El ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís -ex gerente de Monsanto- emitió días atrás la resolución 246-MAGP-18 que entró en vigencia el 1º de enero, por la cual autoriza la aplicación de agrotóxicos en los lotes contiguos al área urbana, suburbana, cuerpos de agua, escuelas y reservas naturales.

Para justificar la medida, el funcionario cita un documento desconocido de un grupo de trabajo interministerial sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), en donde se busca embellecer las prácticas de aplicación como un conjunto armónico de técnicas que minimizan sus efectos adversos. Se dice que las aplicaciones de fitosanitarios se deben formular “de acuerdo al interés común de los habitantes de la nación”; y que regular distancias y superficies no es esencial sino que todo depende de las BPA, dejando librado a que cada municipio delimite las áreas o establezca la zona de amortiguamiento.

Nada más alejado de la realidad. Como BPA se entienden a un conjunto de pautas cuya base bibliográfica son los propios folletos de cada una de las industrias productoras. Se  desconocen las más de 800 investigaciones nacionales y muchas más de carácter internacional, incluidas las de la Organización Mundial Salud, que aportan claridad sobre lo enormemente nocivos que resultan estos productos.

La resolución plantea la presencia de un profesional como veedor en cada aplicación -situación de cumplimiento no solo improbable, sino más bien imposible. Delega en los municipios la gestión y el control, a sabiendas de la imposibilidad de ejercer esta función por razones presupuestarias y falta de personal. La única medida de cierta coherencia es la prohibición de aplicaciones durante el horario escolar para las zonas limítrofes con establecimientos educativos.

Mencionar que regular distancias y superficies no es esencial, implica un desconocimiento total de los efectos de la pulverización, con utilización de equipos aéreos y también con terrestres; la deriva que puede producirse de las microgotas puede alcanzar varios miles de metros, como está reflejado en el proyecto de Ley de agroquímicos presentado por el bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, en donde se establecen distancias mínimas para equipos errestres (3.500 metros) y aéreas (4.500), además de prohibirse la reutilización de envases, así como la circulación de equipos aplicadores y el establecimiento de depósitos de agrotóxicos en zonas urbanas.

Lo que busca el gobierno provincial -en línea con la política de Nación- es favorecer a las grandes empresas productoras y a las cámaras de empresarios agrícolas, a costa del deterioro de la salud de los más de cinco millones de habitantes rurales y del medio ambiente provincial. Ello cuando se torna necesario establecer el marco de acción para obtener un uso racional de agroquímicos, fertilizantes y otros plaguicidas, tendiente a minimizar los riesgos y los efectos ya comprobados. 

Al igual que en todo el país, en la provincia existen cientos de denuncias realizadas por poblaciones afectadas, por asociaciones/ONGs que reclaman controles más estrictos y regulaciones para el uso de estos agroquímicos, basándose en evidencias médicas contundentes sobre la enorme cantidad de enfermedades que se registran entre las poblaciones del medio rural.

Es preciso reducir al mínimo los peligros y riesgos que supone la utilización de agroquímicos para la salud y el medio ambiente, adoptando marcos normativos adecuados, maximizando la prevención, autorizando o limitando prácticas y/o prohibiendo o reglamentando su uso, teniendo en miras la vulnerabilidad de la población y no tan solo el perfil toxicológico del riesgo que implica su utilización.

Todo lo contrario de la política del gobierno provincial, al servicio de las grandes multinacionales productoras de agroquímicos y de las cámaras de capitalistas agrícolas.