En su reciente paso de campaña por San Juan, Alberto Fernández volvió a insistir en su apoyo al “modelo” de explotación minera que supieron erigir los gobiernos peronistas de José Luis Gioja y Sergio Uñac, al punto de sostener una verdadera provocación. “Celebro lo que ha hecho San Juan, que es explotar los minerales sin desatender el interés social de las comunidades aledañas (…) La Argentina necesita eso, que produzcamos, que exportemos y que entren divisas. Todo eso necesitamos hacerlo con la ética que requiere que vamos para adelante sin lastimar la vida de nadie”, declaró en un acto el candidato del Frente de Todos.

El modelo del saqueo y la depredación ambiental

Fernández ya había elogiado el “modelo sanjuanino” en varias oportunidades, y de hecho una de sus primeras acciones luego de su triunfo en las Paso de agosto fue reunirse con las gobernadoras de Catamarca y Santa Cruz, Lucía Corpacci y Alicia Kirchner, junto a gerentes de ocho mineras multinacionales. Allí se habría comprometido a brindarles “seguridad jurídica” para sus negocios y libertad para girar sus ganancias al exterior. Hasta trascendió que estarían evaluando crear un sistema de fideicomisos en el exterior como el que Nielsen propone para Vaca Muerta, lo cual apuntaría a preservar los dividendos de los pulpos mineros de cualquier acción que pueda ejercer el Estado argentino –entre otros motivos, por desastres ambientales.

Es que justamente si algo mostró la explotación megaminera en San Juan, y en particular Veladero (la mina más grande del país), es el enorme daño que genera en las poblaciones cercanas y en otras ramas de la economía de la provincia. En estos días debería definirse la fecha de inicio del juicio por el derrame un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada sobre el río Potrerillos, que decantó en el Río Jáchal. En esa causa no hay procesado ningún ejecutivo de la Barrick Gold, pero sí cinco funcionarios nacionales. Recordemos que la justicia sanjuanina que debía juzgar el accionar de los funcionarios provinciales dio por terminado el conflicto a cambio de una irrisoria multa de 10 millones de dólares.

Esa intervención judicial fue una reacción a la rebelión del pueblo de Jáchal, ubicado 300 kilómetros río abajo de Veladero, que se levantó contra este atropello, protagonizando verdaderas puebladas. Hace más de 1.400 días que sostienen un acampe frente a la Municipalidad para exigir que se mitigue el daño ambiental, ya que los cursos de agua continúan con altos niveles de mercurio, lo cual tiene un efecto devastador en la agricultura. Sin embargo, la empresa sorteó estos años todo obstáculo que pudiera afectar sus ganancias. “La compañía siguió minando, extrayendo material y acumulando. Eso es lo que nos permite pensar que prácticamente no se dieron pérdidas con la suspensión” habría declarado un ejecutivo de la Barrick (Iprofesional, 28/7/17).

Lo peor es que se siguieron registrando derrames, pero el gobierno sostiene un manto de impunidad sobre el accionar de la minera. En febrero de este año, a instancias de la Asamblea Jáchal No se Toca, la Universidad de Cuyo realizó un estudio del agua que demostró niveles de mercurio y aluminio mayores a los que se registraron luego del derrame de 2015. Cuando el ministro de Minería de San Juan celebró recientemente el fallo de la corte sobre la Ley de Glaciares que dejaba librados los controles a las provincias, festejaba la potestad de seguir encubriendo a la depredación ambiental.

Exportar y exportar… para pagar la deuda

Pero Fernández insistió en ampliar el negocio de las mineras: “es cierto que Vaca Muerta es una gran oportunidad, pero el litio y el silicio también, el oro, el cobre, son muchas las oportunidades que la minería nos ofrece”. Se hace eco así del lobby por destrabar la explotación del proyecto binacional Pascua Lama (suspendido por la justicia chilena). Agregó que “con la deuda que nos deja Macri, la minería tiene una gran oportunidad para hacernos con los dólares que necesitamos”, es decir que el saqueo de los recursos naturales por los pulpos de la megaminería tendría por fin máximo el pago al FMI y los usureros internacionales. Para desmentir la falacia de que se trata de un motor de desarrollo, baste decir que en un rubro que explica casi el 80% de las exportaciones provinciales dos tercios de los trabajadores están tercerizados.

La impostura de Alberto para incentivar a las mineras no es, de todas formas, un vuelco en la política sostenida hasta ahora. El CEO de la Barrick Gold, Marc Bristow, estuvo en San Juan hace un mes y entre sus afirmaciones destacó que “la grieta política que existe en Argentina no me preocupa” (Diario de Cuyo, 29/8/19). No es de extrañar, si consideramos que Macri firmó con los gobernadores el Acuerdo Federal Minero que fijó los míseros topes en los ítems que pagan las empresas -del 3% en el caso de las regalías y del 1,5% en el de los fideicomisos para obras en las zonas de las explotaciones- además de provincializar el control del impacto ambiental.

Contra la entrega de los recursos del país a pulpos multinacionales con el fin de garantizar otro saqueo que significa la deuda externa, oponemos la nacionalización integral de la industria minera, el control obrero de la producción y el poder de veto de las comunidades afectadas, para invertir la riqueza en un plan de mitigación del daño ambiental y el desarrollo de formas sostenibles de producción.