Tras una denuncia de ONGs protectoras se realizaron allanamientos en los que fueron desbaratados dos criaderos ilegales de perros, uno en la localidad bonaerense de Temperley y el otro en el barrio porteño de Villa Crespo. Allí pudieron rescatar a unos 230 caninos, que “vivían en condiciones deplorables y eran víctimas de maltrato animal” (Newsweek Argentina, 7/7).

En el establecimiento que funcionaba en Temperley se hallaron unos 100 perros de raza Dachshund (popularmente llamados “salchichas”). Respecto al ubicado en Villa Crespo se encontraron 133 Chihuahuas. Todos ellos en un muy mal estado de salud. Según informaron fuentes vinculadas a ambos casos, los animales convivían hacinados en jaulas pequeñas, las cuales no estaban bien aseadas ya que dormían entre sus propias heces.

La problemática de los criaderos ilegales revela un enorme negociado: “Existe una gran demanda de perros de raza. Estos perros se vendían entre $85.000 y $150.000 cada uno”, según manifestó Sergio Moragues, director de la ONG “El Campito Refugio”, al portal Newsweek (ídem). Por otro lado, estos emprendimientos no pueden funcionar solo con los que los regentean, hay un entramado de complicidades con inescrupulosas grandes veterinarias y funcionarios de Estado.

La otra cara de la moneda de la situación es la falta de políticas públicas para impulsar castraciones masivas en los municipios y controlar la creciente población de perros callejeros, la de incrementar presupuestos para la construcción de hospitales veterinarios públicos, fuertes campañas de adopción, construcción de refugios (y apoyo a los existentes) para el rescate, tránsito y recuperación de animales.

Todo esto es el marco ideal para que proliferen estos criaderos de tintes mafiosos, como se demostró hace unos años el brutal lobby de los explotadores de perros galgos cuando se sancionó la ley que prohibía las carreras. Una lucha que desde el parlamento nacional acompañó fielmente la bancada del Partido Obrero en el FIT-U.

Los sucesos de esta semana respecto a los caninos deben obligarnos a llamar a la más amplia organización independiente de las asociaciones protectoras, las barriadas, profesionales a discutir y desarrollar un plan de acción en defensa de los animales, empezando por exigir a los gobiernos los recursos necesarios, vedados por el ajuste al servicio del FMI.

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