Un comunicado de la minera canadiense Yamana Gold sacó a la luz un acuerdo comercial firmado con Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), para poner en marcha el proyecto Suyai, de extracción de oro en las cercanías de Esquel. El empresario argentino aseguró que desembolsará 31,6 millones de dólares hasta 2024 por el 40% del proyecto, mientras que el otro 60% se lo queda el pulpo.

En la región se hallaron 3,9 millones de onzas de oro, cuya explotación está frenada desde que en 2003 el pueblo de Esquel se levantó con su célebre “No a la mina” y conquistó la ley provincial 5001. Esta norma prohíbe la minería metalífera, y en su artículo 2 establece que el Consejo Provincial del Ambiente deberá autorizar “zonas de exclusión” donde se podría desarrollar la actividad. La presión popular en toda la provincia frustró los intentos de ejecutar esa “zonificación” (como sucedió con la Meseta chubutense), por lo que hasta el momento la extracción de metales está prohibida en todo el territorio Chubut.

Sin embargo, hace tiempo que se desarrolla una ofensiva de los pulpos mineros para lograr la habilitación en la provincia. Es el caso del Proyecto Navidad de la también canadiense Pan American Silver. Yamana Gold, por su parte, compró hace más de 10 años compró a Meridian Gold el viejo proyecto El Desquite, donde ahora pretende desarrollar el Suyai. Eduardo Elsztain, que es uno de los empresarios más poderosos del país (dueño además de los principales shoppings de la Capital, del Banco Hipotecario y de empresas agropecuarias como Cresud) tendrá un papel clave en este lobby, ya que “asumirá toda la responsabilidad de los asuntos ambientales, sociales y de gobierno”, y “liderará los esfuerzos por permisos destinados a avanzar en el proyecto”, según asegura el comunicado de Yamana Gold.

Este lobby de las mineras empalma con los intentos de los gobiernos provincial y nacional, que desde hace años buscan avanzar en el desarrollo de la actividad minera. Las impagables deudas en moneda extranjera tanto de Chubut como de la Argentina, y la voluntad del gobernador Mariano Arcioni y del presidente Alberto Fernández de garantizar el repago, han reforzado esas presiones; y ello más aun cuando se disipan las ilusiones de obtención de divisas mediante la exportación petrolera y gasífera de Vaca Muerta por el desplome de los precios internacionales, y cae además la exportación de soja a China. Ya previo a la depresión desatada por el coronavirus, Arcioni buscaba que la Legislatura avance en las zonas de exclusión y creaba un área de Minería en el gobierno, mientras que Alberto Fernández se reunía con los grandes pulpos para impulsar el “modelo San Juan” -es decir de devastación ambiental comandado por la Barrick Gold.

Esa orientación se estrelló de lleno contra la rebelión mendocina, que hizo retroceder la modificación pro cianuro de la ley 7722 que ya había sido sancionada por los bloques de la UCR y el PJ en la Legislatura de la provincia cuyana. En ese mismo momento, durante los primeros días del año, el gobierno de Arcioni volvía a reprimir en Chubut a los activistas que se concentraban para rechazar el intento de modificación de la ley 5001.

Este lunes 4, al conocerse la nueva noticia, se realizó una masiva movilización en Esquel y en toda la provincia –respetando el distanciamiento social- para ratificar la oposición popular a la instalación de la minería. Además del impacto ambiental, está claro que la entrega de los recursos naturales de la provincia a los pulpos multinacionales no abre ninguna vía de desarrollo para el pueblo chubutense, como muestra el esquema de explotación petrolera en el cual las regalías van directo al pago de la deuda. La actual lucha de los mineros neuquinos de Andacollo testimonia a su vez los atropellos patronales contra las condiciones de trabajo y de vida que llevan adelante las mineras. La respuesta del gobierno de Arcioni, una vez más, es la persecución, para lo cual acaba de contratar a un funcionario que se encargue de ciberpatrullar al activismo.

Esta intervención de los trabajadores es crucial para detener esta nueva ofensiva de los pulpos mineros y los gobiernos provincial y nacional. A esta entrega, le oponemos la nacionalización sin pago y bajo control obrero de toda actividad minera del país, y el poder de veto de las poblaciones afectadas por los emprendimientos.