El yaguareté está en peligro crítico de extinción y el máximo tribunal de justicia del país tiene que resolver sobre un pedido de amparo para suspender los desmontes en algunas de las provincias que abarcan al Gran Chaco argentino. Para ello, la corte convocó a una audiencia pública que debería realizarse antes que finalice el primer semestre del 2022.

Cabe aclarar que la región del “Gran Chaco” abarca las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, oeste de Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca, y el oeste de Corrientes. La reducción del felino más grande del continente americano es enteramente proporcional a la alarmante tasa de deforestación en la zona.

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Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en el Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Cada animal necesita aproximadamente 40 mil hectáreas de bosque continuo y en conservación para poder sobrevivir, una superficie similar a dos ciudades de Buenos Aires.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta el año 2020 se perdieron 3.257.128 hectáreas de bosques nativos. El 74% de los desmontes se produjeron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, principalmente por ganadería intensiva y soja. Para el caso de Santiago, es una de las provincias con mayor desmonte del planeta. Desde principios del siglo XX, el jaguar ha perdido el 95% de sus áreas de distribución, debido a la reducción de los montes y selvas y la caza ilegal para la venta de sus pieles.

En esta crítica situación, los proyectos de reintroducción de jaguares en algunas reservas naturales (como los Esteros del Iberá) son insuficientes sino se termina con la tala indiscriminada de vegetación. Para peor, están controlados por ONGs ligadas al imperialismo norteamericano, como la fundación de la viuda del magnate y filántropo Douglas Tompkins.

Según describe el portal de la organización ecologista Greenpeace (21/3), es la primera vez en la historia jurídica de nuestro país que se realizó una presentación en nombre de una especie y de los derechos de la naturaleza. La demanda fue realizada en julio de 2019 contra las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero y el Estado Nacional, por no cumplir la Ley de Bosques, y así permitir que se destruya el hábitat del yaguareté.

El amparo solicita que se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, la entidad ambientalista presentó el año pasado una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias.

En defensa del yaguareté, basta de desmontes

En función de lo descripto anteriormente debería ser la oportunidad para relanzar una fuerte campaña contra los desmontes, mientras se desarrolle la audiencia pública convocada por la Corte. Teniendo en cuenta, además, el proyecto de ley presentado en su momento por la banca del Partido Obrero y el Frente de Izquierda de prohibición de desmontes. La preservación del yaguareté, animal clave para la biodiversidad es igual a terminar con la depredación ambiental de la que es responsable el Estado y los grandes capitalistas.

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