“Una ordenanza para enfrentar las consecuencias del agronegocio y la tragedia de las inundaciones provocada por el cambio climático, los canales ilegales y las urbanizaciones en humedales”, así fue presentado por los militantes del Partido Obrero la iniciativa ingresada en el Concejo Deliberante de Salto que prohíbe la urbanización sobre humedales en la región.

El proyecto recoge las denuncias de las asambleas ambientales en lucha de los Barrios El Triángulo y Valaco, que desde 2015 luchan para terminar con el flagelo de las inundaciones, y denuncian que se deben encarar las obras hídricas que resuelvan los problemas estructurales y no estructurales aguas abajo y aguas arriba de la cuenca interjurisdiccional del Río Arrecifes. Ella está compuesta de ríos permanentes, ríos transitorios y canales clandestinos, que incluye los departamentos de General Paz y Constitución de la provincia de Santa Fe y los partidos de Colón, General Arenales, Rojas, Salto, Pergamino, Arrecifes, San Pedro y Baradero de la provincia de Buenos Aires. La ordenanza es financiada con impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas locales y regionales del noroeste bonaerense.

No puede soslayarse el papel desencadenante o agravante que ejercen ciertas transformaciones de matriz antrópica, como sucede con los cambios ocasionados por el urbanismo privado y estatal en el corredor ribereño de la ciudad, luego de arrasar con decenas de hectáreas de humedales, transformando su morfología y dinámica de manera extensiva y permanente.

La presentación se enmarca en la grave situación que atraviesa la región, con inundaciones y contaminación con agrotóxicos en territorios de planicies de inundación. El proyecto fue elaborado en forma colectiva por la organización y presentado por el dirigente local Daniel Bonjorn el 8 de septiembre. En declaraciones, indicó que  el crimen socio ambiental provocado por las fumigaciones y el uso de agrotóxicos para favorecer el agronegocio y la especulación inmobiliaria pone en una elevada consideración este proyecto.

La propuesta del Partido Obrero para proteger y conservar los ecosistemas ribereños establece la prohibición definitiva de la habilitación de nuevas urbanizaciones en humedales, como es el caso Barrio Procrear Bicentenario y la nueva ciudad está naciendo promovida por Inmobiliaria Delbaldo.

En los fundamentos se señala que la ordenanza busca “causar un impacto inmediato en beneficio de los humedales ribereños, ecosistemas de barrancas, plantas y especies nativas y los vecinos que los habitan, que nos permitan hacer un mapeo y un ordenamiento para su conservación y uso racional”. La propuesta es un aporte que se pone a consideración de organizaciones ambientales y populares que luchan contra la depredación capitalista y en defensa del ambiente.

La iniciativa incorpora la participación popular mediante las audiencias públicas, de carácter vinculante, y la creación de un Consejo Urbanístico Ambiental, con el compromiso de conservar la costa natural del río, el comportamiento hídrico de las cuencas hidrológicas existentes, la estabilidad de cauces y costas de ríos, lagunas, arroyos, la calidad y disponibilidad  del agua superficial y del agua subterránea.

También destaca que una de las comisiones conformadas en el Consejo debe abordar la temática de los humedales de la cuenca del Río Arrecifes, la cual debe ser coordinada por representantes de la Autoridad el Agua y la participación del Comité de Cuenca del Río Arrecifes, Facultad de Agronomía de la Universidad del Noroeste (UNNOBA), el Inta, el Colegio de Arquitectos y el Centro de Ingenieros Agrónomos, la Escuela Agropecuaria Nº1, el Instituto de Formación Terciaria, la carrera de técnico ambiental y salud, Federación Agraria Argentina, Agricultores Federados Argentinos, Organizaciones y Asambleas Ambientales integradas por vecinos y trabajadoras/es.

Además, se incluye la democratización de la información, para identificar y monitorear el estado actual e investigar las posibles amenazas sobre estas planicies y valles de inundación no urbanizables y rurales, y la creación de un registro de humedales que permita “la incorporación de los saberes locales a la instancia de toma de decisión”, al tiempo que promueve la creación  del sistema municipal de monitoreo satelital de control para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Se hace mención a su vez a los numerosos estudios científicos que indican que los humedales prestan importantes bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad. Entre otras contribuciones los sistemas de humedales proveen de agua dulce y salada, controlan inundaciones, transportan nutrientes, mitigan la crisis climática, absorben dióxido de carbono y controlan la temperatura, al tiempo que son reservas de biodiversidad, fuentes de medicinas y productos farmacéuticos, la provisión de hábitat para diferente usos y actividades (agricultura, forestación, ganadería, pesca, turismo), la información estética, artística, cultural, espiritual, histórica, arqueológica, investigación y educación, la preservación de flora y fauna endémica, rara o amenazada en sus hábitats.

La preservación de los humedales de las costas ribereñas es parte del deber del Estado municipal de salvaguardar el patrimonio natural, a fin de que las futuras generaciones puedan apreciar los espacios naturales, asegurando el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y la estética paisajística.

Se trata de pensar en el futuro y las próximas generaciones, que deberán desarrollarse en condiciones mucho más difíciles para la vida en el planeta a causa de la crisis climática y ecológica global.

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