Durante los días transcurridos entre el 3 y el 20 de julio de 1972, bajo la dictadura del general Agustín Lanusse, el pueblo de General Roca (hoy Fiske Menuco) protagonizó uno de los episodios de rebelión popular que a cincuenta años pretende ser institucionalizado y transformado en “una protesta pacífica”.

El “Rocazo” en realidad expresó, como otras puebladas de aquella época (por ejemplo el Mendozazo en abril de 1972), la lucha popular por echar del poder a la dictadura militar que gobernaba el país desde junio de 1966. Y como tantas rebeliones populares, el motivo que las desencadena puede ser variado y no necesariamente son los sectores obreros y populares las que las inician.

En el caso del “Rocazo” el detonante fue la división de la circunscripción judicial con sede en General Roca (Fiske Menuco) y la apertura de nuevos juzgados en Cipolletti, lo cual afectaba el manejo del aparato judicial a determinadas instituciones de General Roca. Por eso la primera reacción provino del Colegio de Abogados y la Cámara de Comercio local, quienes decidieron convocar a una asamblea, que con el ingreso al proceso de las barriadas y los sindicatos tomó las características de una asamblea popular. En un primer momento la dirección del movimiento trató de negociar con las autoridades locales. El lema central era “Roca de pie”, pero con la incorporación de los sectores obreros y populares. Bien pronto el eje del movimiento fue “Requeijo Andate”. El general Requeijo era el interventor de la dictadura en la provincia de Río Negro.

En palabras de quien era el director del diario Río Negro en aquel entonces, Julio Rajneri, en la entrevista que le hace el diario sobre los hechos reconoce que “la transformación de un reclamo específico a una movilización que cuestionaba al gobierno militar… se debió a un estado de ánimo de la población que no había sido advertido”. En esas condiciones y en un intento del intendente local de ahogar el movimiento cooptándolo para una salida negociada, este convocó a una reunión para “limar asperezas”. Pero ante la multitud que concurrió y el anuncio que al día siguiente se convocaba a un paro general, el propio intendente pretendió disolver la convocatoria. Tuvo que renunciar.

Al otro día la asamblea popular marchó a tomar el municipio y tras un enfrentamiento con las fuerzas represivas, lograron ingresar y elegir una comisión a la que designaron como nuevo gobierno provisional, integrada por representantes de varios sectores. Dice un testigo de los acontecimientos, citado por el diario Río Negro: “una amplia proclama acordó la creación de un gobierno provisional, que estuvo conformado por representantes de partidos políticos, aunque luego se amplió a otras representaciones”.

Si bien nunca se llegó a desenvolver un verdadero proceso de doble poder, lo cierto es que el nuevo gobierno de la asamblea popular tomó algunas medidas, aunque más bien simbólicas, como por ejemplo cambiar el sentido de circulación de las calles, lo que fue cumplido por la totalidad de la población roquense.

El gobierno de Lanusse y su interventor en la provincia caracterizaron que se estaba ante un hecho de sedición y reforzaron el aparato represivo enviando centenares de tropas del ejército a la localidad, las que redoblaron el proceso de represión que fue enfrentado por la rebelión popular. Desde las clásicas barricadas, el uso de piedras y hasta molotov contra el carro hidrante, fueron la tónica de esos días. Hubo decenas de detenidos, heridos, y víctimas de la brutalidad represiva.

Cuando el gobierno militar decidió nombrar un interventor municipal y recuperado el edificio oficial, el gobierno provisional de la asamblea popular pasó a funcionar en la clandestinidad, poniendo en pie una radio clandestina para asegurar que sus resoluciones se conocieran en la población. Así nació la bautizada “radio Roca Libre”, que nunca pudieron ubicar desde donde funcionaba. También se contaba con una imprenta clandestina desde donde se imprimían volantes que circulaban por toda la ciudad. Las escuelas y los comercios permanecían cerrados.

La dictadura emitió medidas draconianas, como el estado de sitio y la pena de muerte para toda persona que agrediera a un militar, en el marco en que los enfrentamientos se trasladaron a los barrios. El 9 de julio las tropas desfilaron por las calles céntricas, con una población dándole la espalda, según la directiva impartida por el gobierno provisional. Por su parte el gobierno provisional convocó a su propio acto del 9 de julio, donde concurrieron más de 10.000 personas, hecho que se recuerda como “la fiesta de la dignidad del pueblo”. Si bien la ciudad fue ocupada militarmente, al anochecer los enfrentamientos se repetían una y otra vez.

El gobierno provisional

Entre los primeros “decretos” del gobierno provisional municipal estuvo uno que convocaba a las localidades vecinas a sumarse a las manifestaciones por la destitución del interventor militar, y otro que convocaba a un acto que planteaba la libertad de todos los presos políticos, gremiales y estudiantiles, como la derogación de la legislación represiva a nivel nacional. Es decir, tomaba reclamos del movimiento general contra la dictadura, en un importante paso de definición política, contradictorio con los “pactos de caballeros” con el ejército que un sector impulsó para retirarse del palacio municipal.

Convivían en el seno de este gobierno provisional desde partidos patronales hasta partidos de izquierda y representantes de una decena de barrios, así como representantes de sindicatos (bancario, Foecyt, docente, Supe, empleados de comercio, etc.) y estudiantiles. Esto explica las dos tendencias que anidaban en su seno: una ala conciliadora, que consideraba, como admite el director del diario Río Negro cincuenta años después, que la rebelión se deslizaba por acontecimientos que “nadie podía prever” en su inicio, hasta sectores radicalizados como los representantes del estudiantado.

Desde la clandestinidad este gobierno provisional tomó otra serie de medidas, como no pagar los impuestos, que los médicos atiendan gratis a los heridos o que los profesionales no colaboren con ninguna tarea del municipio. En medio de la tensión de esos días, se produjeron hechos claves, como por ejemplo el intento de asaltar un tren que se suponía traía armamento para la represión, o el incendio de las oficinas de Rentas de la provincia. Este último hecho fue duramente criticado por el sector conciliador que lo adjudicó a personas “ajenas a Roca”.

Así este sector abrió un canal de negociación con el gobierno nacional y provincial, considerando que las acciones se les iban de la mano. El Partido Justicialista dio uno de los primeros pasos, aclarando que “los miembros del partido que participaban del gobierno provisional no lo hacían en nombre del partido, sino a título personal”. Lo mismo hizo la CGT con los dirigentes de sindicatos y la Confederación Económica de Río Negro (cámara patronal) con aquellos comerciantes y colegios profesionales que participaban del gobierno provisional.

La JP a través de un congreso de urgencia repudió las declaraciones de la cúpula del Partido Justicialista. La JP acusó de la represión al interventor en Río Negro, el general Requeijo, y al interventor de la dictadura en Neuquén, Felipe Sapag, el que se metió por la ventana como “mediador”, una figura con la cual había ayudado a desarmar la huelga del “Choconazo” un par de años antes. En algunas localidades se crearon organismos de apoyo a la rebelión en Roca, e incluso la policía tuvo que levantar retenes en las rutas para impedir que grupos organizados llegaran a la ciudad militarizada. La conmoción golpeaba sobre todo el Alto Valle.

Se impone la salida del ala patronal

Mientras las fuerzas represivas debieron liberar a las decenas de presos en un intento de descomprimir la situación, por otro lado el gobierno nacional envió a un general que “decretó” la normalización de las actividades (decisión que la cámara empresarial apoyó). Se prohibían las movilizaciones y las penas de los Consejos de Guerra instalados en la ciudad irían desde la pena de muerte hasta la prisión. Estas medidas no impidieron que hubiera nuevas protestas, barricadas y que los automóviles siguieran circulando en el sentido contrario a la mano oficialmente establecida. En este marco el gobierno provisional convocó para el 19 de julio a una nueva asamblea.

En tanto, se anunciaba la visita del subsecretario del Interior, Guillermo Belgrano Rawson, para el día 20 de julio, que venía acompañada de nuevas medidas de descompresión, ya que se dejaban sin efecto las causas del Fuero Federal y los imputados quedaban libres de cumplir condenas. Belgrano Rawson montó un operativo a nombre del gobierno nacional para acordar una salida con el sector patronal. Se reunió en secreto como cámaras empresarias y la CGT, y todos se comprometieron a “pacificar” la ciudad.

Luego de esto el propio gobierno provisional, ya con su ala patronal en abierto acuerdo con la dictadura del gobierno nacional, unos pocos días después de la visita del subsecretario del interior dio por finalizada la pueblada. Así terminó esta etapa del denominado Rocazo, que tuvo a esta ciudad durante 20 días con un gobierno provisional, electo por una asamblea popular, y un pueblo enfrentando la represión más despiadada.

Todo esto pretende ser reducido hoy a una “protesta pacífica” e institucionalizarlo con actos convocados por los estamentos oficiales.

¡Viva el Rocazo y sus métodos e instrumentos creados al calor de la lucha!

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