El 22 de julio se realizó una asamblea de vecinos del Barrio Próspero Mena y aledaños. Vinieron el intendente, algunos miembros del Consejo de Deliberante e integrantes de la organización ambientalista Proeco. El tema era qué salida dar a la contaminación de las citrícolas, en especial la empresa Citromax.

La solución del intendente: un estudio de abogados para hacer una presentación legal. Le respondimos que todas las vías burocráticas estaban agotadas; planteamos marchar hasta la puerta misma de la empresa a buscar una solución.

Dimos vuelta la asamblea. La noticia corrió como reguero de pólvora. El día de la concentración se reunieron 400 vecinos. El petitorio exigía el cese inmediato y definitivo de la contaminación y una indemnización por todos los daños materiales causados al medio ambiente y a los vecinos.

Ingresamos a la empresa custodiados por el comisario (¡cuya función era custodiar a la empresa de los propios vecinos!). La respuesta de la empresa fue: “actuamos dentro de los marcos legales, tenemos el apto ambiental, estamos invirtiendo en la construcción de una planta de tratamiento y en el lapso de dos años presumimos que ya no habrá malos olores”. Cuando informamos el resultado de la reunión, los vecinos abuchearon la respuesta. Una nueva asamblea decidirá los pasos a seguir.La crisis ambiental está dando lugar a movimientos de protesta en diferentes puntos de la provincia. El propio subsecretario de Recursos Hídricos señaló que el 93% de las empresas cuyos procesos industriales generan contaminación, no cumplen con las normas vigentes. Los vecinos debaten endurecer las medidas contra los contaminadores.