Este jueves 23 de abril se conoció el derrame de al menos mil litros de crudo de petróleo en el fondo de una casa ubicada la localidad de Campamento Vespucio, en la jurisdicción del municipio salteño de General Mosconi.

Ane el aviso de la gente, se hicieron presentes la policía y los bomberos para evacuar al menos a 30 personas que viven muy cerca de los pozos petroleros.

Para vecinos y periodistas locales lo acontecido no es extraordinario. Por el contrario, afirman que existen al menos unos 200 pozos en la zona de influencia de Mosconi sin el sellado correspondiente. Pero suman 600 en total los desperdigados por otras localidades ubicadas en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán.

Una vez abandonados estos pozos debían ser sellados adecuadamente. Este proceso final implicaría la creación de puestos de trabajo en la zona, y sería una alternativa para sanear el ambiente. Hasta ahora esto no se hizo, produciéndose cada tanto eventos similares, a veces con riesgos mayores para los vecinos –como el desplome de la cocina de una casa por el hundimiento del suelo. 

Mucha gente se ha asentado en lugares donde había pozos antiguos y el petróleo, a raíz de la presión, fuerza por salir.

Mientras que el secretario de Minería y Energía de la provincia, Ricardo Alonso, sostuvo que “hay un trabajo de remediación que es responsabilidad de YPF residual”, ya que a cargo de esta está la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Aguaragüe, que la petrolera estatal conforma con Tecpetrol. Por su parte, cuando se le pregunta a los responsables de la empresa Tecpetrol por el procedimiento para resarcir el daño ambiental, sostiene “que se tiene que hacer cargo el estado provincial, el nacional, o YPF” (Página 12, 23/4). Lo cierto es que la responsabilidad recae tanto sobre Tecpetrol como sobre el Estado.

Esta situación forma parte de todo un cuadro de vaciamiento productivo. Desde la privatización de YPF, las operadoras de área han declarado una huelga de inversiones que llevó a la provincia a pasar de ser el segundo al séptimo productor de gas en el país.

Distintas organizaciones de ex trabajadores de YPF han presentado a los responsables en Nación y Provincia proyectos de remediación que darían un principio de salida a dos problemas, como mínimo: la contaminación ambiental y la desocupación. También plantearon en su proyecto la explotación de pozos secundarios, abandonados en su mayoría por las empresas.

Los estados de Nación y Provincia se tienen que hacer cargo inmediatamente de los procesos de remediación ambiental, cargándole los costos a las operadoras de área, porque está en riesgo la vida y las viviendas de los vecinos. La situación vuelve a colocar además la necesidad de la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control obrero.