso de funcionamiento “seguro”, dada la irremediable corrosión que los desechos radiactivos le producen. A partir de un plazo de entre 20 y 30 años, las centrales nucleares quedan inutilizables. Sin embargo, en todo el globo persisten usinas “vencidas” en funcionamiento, que son una amenaza letal para el ambiente y para la propia vida humana. El manejo a libro cerrado de estas instalaciones por parte de una empresa extranjera es ciertamente un riesgo fenomenal, especialmente si consideramos los pasivos ambientales que han dejado gratuitamente grandes multinacionales en nuestro país, como Repsol o la Barrick Gold.

Los efectos devastadores de la energía nuclear se constatan fácilmente en ejemplos históricos como Chérnobil, Fukushima o incluso el del Centro Atómico Constituyentes en 1983 en nuestro país. Esta tentativa debe ser rechazada de lleno. Le oponemos un planteo integral de nacionalización del sistema energético bajo control obrero, que reorganice todo el esquema de producción de energía eléctrica en el marco de un plan de desarrollo que ponga fin al vaciamiento y la huelga de inversiones que han sostenido los capitalistas del sector durante todos los gobiernos que se alternaron en las últimas décadas.

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