Los pulpos Monsanto/Bayer y BASF fueron condenados en el estado norteamericano de Missouri a pagar u$s265 millones tras un juicio realizado por Bill Bader, un productor de duraznos (Bader Farms) que denunció que sus árboles fueron afectados de la deriva de un herbicida -es decir por la dispersión de las fumigaciones por el aire. Se trata de la dicamba, utilizada en los cultivos de algodón cercanos. Por esto mismo Monsanto enfrenta ahora más de 140 demandas en el medio oeste de los Estados Unidos.

Durante la primera década del siglo, Monsanto ha desarrollado herbicidas conocidos como Roundup, a base de glifosato. Pero con el correr de los años la empresa descubrió en Estados Unidos que las malezas que crecían junto a los cultivos se iban “inmunizando” y se hacían resistentes al agroquímico. Frente a esto, en colaboración con la alemana BASF, comenzó a producir un nuevo herbicida a base de dicamba, el XtendiMax. Este compuesto base fue usado en mínimas proporciones durante décadas por su poder destructivo y su gran capacidad de volatilidad, es decir la facilidad con que la sustancia se evapora dispersándose por el aire hasta importantes distancias del lugar donde se rocía.

Estos pulpos se pasaron los últimos años prometiendo que reducirían la volatilidad de la dicamba. Ahora, cuando llueven las demandas por las consecuencias de su utilización en los cultivos aledaños a los de soja y algodón, se escudan en que el herbicida fue certificado por la Agencia de Protección Ambiental, que tras dos estudios determinó que “no presenta ningún riesgo irrazonable de movimiento fuera del objetivo, cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta”.

Sin embargo, los documentos que fueron incautados durante el juicio demuestran que, detrás de los efectos que tendría la dicamba en los campos aledaños a los de soja y algodón en que se utiliza, se propiciaba un gran negocio. Esto porque todos los cultivos que fueran alcanzados por el XtendiMax solo podrían sobrevivir si compraban las semillas producidas por Monsanto/Bayer y BASF, alteradas genéticamente para ser resistentes a él.

En un informe privado de 2009 constan las advertencias de especialistas acerca de la catástrofe en que podría derivar, alertando que los agricultores podrían rociar sus cultivos con productos viejos de dicamba -con alta volatilidad- y que desconfiaban de la efectividad real del proceso de reducción de la volatilidad en el XtendiMax. Otro documento interno de 2015 preveía más de 10.000 denuncias por la destrucción de hectáreas de cultivos.

Las semillas resistentes a la dicamba se comenzaron a vender en el mercado en 2016, pero el herbicida recién fue aprobado en 2017 por la Agencia de Protección Ambiental (APA). Esto obligó a los productores a utilizar viejos compuestos más volátiles de dicamba, como habían advertido los especialistas.

Pero además durante todo el proceso de aprobación distintos agricultores hicieron llegar a la APA su preocupación y reclamaron la realización de investigaciones independientes de las de las empresas. Irrisoriamente, Monsanto bloqueó estas investigaciones al no proporcionarles muestras de sus productos, alegando “no poder producir en cantidad para ofrecer muestras para los análisis”. Evitó así la presentación de evidencia negativa a la APA durante el proceso certificación, que solo contó con la información unilateral aportada por las empresas.

Los documentos publicados en este histórico juicio ponen en evidencia el accionar depredador de estos gigantes de los agronegocios, como así también la complicidad de los gobiernos capitalistas. El desarrollo tecnológico y científico es utilizado por los pulpos capitalistas como arma para disputar mayores porciones del mercado, aún al precio de generar un “desastre ecológico” -como fue definido en el juicio. Es otra expresión de que el capital se ha convertido en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas.

La lucha de trabajadores, campesinos y de la población afectada contra estos monopolios solo puede encontrar una salida de fondo poniendo la investigación y la producción de semillas e insumos agropecuarios bajo control de los propios trabajadores y técnicos.