En un nuevo episodio de la historia que se repite en la provincia de Córdoba, la Justicia vuelve a fallar del lado de los intereses capitalistas, esta vez permitiendo que avance un proyecto inmobiliario en el Montecito, Unquillo. El juez Leonardo Massimino, en un fallo que no sorprende pero indigna, rechazó el Amparo Ambiental Colectivo presentado por la comunidad, claramente en favor del negociado inmobiliario.

Este fallo, lejos de ser una excepción es parte de una estructura judicial diseñada para proteger a los desarrollistas y a las empresas que lucran con la destrucción del ambiente. No se trata de simples errores o fallos individuales: la Justicia provincial actúa como un brazo ejecutor de los intereses del capital, siempre lista para defender la expansión del cemento en detrimento del bosque nativo. Mientras que la ciudadanía lucha por preservar lo poco que queda de naturaleza, las sentencias judiciales parecen redactadas desde las oficinas de los desarrolladores y contaminadores.

Es fundamental señalar que el proyecto inmobiliario aún no tiene la factibilidad definitiva de la Municipalidad de Unquillo, como lo informó AMU (Asamblea del Monte de Unquillo) en un reciente comunicado. Esta última barrera podría ser la única defensa que queda frente a un sistema que, crisis ambiental mediante, sigue permitiendo la proliferación de emprendimientos inmobiliarios en zonas críticas. El contexto de incendios, sequías y pérdida de biodiversidad parece irrelevante para los jueces que no dudan en otorgar carta blanca a los especuladores.

Por ello, es necesaria la más amplia movilización de los vecinos y organizaciones ambientales de todo el corredor para rechazar el avance de la especulación inmobiliaria. Exigir a la Municipalidad de Unquillo que no otorgue la factibilidad al proyecto y que se retrotraiga la habilitación por parte de la Justicia provincial. Está claro que el municipio no dará un paso atrás a menos que se sienta presionado por la movilización popular. Esta lucha no es nueva: en la última década, los municipios de Sierras Chicas han sido aliados incondicionales de los desarrollistas, permitiendo un avance destructivo sobre áreas clave de nuestro ecosistema. Al servicio de esta orientación gobierna Martín Llaryora.

Desde Tribuna Ambiental Córdoba planteamos todo nuestro apoyo y seguimos levantando la bandera de un frente único provincial de agrupaciones, asambleas, defensores ambientales, brigadas y pueblos originarios contra el avance de los depredadores.

Abajo el fallo. Basta de desmonte. No al RIGI.

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