Ordenada por la jueza Victoria Mossman, se llevó adelante, el pasado martes 11 de abril, la inspección ocular al Vertedero San Javier (ciudad de Salta) por la causa por contaminación ambiental iniciada hace seis años por la compañera Jorgelina Franco, exconcejal del Partido Obrero, en representación de los vecinos. Participé junto con ella de la inspección.

Visitamos la Trinchera I actualmente en funcionamiento. Los representantes de la empresa Agrotécnica Fueguina y los funcionarios municipales admitieron que la misma ya alcanzó los 36 metros de altura: una verdadera montaña de basura. Además, reconocieron que es muy limitada la separación en origen, y que cuando llega la basura al vertedero se deposita toda junto. De hecho, ahí mismo había trabajadores recuperadores esperando a que ingresen los camiones, con el riesgo de vida que esto implica.

Es decir que ha fracasado la campaña de Bettina Romero para la separación en origen, que implicó un enorme gasto en publicidad. En los hechos, el Estado municipal no educa sobre la separación en origen, como es su obligación. Tampoco la empresa hace nada por la separación cuando era parte de sus obligaciones en el primer contrato. Se sigue enterrando volúmenes muy grandes de plásticos y materiales no degradables, lo que reduce la vida útil de cualquier trinchera.

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Según la empresa y el municipio, la Trinchera IV ya está lista con la geomembrana colocada y los sistemas de evacuación de los líquidos lixiviados. Pero no empieza a usarse porque, según la empresa, no pueden garantizar la seguridad. Justifican esto porque hay gente viviendo en asentamientos alrededor. Es incomprensible la justificación. ¿Acaso creen posible que le roben el alambrado y la geomembrana? La justificación de la empresa es grotesca.

Lo que queda claro es que los piletones de captación de líquidos lixiviados están hasta el borde y la incorporación de una 4° trinchera los obligaría a hacer nuevas inversiones. Y, lo peor de todo, no tienen intención de habilitar la 4° trinchera.

Reconocieron también que no plantaron la barrera de árboles en el perímetro, algo que está explícitamente en el contrato y que no lo hicieron en 24 años. Dicen que los árboles se mueren salvo algunas especies nativas que crecen solas, pero son de baja altura y no cumplen con el propósito de ser barrera. A los vecinos de barrio Solidaridad y Justicia le llegan con el viento las bolsas de plástico y los olores nauseabundos.

Se pudo observar que de la Trinchera I los líquidos lixiviados chorrean y hasta salen a borbotones en algunas zonas, por lo que queda claro que no han ampliado el sistema de cañerías de captación suficiente. Las pequeñas “piletas” están completamente colapsadas, por lo tanto están contaminando las napas, el suelo y el río que se encuentra a solo 100 metros en algunos tramos.

La jueza señaló que para avanzar en una resolución necesita un estudio ambiental que presente las pruebas de contaminación. Dijo además que la municipalidad presentó a una empresa para que realice los estudios, pero que, al tratarse de una empresa que ya es contratista de la municipalidad, la rechazó y solicitó que se realice con el Conicet. Aquí se ve la intención del municipio de encubrir nuevamente a Fueguina, como lo vienen haciendo todos los intendentes anteriores, en una causa donde se verán afectadas las responsabilidades políticas.

Agrotécnica Fueguina se sigue imponiendo por encima de los intereses de los vecinos. No cumple lo establecido en el contrato, ahora con la impunidad garantizada por la intendenta Bettina Romero y el Concejo Deliberante, que renovaron un contrato millonario que se lleva $340 millones por mes, mientras en los alrededores hay personas en extrema pobreza y completamente vulnerables, expuestas a la contaminación, a los insectos y a las ratas.

La Justicia tampoco toma medidas concretas ni sanciones contra la empresa, cuando no ha cumplido ninguna disposición judicial. La jueza Mossman está reemplazando en esta causa a su juez original, Marcelo Domínguez, quien renunció recientemente a su cargo para asumir como ministro de Seguridad de Sáenz. Este último cuando fue intendente también fue garante de la impunidad de Fueguina.

Los vecinos de la ciudad necesitamos que el vertedero sea trasladado lejos de la ciudad y que en forma inmediata y hasta que esto ocurra se habilite la Trinchera IV para impedir que se siga acumulando una montaña de basura e incluso sigan muriendo recicladores. Necesitamos además una verdadera campaña de educación ambiental garantizada por la municipalidad con fondos provistos por la empresa, para enseñar a los vecinos a separar en origen. Necesitamos un verdadero procedimiento de recolección y tratamiento de la basura y no un negociado para los capitalistas amigos.

Fuera este centro de contaminación de nuestra ciudad. Basta de corruptela y negociados con la basura. Exijamos la recuperación del servicio por administración municipal bajo control de trabajadores y los vecinos.

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