La estructura productiva de Uruguay está provocando la peor crisis hídrica de los últimos 70 años. Muchos habitantes carecen de agua potable y protestan movilizándose por las calles de Montevideo frente a los organismos del Estado.

Si bien las autoridades atribuyen la falta de agua a la sequía que afecta a la región los últimos tres años, hay que agregar el aumento de la producción de bienes primarios que consumen gran cantidad de agua, es decir: la celulosa, la carne y la soja, destinados a la exportación. Esto constituye una expoliación que ni siquiera redunda en bienestar de las personas.

Existen actualmente tres enormes plantas de celulosa localizadas en Fray Bentos, Colonia y Paso de los Toros que consumen 17 millones de toneladas de madera al año. Esas maderas provienen de grandes forestaciones de eucaliptus, especie exótica que consume mucha agua de los acuíferos y que ha desplazado a bosques y praderas naturales. Las exportaciones de celulosa serían de 2.600 millones de dólares, mientras que la carne vacuna ronda los 2.300 millones y le sigue la soja con 1.200 millones de dólares. Todas actividades que consumen agua superficial y de los acuíferos. Las exportaciones y el producto bruto crecen, pero los ingresos y la calidad de vida de la población disminuyen.

Como todos los países periféricos, Uruguay sufre el fenómeno de la gentrificación. Las urbanizaciones privadas, algunas dispuestas sobre humedales, también influyen sobre en esta crisis hídrica.

La zona metropolitana, la industria y los trabajadores

En Montevideo, Canelones y San José hay riesgo de total desabastecimiento de agua. Hace ya casi un mes que el agua no sabe igual. Se siente salada, se ve más oscura. El Ejecutivo debió salir a abastecer a hospitales y hogares de cuidado, los lavaderos están restringidos y la refinería nacional tuvo que tomar medidas para evitar frenar la producción de combustible, que también usa agua en su proceso. Las industrias farmacéutica y alimenticias se ven muy afectadas por la falta de calidad del agua. Esta crisis histórica impacta sobre más de dos millones de personas.

Obras Sanitarias del Estado (OSE) se encarga de la provisión de agua desde 1952. La zona metropolitana se provee fundamentalmente del río Santa Lucía, curso de agua de 248 kilómetros. A 56 kilómetros al norte de Montevideo, sobre ese río, se encuentra Aguas Corrientes, la represa y mayor planta de potabilización de todo el país. Cuando ese agua no es suficiente, intervienen las represas de Canelón Grande y de Paso Severino, que están río arriba. La primera está seca y, la segunda, prácticamente vacía.

A principios de mayo gran parte de la población notó que el agua en vez de ser insípida, incolora e inodora, era salada y amarronada. El 4 de mayo, el Ministerio de Salud Pública cambió la normativa que regula la potabilización: aumentó los niveles permitidos de cloruro de 300 miligramos por litro a 700; y de sodio de 200 a 400, por el plazo de 30 días. Números que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Según informaron, se tomó esa decisión para poder responder a la demanda y poder mezclar el agua del río Santa Lucía con la obtenida de aguas abajo, del Río de la Plata, mucho más salada.

“El agua de OSE no es potable, pero es bebible”, sostuvo ante la prensa el ministro de Ambiente uruguayo. Asimismo la ministra de Salud sugirió a la población cambiar la alimentación y dejar “las papas chips y los chorizos” para que el consumo del agua de bebida sea menor. Comunicaron que tomaron medidas para garantizar el agua para centros de primera infancia, escuelas y hospitales, así como para pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, cirrosis y lactantes. Además, hicieron otros tres anuncios: la adquisición de una planta desalinizadora modular traída de USA, agilizar las reparaciones de OSE en las redes de cañerías y la puesta en marcha del llamado proyecto Neptuno, la alternativa privada de gestión del agua.

Por su parte, el sector industrial se expresó a través del presidente de la de la CIU (Cámara de Industria Uruguaya), Fernando Pache manifestó que la situación es compleja. Casi el 80% de las empresas que no tienen un plan B para el agua se verán forzadas a detener la producción. Ya muchas empresas han manifestado que si tienen que parar de producir por este tema la primera medida automática es el envío a seguro de paro para algunos trabajadores (La Mañana, 7/6).

¿Seguir haciendo represas o privatizar el agua?

El gobierno anterior generó el proyecto Casupá para construir una represa a 100 km de Montevideo con financiación de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Pero quedó en suspenso por la gestión actual cuando decidió en su lugar promover el proyecto Neptuno. La idea es construir una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en Arazatí, cuya licitación anunció Lacaye Pou en noviembre pasado. Esta planta tiene los inconvenientes de proveerse de un río contaminado y con influencia marina cuya agua es costosa de potabilizar. Pero además, la oposición de centroizquierda considera que se trata de una privatización y que la gestión debe ser pública estatal, caso contrario va contra la Constitución, y el derecho al agua es un derecho humano (artículo 47).

Gobierno y oposición no dan una salida, dado que no atacan las causas de fondo. Estas pueden resumirse en los dichos del doctor Marcel Achkar de la Universidad de la República (Udelar): “a la sequía se suma: el avance de la forestación (con especies de rápido crecimiento), la intensificación agraria (con degradación de suelos), la construcción de embalses (para uso agropecuario) y la desecación de humedales (para avance de la agricultura y ganadería). En general la artificialización de los reservorios de agua ha reducido la capacidad de los territorios de ‘producir agua’”, precisó en El Destape. Sin embargo, el investigador aseguró que “toda la actividad biológica se vio afectada”, por lo que se deberá monitorear a partir de que comiencen a regularizarse las precipitaciones. Además, previó que si no llueve en diez días la población de la zona metropolitana se quedará sin agua potable, al igual que estiman las mismas autoridades. A cambio, contarán con “agua que progresivamente aumenta los tenores de sodio y cloruro”, cuyo consumo directo no está recomendado.

Por su parte el sindicato de OSE denuncia la falta de inversión, dado que el 50 por ciento del agua “se pierde” por roturas en las cañerías y la falta de trabajadores para abordar este problema porque la planta se redujo en unos mil puestos desde que asumió Lacalle Pou.

Cambio climático y sistema de producción capitalista

“Esta es una sequía extraordinaria. Si uno compara con el registro de precipitaciones de los últimos 44 años para esa región del suroeste del país, encuentra que no hay ningún registro parecido a este”, explica Barreiro, investigador de la Universidad de la República.

De acuerdo con el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en la cuenca del Río de la Plata, que incluye Uruguay, sur de Brasil, Argentina y Paraguay, las sequías a futuro serían más frecuentes y más severas.

El sistema productivo extractivista orientado al consumo de los países imperialistas está secando los suelos.

Ambas causas que se retroalimentan generan la catástrofe del agua. Los gobiernos de la burguesía que vienen alternándose en el poder no tienen un plan de salida para esta crisis.

Los trabajadores de todas las actividades de las industrias y los servicios pueden organizarse para tomar las riendas de la situación y hacer los cambios integrales que se requieren para garantizar el consumo de agua por medio de una planificación de la economía.

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