Hace 17 años se producía una masacre de casi 200 pibes en el boliche Cromañón, situado a metros de la Plaza Miserere (Once). Una semana antes había ardido también la media sombra colocada en el techo pero habían podido apagarla. El lugar estaba ilegalmente abierto y responsables de bomberos y de control de la Ciudad fueron imputados y condenados por eso con penas menores. El movimiento de familiares demostró que el propio Ibarra había recibido alertas que decidió no atender pero el exjefe de Gobierno ni siquiera estuvo imputado en la causa.

Su destitución en 2006 fue resistida por todos los sectores políticos. Los familiares iban a buscar a sus casas a legisladores macristas y radicales para que la votaran, algo que solo hicieron totalmente rodeados por familiares desgarrados por la pérdida de su hijos, nietos, amigos, etc.

La reacción inmediata del gobierno de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman (dueño del boliche La Trastienda) fue la de tapar lo que estaba sucediendo. Contaron para eso con el apoyo del gobierno de Néstor Kirchner. En las calles se cantaba dónde estaba el entonces presidente, que, como ocurriera frente a otras tragedias, no había abierto la boca. La estrategia kirchnerista era la cancelación. De igual manera actuaron con Julio López y ahora con Facundo Castro o Tehuel.

 

Apilaron a víctimas en el Hospital Ramos Mejía. Frente a la morgue se juntaban familiares que no contaban con la información. Aunque a la zona de Once la rodean al menos 10 hospitales privados y públicos, al Hospital de Clínicas recién empezaron a ingresar a víctimas después de las 12 de la noche. La excusa era que el Clínicas (el hospital de la Ciudad más adecuado para emergentología por sus dimensiones) no pertenece a la red del SAME, una locura de jurisdicciones que se mantiene hasta hoy.

El encargado de armar la protección a Ibarra fue el jefe de Gabinete de Kirchner y cuñado por entonces de Ibarra, Alberto Fernández. Se infiltraron en marchas y jóvenes militantes de fuerzas oficialistas permanecían en Once para tratar de desviar al movimiento para que no fueran por las responsabilidades políticas, reprimieron a los familiares y usaron los medios para tratarlos de locos, macristas y otras acusaciones. De la mano del actual presidente designaron a Juan José Álvarez al frente de la seguridad de la Ciudad. El hombre había sido uno de los máximos responsables impunes de la masacre del puente Pueyrredón dos años antes. “Ibarra mata en Cromañón, Álvarez mata en el Puente Pueyrredón” le cantábamos en las marchas.

La lucha de Cromañón concretó por la vía de los hechos la máxima política expresada por Mariana Márquez, la madre de una de las víctimas antes de morir ella misma también por el avance, luego de la masacre, de un cáncer que se la llevó en meses, como ocurriera con tantos otros familiares. Mariana había sentenciado que Ibarra iba a ser un “cadáver político”. A pesar del esfuerzo del presidente y de otros amigos por reponerlo, esa máxima política se cumplió. El poder del Estado actuó para salvarlo, el movimiento popular lo condenó.

Aún hoy se espera el juicio y castigo al responsable máximo de la masacre de Cromañon, el exjefe de Gobierno Aníbal Ibarra.

 

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