La reserva natural Parque Rafael Aguiar es un área de humedales, bosques ribereños y ambientes característicos del delta bonaerense, protegida por leyes nacionales y provinciales, y refugio del último bosque de Toratay -arbusto endémico de las islas y riberas del Paraná inferior- que sobrevive en la provincia de Buenos Aires.

En 2019, mediante una ordenanza, el intendente Manuel Passaglia (JxC) le quitó el status legal de área natural protegida, lo que es contrario a sus atribuciones. En 2020 inició un proyecto ilegal para el ensanchamiento de una calle de tierra y la posterior construcción de una costanera con murallón sobre el arroyo Yaguarón, una megaobra de relleno con escombros y tierra sin haber realizado estudios de impacto ambiental ni anunciar el objetivo de estos movimientos de suelo sobre las orillas del arroyo principal del río Paraná.

La reacción de los vecinos y movimientos ambientales frente a la destrucción con maquinaria vial de árboles nativos fue enfrentada en enero de 2021 con una brutal represión policial con golpizas, diez detenciones (incluido el guardaparques), amenazas de muerte y hasta agresiones misóginas.

En la causa penal por el accionar de los efectivos policiales, la fiscal de San Nicolás que inició las investigaciones se excusó rápidamente y posteriormente hizo lo propio el fiscal que la sucedió. Con la falta de designación de un responsable para llevar adelante la causa, prácticamente no se realizaron actos procesales tendientes a la obtención de pruebas ni imputación de responsabilidades. Mientras tanto, las persecuciones y amenazas continúan. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) concurrió al lugar en algunas oportunidades, las obras se detienen algunos días y vuelven a comenzar. A esta altura, el daño ambiental es irreparable.

Según el Foro Medio Ambiental (Fomea) de San Nicolás, las megaobras encubren proyectos urbanísticos en zonas prohibidas motivados por la especulación inmobiliaria de sectores empresarios y funcionarios políticos que despliegan su accionar con el objetivo de apropiarse de trescientas cincuenta hectáreas de humedales y bosques nativos de esta reserva.

Lo mismo viene ocurriendo en la Isla Alfano, cuya posesión familiar data del año 1934. Aquí, el Intendente Passaglia invadió con retroexcavadoras, destruyó viviendas, 300 árboles nativos y ecosistemas convivientes para transformar el suelo isleño en un balneario al mejor estilo Miami. En febrero de este año, los vecinos autoconvocados elevaron al gobernador Kicillof una carta abierta denunciando este atropello ya que las islas aluvionales del Río Paraná son del dominio público natural, y, como tales, no hay propietarios porque son bienes inenajenables, inembargables e imprescriptibles y que la posesión de los pueblos isleños está amparada por la Constitución, el Código Civil y Comercial y tratados internacionales.

El reclamo de inconstitucionalidad de la ordenanza y las movilizaciones de vecinos lograron que en julio de este año la Corte Suprema provincial dictaminara la prohibición de continuar con las obras lo que fue simplemente ignorado por el intendente Passaglia. En noviembre, y frente a nuevas denuncias, la Corte ordenó una pericia que confirmó el hallazgo de maquinaria pesada, un camino que dividió en dos un espejo de agua, la construcción de paradores y la construcción de un puente.

Un nuevo fallo dispuso la inmediata clausura de las obras, retirando maquinaria, camiones y equipos. Sin embargo, Passaglia ya avisó que sigue adelante. No podía ser de otra forma ya que este clan macrista cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Daniela Vilar (La Cámpora), y de la Bonaerense de Berni/Kicillof, justamente a quienes los jueces han delegado el cumplimiento de la medida.

La corrupción de la familia Passaglia

Finalizando el año, la Justicia Federal citó a indagatoria por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a la mayor parte de la familia Passaglia. Esto incluye a Manuel, el intendente nicoleño, a su padre Ismael Santiago, exintendente de San Nicolás, a su hermano Ismael José, actual diputado provincial, y a varios acusados de ser testaferros.

Los fiscales que piden la indagatoria de más integrantes de esta familia señalaron que la riqueza acumulada en propiedades en Argentina y el exterior, los numerosos autos de alta gama y los siderales gastos con tarjeta de crédito no se condicen con la capacidad económica declarada.

Los Passaglia son un clan de prolongada trayectoria política en la provincia. Ismael José comenzó su carrera como concejal en los 90´, luego diputado provincial, donde llegó a presidente de la Cámara. Fue ministro de Salud durante la gobernación de Felipe Solá y titular del Instituto de la Vivienda durante la gestión de María Eugenia Vidal, cargo que asumió cuando era intendente dejando al cuidado de los negocios a su hijo Manuel, quien ganó nuevamente la intendencia en 2019 por JxC.

Una de las acusaciones está directamente vinculada a los atropellos que vienen sufriendo las islas, sus pobladores y los humedales ribereños, ya que padre e hijo contrataron irregularmente al hermano/tío, el diputado provincial Ismael Santiago Passaglia, para desempeñarse en el Consejo Intermunicipal del Delta entre 2015 y 2021, justamente el ámbito donde se cocinan todos los negociados con los territorios intangibles del Delta del Paraná.

Por su parte, los isleños organizados en la Asamblea del Paraná ratifican su agenda urgente: frenar la desposesión territorial y la expulsión isleña con un nuevo ordenamiento jurídico que valide las posesiones comunitarias, la vida social y familiar en los humedales y el hábitat isleño y garantice la conectividad isleño-territorial. Promover la elección democrática de consejeros y delegados municipales isleños y la participación directa y asamblearia de las comunidades involucradas subordinando a la soberanía comunitaria los planes de ganadería en humedales de la Sociedad Rural, el de forestación intensiva liderado por Papel Prensa y Arauco, el extractivismo arenero y los planes de urbanización sobre humedales del Delta del Paraná. Democratizar el control ambiental promoviendo un sistema de alertas tempranos de pescadores, trabajadores y familias isleñas, verdaderos guardianes/as del Paraná.

Como afirmara hace pocos días en Zárate y en Campana la Diputada Romina Del Plá, la banca del Partido Obrero en el FIT-U acompaña estos reclamos y elabora un pedido urgente de informes a las autoridades y organismos correspondientes.

 

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