La Municipalidad de Vicente López cuenta con una Reserva Ecológica creada y protegida mediante una ordenanza del año 1983 e inaugurada en el 2000. Pero el intendente Jorge Macri tuvo siempre como objetivo realizar un camino ribereño ubicado sobre la costa, entre las calles Paraná y Bermúdez del barrio El Ceibo, zona de alto valor inmobiliario debido a su excelente ubicación. Los vecinos no se oponían a ese corredor, pero sí cuestionaban su realización dentro del área protegida que pasaría por dentro del pastizal pampeano, zona de gran diversidad de flora y fauna. Este humedal posee ambientes naturales del noreste de la provincia de Buenos Aires, previos a la urbanización, a los cuales se pretendía proteger y conservar.

Los vecinos proponían que el camino pasara por fuera del pastizal, para no interferir con el ecosistema. Diversas acciones de protesta fueron llevadas a cabo a principios del año pasado por distintas agrupaciones de vecinos y ambientalistas, y meses de negociaciones entre estos y los funcionarios municipales ocuparon la agenda. Sin embargo, en los últimos días de abril de 2020, durante el aislamiento obligatorio por la pandemia, los vecinos del barrio Los Ceibos se despertaron con los ruidos de las obras iniciadas en plena Reserva Ecológica. Pese a las protestas y a una medida cautelar dictada por la Justicia, y su consecuente paso a la Corte Suprema que obligaba a parar las obras, los trabajos fueron continuados y finalizados.

En su momento, los vecinos habían rechazado también el estudio de impacto ambiental llevado a cabo en la zona, realizado por la consultora Iatasa, empresa que ya estaba denunciada en varios estudios por su deficiente calidad. La Municipalidad de Vicente López se negó al pedido de las agrupaciones en lucha que solicitaron que el estudio sea efectuado por la UBA u otra institución de ese carácter. El estudio realizado por Iatasa, por el cual se pagó casi medio millón de pesos, resultó desastroso: fue realizado en solo dos días, sin una correcta investigación de campo y firmada por una arquitecta cuyo nombre no está registrado en la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).

Cabe destacar, que tampoco la OPDS hizo absolutamente nada ante estas irregularidades. La obra se concluyó de espaldas al pueblo de Vicente López, sin tener en cuenta sus reclamos, sin contar con un correcto estudio de impacto ambiental y mostrando un total desprecio por la población. De más está decir que el “emprendimiento” municipal destrozó el pastizal pampeano y al ecosistema que debía ser protegido por considerarse una Reserva Ecológica.

Queda, por lo tanto, absolutamente claro cuál es el propósito exclusivo del intendente Macri, al cual solo lo mueven sus proyectos económicos a expensas de toda la población y para los cuales está dispuesto a violar más de una norma para conseguirlos defraudando incluso a sus propios votantes.

Lo ocurrido en Vicente López es un ejemplo de la importancia de sancionar cuanto antes una Ley de Humedales para proteger estas áreas naturales. Hoy es una campaña de lxs vecinxs que defienden el ambiente frente a la desidia y la ambición económica de políticos y empresarios, que no se detienen ante nada y para los cuales el lucro económico es lo único que vale (para ver el comunicado de las organizaciones vecinales: https://vecinosaipo.wixsite.com/agrupuertodeolivos/documentos-y-videos).

Los humedales son hábitats de una amplia diversidad biológica, de la cual una alta proporción corresponde a especies endémicas, alguna de ellas amenazadas. Desempeñan un importante papel en el control de las inundaciones y en la mitigación del calentamiento global, además de ser proveedores de agua, bienes y servicios generando gran variedad de productos vegetales, animales y minerales. Los humedales son ecosistemas fundamentales para la sostenibilidad de la vida y su conservación, por lo tanto, esenciales para el desarrollo y el bienestar humano.

Si el proyecto de Ley de Humedales no avanza prontamente en su tratamiento legislativo perderá estado parlamentario, como ya ocurriera en el 2013 y el 2016. En estos años, la ley había obtenido media sanción en el Senado y en Diputados respectivamente, pero en ambos casos se evitó su tratamiento por las presiones de los sectores mineros e inmobiliarios.

Producto de los incendios del año pasado, que dejaron el trágico saldo de miles de hectáreas de humedales incendiados en el Delta del Paraná, se gestó una nueva movilización popular para exigir finalmente la sanción de la Ley de humedales. Se presentaron hacia mediados de 2020 quince proyectos de ley finalmente unificados en un proyecto que obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. Ahora, nuevamente, estamos frente a la inminencia de otra frustración. Si el proyecto no es tratado en el transcurso de este año, la ley continuará siendo, como desde hace casi una década, solo una expresión de deseos.

En el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos que, detrás de los desmontes e incendios y la deforestación indiscriminada, se encuentran los intereses de terratenientes y desarrolladores inmobiliarios y la expansión de la frontera sojero-ganadera. Esto conduce, inevitablemente, a la expulsión de campesinos y pueblos originarios de sus tierras, a la contaminación del agua, de los alimentos, al aumento de inundaciones y sequías y demás desastres ambientales, con el prejuicio para toda la población. No hay voluntad política en el oficialismo ni en la oposición para detener esta depredación ambiental. Solo los trabajadores, organizados, podemos hacer efectiva, no solo la Ley de Humedales, sino recuperar una tierra sana y luminosa para las futuras generaciones.

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