La planta industrial Ternium en Ramallo -ex Siderar y antes Somisa- del grupo Techint de Paolo Rocca, es la mayor productora de acero en la cuenca del Río Paraná, ubicada en una zona ribereña de bosques nativos. En 2011 la empresa fue intimada por la Secretaría de Ambiente por no poseer el permiso ambiental correspondiente. Doce años después, y a pesar del recurso de amparo presentado en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, al día de hoy Ternium continúa operando sin permiso. Los vecinos reclaman que se detenga la contaminación de aguas subterráneas y el curso del río con metales pesados como níquel, cobre, plomo y cromo; porque denuncian que la firma vuelca sus efluentes industriales líquidos y gaseosos, sin tratamiento previo ni permisos, desde hace más de una década.

En un reciente informe realizado por un ingeniero en seguridad ambiental nombrado por el juzgado se confirma que Ternium tampoco tiene un permiso de “vuelco de efluentes industriales”. En su pericia el ingeniero Enrique Aníbal Perón informa que “la siderúrgica acopia residuos a cielo abierto sin cumplir con ninguna norma ambiental, lo que genera escorrentías pluviales que afecta el río Paraná y el agua subterránea por lixiviados”, entre otras graves irregularidades que atentan contra la salud humana y el ambiente.

El técnico menciona que esa planta industrial tampoco se adecua a las normativas vigentes sobre la descarga de efluentes gaseosos peligrosos que requieren de un tratamiento previo antes de ser lanzados a la atmósfera. Al respecto, el perito explica que las descargas de esas emisiones difusas se realizan sin monitoreos semanales ni anuales. Luego, analiza en detalle los daños que cada sustancia peligrosa, como el plomo, pueden causar en la salud humana y el ambiente.

El informe referencia con fotografías e imágenes satelitales que en el sector sur de la planta industrial se observan enormes montañas de residuos, en una zona que además se encuentra protegida por ley nacional como bosque nativo.

La impunidad que permite al Grupo Techint funcionar sin cumplir ninguna norma ambiental se replica en la planta de Siderca-Techint de Campana, donde la intendencia entregó el Puerto de Frutos municipal para que sea transformado en un gigantesco depósito de chatarra que drena toda clase de residuos peligrosos al Arroyo de La Cruz, una vía navegable que Siderca desvió de su curso natural para rellenarlo apropiándose de una isla lindera a su planta.

Los medios de la región titularon que dicho informe fue una “pericia lapidaria”, aunque este no implica medida judicial alguna. La realidad demuestra que incluso habiendo fallos condenatorios las multinacionales contaminantes no son sancionadas ni económicamente ni con clausuras.

Es el caso de Atanor, ubicada en el casco urbano de San Nicolás, donde la Justicia luego de siete años de trámites -y mientras continuaba arrojando pesticidas al Paraná- reconoció la gravedad del impacto contaminante, responsable de la muerte de decenas de vecinos de esta planta química, solo la intimó a… comenzar a cumplir con los recaudos de cuidado ambiental. Una burla. Aquí también los medios titularon que había sido un “revés judicial para Atanor”.

En un texto titulado “la trampa del éxito judicial” los vecinos Autoconvocados de Zárate y Campana advierten que “ninguna “pericia” ni “acción judicial” en la historia argentina ha sido “lapidaria” con los poderes económicos dominantes.

Es fácil comprobar cómo el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable), que tiene el poder de sancionar a Ternium hasta con la clausura … ¡ya pasó 12 años sin hacer nada!

Las demoras procesales y probatorias son necesarias para la consolidación de los negocios de la empresa. Los daños ambientales nunca son remediados, los daños humanos letales son mayoritariamente gratuitos o de muy bajo costo.

La Justicia Federal, después de demorar 16 años (2007 a 2023) sin evitar la transformación de un humedal en una Disposición Final de Residuos Peligrosos, resolvió que los daños empresariales… ¡requerian una nueva pericia judicial!

“Esas acciones judiciales no detuvieron los daños humanos y ambientales, porque ninguna acción judicial logró que Tenaris Ternium del Grupo Techint ni Atanor fueran sancionadas en las últimas tres décadas”, sentencian los vecinos.

La corrupción judicial forma parte de este régimen social garante de los negocios capitalistas. Los reclamos a la Justicia son completamente legítimos, como herramienta para la movilización y exponer la complicidad estatal. La experiencia de Mendoza, Chubut y Catamarca demuestra que es la intervención masiva de las poblaciones en los territorios la que ha frenado la depredación ambiental.

El movimiento que lucha en defensa del ambiente enfrenta un debate estratégico. El kirchnerismo y el gobierno del Frente de Todos prometían poner en marcha una agenda ambiental, lo cual facilitó la cooptación de una parte de las agrupaciones y las sumió en la parálisis, con el fin de dividir a un movimiento que estaba en pleno desarrollo. Muy temprano se reveló que la agenda de los Fernández es la de las mineras, las petroleras y el agronegocio. “No se pueden conseguir los dólares (para el FMI) sin contaminar” afirmó el ministro Juan Cabandié, razón principal para cajonear los proyectos de Ley de Humedales.

En la reciente audiencia pública organizada por la diputada Romina Del Plá en el Congreso, con presencia de isleños, asambleas y activistas ambientales de varias provincias, se presentó un pedido de informes sobre la destrucción ambiental y la expulsión isleña en el Paraná. Allí los vecinos autoconvocados plantearon la necesidad de organizar un gran encuentro nacional de los movimientos que en los territorios están enfrentando la depredación, la contaminación y sus consecuencias directas sobre las comunidades, para acordar una agenda propia y de lucha común.

Desarrollar un movimiento ambiental independiente y de lucha es la tarea de la hora.

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