La provincia de Santa Cruz ha sido el centro de atención a nivel nacional debido al decreto que habilita la caza deportiva en todo el territorio desde el 1° de abril hasta el 31 de agosto. La medida, impulsada por el Consejo Agrario Provincial bajo la conducción de Adrián Suárez (hombre de confianza del gobernador Claudio Vidal), ha generado un amplio rechazo por parte de la sociedad civil y organizaciones ambientalistas.

Cazadores vs proteccionistas: una batalla desigual

El decreto autoriza la caza de zorros colorados, zorros grises, pumas y guanacos a quienes cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, la noticia generó un repudio inmediato y movilizó a organizaciones en defensa del medio ambiente y la protección de la fauna regional. Se han iniciado campañas de recolección de firmas para instar al gobernador Vidal a revocar la resolución y poner fin a la caza deportiva.

¿Una novedad o una continuidad?

Sorprendentemente, algunos medios de comunicación oficialistas presentaron la noticia como si se tratara de una novedad, cuando en realidad la caza deportiva ya estaba habilitada en Santa Cruz durante esta temporada.

La resolución del Consejo Agrario es, de hecho, una copia casi exacta de las disposiciones emitidas por funcionarios kirchneristas en años anteriores. Esta situación pone de manifiesto la continuidad de una política que prioriza los intereses del sector rural, quienes han celebrado la medida.

Intereses agrarios: la prioridad de Vidal y sus predecesores

No sorprende que la política del gobierno de Vidal favorezca a los sectores de mayor poder económico en la provincia. Históricamente, estas tierras han estado marcadas por la apropiación de tierras por parte de terratenientes extranjeros a principios del siglo XX, quienes a lo largo de la historia han mantenido su posición dominante como dueños de estancias y comercios, como es el caso de La Anónima.

De hecho, Adrián Suárez, actual funcionario del gobierno de Vidal, presidía hasta hace poco el Instituto de Promoción de Ganadería de Santa Cruz. Él es uno de los tantos productores que se han reunido recientemente con el gobernador para discutir la agenda del campo en la provincia. Su interés desde el poder político es garantizar el negocio ganadero de los estancieros dedicados a la cría de ovejas, la venta de lana y carne. Es por ello que han impulsado una campaña para reducir la población de guanacos, considerados competidores por el pastoreo, y la caza de depredadores como el puma.

¿Qué dicen los expertos?

El escándalo generado por la habilitación de la caza deportiva ha dado lugar a otras voces en el debate sobre la caza del puma. Numerosas organizaciones han iniciado campañas de protección de la fauna, principalmente del puma.

Un estudio realizado por la Fundación Rewilding Argentina, que ha seguido a pumas mediante GPS, ha revelado que estos felinos prefieren a los guanacos como presa antes que a las ovejas. Esto contradice la narrativa del sector ganadero que los presenta como una amenaza para su actividad.

La habilitación de la caza deportiva en Santa Cruz ha abierto una profunda herida en la sociedad. La controversia pone en evidencia la tensión entre intereses económicos y la conservación del medio ambiente. Es fundamental que se lleven a cabo debates públicos amplios y transparentes para determinar el futuro de la fauna silvestre en la provincia, priorizando la ciencia y la protección de la biodiversidad por sobre los intereses particulares.

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