En medio de la ola de calor que en Salta se sintió muy fuerte sobre todo en algunos lugares del interior, y con récord de contagios de coronavirus, son miles las y los salteños que siguen sufriendo cortes de agua o no tienen acceso a ella. Los cortes siguen de manera regular en las zonas urbanas, y las comunidades originarias están sufriendo de manera extrema la falta de agua, a tal punto que el médico de la salita de salud de Misión Chaqueña denunció que no hay agua potable en ese centro sanitario, por dar un ejemplo. Es el resultado de años de vaciamiento en materia de inversiones, de negociados con las concesionarias privadas y corruptelas de todos tipo en la administración del servicio. El Ente Regulador va cumplir pronto 30 años de existencia y solo ha sido cómplice de esta degradación, que atenta contra la vida misma de los salteños.

Luego de el reguero de luchas que se iniciaron desde el primer día del año frente una situación ya insoportable, el gobierno “desempolvó” al Ente Regulador de los servicios públicos (Enresp) para convocar a una “Mesa del Agua” para apaciguar los ánimos y tratar de desactivar toda movilización independiente de los vecinos. Esta mesa, hizo reuniones en distintas zonas de la provincia integrando a la empresa Aguas del Norte, a Edesa (energía eléctrica), a funcionarios, intendentes y legisladores y por supuesto al propio ente regulador. Pero todas las áreas del Estado sabían desde hace mucho, como reconoció el presidente de Aguas del Norte, García Salado, que en enero llegaría un colapso y que habían previsto para enfrentarlo contratar unos 60 camiones aguateros. De apuro, se anunció en conferencia de prensa con varios ministros del gabinete, un pequeño plan de obras, si consideramos la gravedad de la situación.

Las obras mayoritariamente son pozos y la reparación de una ínfima proporción de las redes que, según el responsable de la empresa, están tan deterioradas como para que de cada 10 litros que ingresan al sistema 5 litros y medio se pierdan.

Hay que agregar que en muchos lugares se han construido pozos en años recientes pero los mismos no han funcionado, o no se construyeron las redes de distribución o, peor aún, producen agua contaminada con arsénico. Otro problema de los pozos es que dependen de la energía eléctrica que en muchas zonas del interior sufren sistemáticos cortes. En estos días se puede ver disputas en las redes sociales entre Aguas del Norte y Edesa por este tema.

Por estos días también, el presidente del Enresp, Carlos Saravia, ha reconocido que de las obras de agua contempladas en el Fondo de Reparación Histórica (FRH), solo se hizo un 12%, y que tampoco se completó el plan de obras del Fondo del Bicentenario. Lo que no dice Saravia es que Sáenz mandó a la legislatura un proyecto de ley para pagar la deuda de ambos fondos, tomados en su momento por Urtubey, sin investigación alguna y que fue aprobada por todos los bloques a excepción del Partido Obrero. Hablando de deuda es bueno señalar que el monto de obras anunciado es casi la tercera parte de lo que la provincia presupuestó en 2022 para pago de deudas.

Saravia también explicó que muchos desarrollos inmobiliarios solicitan el uso de agua a recursos hídricos y no a Aguas del Norte, lo que produce que paguen un canon por este uso de $500 por hectárea. Un monto ínfimo comparado con lo que se paga incluso en los barrios más pobres por el agua.

A todo esto se suman las obras que quedaron sin terminar, como es el caso de la ampliación de la planta potabilizadora de Campo Santo, la que podría abastecer de agua a todo el Departamento Güemes. La misma está paralizada hace dos años por incumplimiento de la empresa Incovi S.R.L., muy vinculada al poder político particularmente de la ciudad de Salta, que dejó colgados incluso a los trabajadores que no pueden cobrar aún su deuda, y fue declarada en concurso de acreedores por la justicia.

El problema del agua en la provincia lleva décadas y el régimen gobernante nunca ha dado una respuesta. Desde la privatización de Romero con Aguas de Salta, padecida por todos los salteños y luego rescatada por Urtubey dejándola ir sin poner un peso, hasta la situación con una sociedad anónima propiedad del Estado actual ha sido siempre una catástrofe para los trabajadores.

Ahora un grupo de diputados oficialistas ha hecho un planteo de “estatización” de Aguas del Norte, cuyo 90% pertenece al Estado salteño y el 10% a sus trabajadores. Algunos incluso han planteado que los municipios reciban un presupuesto y se hagan cargo del servicio. El proyecto es, por un lado, una maniobra distraccionista para ocultar el hecho de que el Estado es responsable de la situación catastrófica del servicio y, por otro, la confesión de que la situación no da para más. Con todo, Sáenz mantiene la figura de la Sociedad anónima, que implica un costo de muchos millones en concepto de impuesto a las ganancias, para una eventual reprivatización.

Organicemos la lucha por el agua

Desde el Polo y el Partido Obrero venimos luchando hace décadas por este tema y nuestras compañeras y compañeros han intervenido en las barriadas y localidades en todas las luchas recientes.

Es necesario clarificar a los vecinos el contenido de los anuncios del gobierno, el papel de la mesa del agua y también el que están jugando la mayoría de los centros vecinales para tratar de frenar la movilización.

Pero es clave redoblar la movilización y la organización independiente y de conjunto para conquistar una solución efectiva al problema y que el agua llegue como corresponde, potable y durante las 24 horas del día, como cuestión urgente, pero sumando la lucha de fondo para que el servicio sea prestado por administración estatal y bajo control de los trabajadores y los usuarios domiciliarios que garantice una salida de fondo.