Hace unos días, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de protección de los glaciares. La totalidad de los senadores presentes votó afirmativamente, con la única excepción del sanjuanino Gioja, que se retiró del recinto no bien se enteró de qué se trataba.

Los glaciares son proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. De ellos dependerá nuestra subsistencia en un futuro no muy lejano.

Por medio del decreto 1837/2008, del 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo “observa” que:

1) No es conveniente tener un inventario de glaciares porque la zona de emplazamiento es próxima a Chile;

2) El artículo 6 impedía la construcción, explotación minera o petrolífera. La Secretaría de Minería que “considera que los presupuestos mínimos de calidad ambiental no pueden limitarse a la prohibición de actividades”.

3) La actividad está controlada por las provincias, cosa que sabemos no es cierto. Las provincias no tienen la capacidad (ni la voluntad) de controlar a los pulpos mineros.

4) No es conveniente que, para cumplir con el artículo 15, las empresas ya emplazadas tengan que someterse a una auditoría en el plazo de 180 días, a riesgo de tener que cesar su actividad o trasladarse.

5) Los gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su “preocupación” por las inversiones que se llevan a cabo en sus provincias.

En definitiva, el Ejecutivo gobierna para la actividad minera a cielo abierto. ¿Qué ‘sociedad’ une a nuestros gobernantes con los extractores de metales, que no pagan retenciones a las exportaciones, sobreexplotan los acuíferos y contaminan el suelo?

La Comisión de Recursos Naturales de Diputados rechazó el veto y reclamó que la cuestión sea tratada en la Cámara. Para que la ley sea aprobada, serán necesarios los dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores. Si se lograran esas mayorías, CFK no podría vetarla; estaría obligada a promulgarla.