La empresa Agrotécnica Fueguina realiza la recolección de residuos en la ciudad de Salta desde el año 1999. Pasó por todos los colores del gobierno municipal, desde Enrique Tanoni, pasando por Miguel Ángel Isa, Gustavo Sáenz y ahora Bettina Romero, siempre beneficiada a pesar de las sistemáticas denuncias por incumplimientos de contrato.

Como resultado, hoy tenemos la contaminación de más de veinte barrios de la zona sudeste de la capital salteña de manera directa, y de otras zonas de la provincia a través de la contaminación de las napas de aguas que llegan a los cauces de ríos.

El de Fueguina es el mayor contrato del municipio de Salta, con un costo que alcanza a un tercio del presupuesto total. Desde agosto de 2019 el monto del mismo llegó a la suma mensual supera los 91 millones de pesos. Por otra parte, según el convenio de actualización firmado, Salta tiene que pagar a la empresa, 50 millones de pesos “en concepto de diferencia por actualizaciones, correspondientes al los período que va desde el 12 de agosto de 2019 al 30 de noviembre de ese mismo año”. Son las sumas de dinero que se les niega a los vecinos para mejorar sus condiciones de vida a través de obras públicas.

Por la contaminación provocada en el vertedero San Javier, los vecinos de barriadas afectadas presentaron junto a la banca de concejales del Partido Obrero un recurso de amparo contra la empresa, el entonces intendente Isa y la complicidad del gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey.

A partir de esta presentación, en las distintas audiencias convocadas por el juez de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, los testimonios de los vecinos pusieron en evidencia la problemática que sufren a diario por la contaminación del vertedero. Entre ellos se cuentan la voladura de plásticos a los barrios más cercanos por falta de un cercado perimetral más alto que el montículo de basura, los olores nauseabundos que se siente porque no existe un cercado forestal y no hay  cubertura diaria de la basura, lo que trae como resultado problemas dérmicos, alopesia y respiratorios, a lo que se suman las constantes plagas de ratas, mosquitos y moscas.

También existe un informe del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) que constata la presencia de metales pesados en el Río Arenales a la altura del vertedero, como consecuencia del escurrimiento de los líquidos lixiviados a las napas de aguas, por la falta de tratamiento de los residuos altamente contaminantes como pilas y baterías. En estas audiencias tanto la provincia como el municipio, responsables de ejercer el rol de control, defendieron a la empresa como si fueran los mismos propietarios.

A pesar de todas estas irregularidades graves, la empresa nunca fue multada. El informe que presentó el Concejo Deliberante después de la ultima visita de los concejales al predio, realizada el día 11 de junio, no se pronuncia por el mal estado de la trinchera n°1 que fue clausurada en el 1999 y debió ponerse nuevamente en funcionamiento por falta de inversión de la empresa para acondicionar de la 4° trinchera.

El próximo 30 de setiembre vence el contrato y la prórroga, por lo tanto debe llamarse a licitación. Hasta ahora no se menciona ninguna otra empresa que no sea Agrotécnica Fueguina. Por eso los vecinos de zona sudeste exigimos el inmediato cese de la contaminación de la tierra, el aire y el agua (napas subterráneas, Río Arenales, Río Ancho, Dique Cabra Corral) como consecuencia de la mala disposición final de la basura de la ciudad. Reclamamos la puesta en funcionamiento de la trinchera n°4 y su impermeabilización a cargo de la empresa, para ser utilizada en la disposición de la basura, cobertura con tierra y compactación diaria de la misma. También planteamos la separación de los residuos secos de los húmedos y una planificación de la misma para alcanzar al 100% de los barrios, tal como lo exige la normativa vigente (ordenanza 15415).

A su vez, sostenemos la importancia de que se imparta educación ambiental para la separación domiciliaria e institucional a cargo de la empresa; la separación y acopio diferenciado de pilas y baterías, así como del resto de desechos químicos, electrónicos, biológicos, y de todos aquellos que por su toxicidad y nocividad para la salud humana y el medio ambiente debieran ser tratados conforme lo estipulan las normas de tratamiento de residuos peligrosos.

Exigimos también la planificación de un nuevo lugar para la disposición final de residuos, que se encuentre a una distancia suficiente de la ciudad para que no afecte la salud y la calidad de vida de los vecinos, una compensación pecuniaria sobre el patrimonio de la empresa, de Isa y Sáenz, por ser los directos responsables de la contaminación en perjuicio de la salud y calidad de vida de los vecinos, para ser utilizado en el saneamiento de las tierras que hoy ocupa el vertedero, del Río Arenales y la zona circundante al relleno sanitario, bajo control de los vecinos.

Que la nueva etapa de la recolección y disposición final se haga de manera directa por el municipio con control de los vecinos, las organizaciones defensoras del medio ambiente, y los profesionales de la Universidad Nacional de Salta. Para ello debe expropiarse sin pago todos los elementos que están hoy en manos de la empresa, y sus trabajadores continuar en sus puestos de trabajo respetándose el convenio colectivo correspondiente.