Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, transformó la condena a tres de los  masacradores de Trelew en un acto oficialista. Sin embargo, los fusilamientos de 19 militantes del ERP, las FAR y Montoneros, cometidos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la entonces base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, Chubut, fueron un crimen de Estado. Aquellos asesinos disfrutaron de cuatro décadas de completa impunidad.

La pregunta se impone: ¿qué hicieron en estos 40 años los Alfonsín, los Kirchner del menemismo, los Chacho Alvarez y Garrés de la Alianza, los Aníbal Fernández del duhaldismo y así de seguido? Fueron cómplices del encubrimiento. La condena por crímenes políticos que no se producen en tiempo y forma pierden lo esencial de su función histórica, que es desmantelar el estado de cosas que llevó a su comisión. Sin embargo, como todo el mundo comprueba en forma cotidiana, en Argentina no ha sido desmantelado el Estado policial. Si el acto oficialista que celebró las condenas hubiera desarrollado este planteo político, habría sido sin duda un acto revolucionario, al menos en principio. Lo que importa no es defender el poder punitivo del Estado (capitalista), incluso contra criminales políticos o de lesa humanidad, sino desenmascarar a ese Estado (capitalista) punitivo, que es la causa última de la comisión de esos asesinatos.Los cambios de regímenes políticos e incluso de gobiernos, sobre la base del mismo Estado (capitalista), opera como un salvataje o rescate de esa organización de la violencia política contra los explotados y los pueblos.

Los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio del Real, y el cabo Carlos Marandino, los sicarios del crimen, han sido condenados cuando tienen un pie en la tumba, y lo que es aún peor permanecerán en libertad “hasta que “la sentencia quede firme”. Para que eso suceda puede transcurrir mucho tiempo.

Por otra parte, fueron absueltos el entonces jefe de base, el ex capitán de navío Rubén Paccagnini (como si los fusilamientos hubieran podido ejecutarse sin su conocimiento, si no directamente por su orden), y el ex capitán Jorge Enrique Bautista, acusado de encubrimiento. Después de 40 años, esas condenas y esas absoluciones son lo más parecido a una farsa trágica.

Otro criminal impune es el ex contraalmirante Horacio Mayorga, quien no fue juzgado por haber padecido un accidente cerebro-vascular. Ése, con toda seguridad se muere sin siquiera haber pasado por una instancia judicial. También está libre el ex capitán de navío Roberto Guillermo Bravo, prófugo en los Estados Unidos y protegido por la Justicia yanqui, que negó la extradición. Festejar esto y hacer alharaca por las “condenas” es un engaño morboso.

En aquel momento, dicho sea al pasar, fuertes movilizaciones repudiaron los crímenes y, de algún modo, el repudio a los fusilamientos contribuyó a acelerar la crisis política en que estaba sumida la dictadura a partir del Cordobazo, en 1969. Un sólo hombre guardó silencio: Juan Domingo Perón, aunque varios de los asesinados habían muerto por él. El acto oficialista posterior a las sentencias, se esmeró por ocultar este hecho. No debe extrañar: poco más de un año después, el viejo general crearía la Triple A, un equipo criminal nacido de las entrañas del Estado e integrado, básicamente y al menos en su primera época, por bandas de la burocracia sindical y de la Policía Federal.