“Cuenta la historia reciente que a fines del siglo XIX, las tierras de la Patagonia quedaron libres para el poblamiento nacional luego de la llamada Conquista del Desierto ”. 

Así, con este disparate monumental que asimila los pueblos originarios a un colectivo de intrusos que ocupaban ilegalmente el territorio argentino y debieron ser convenientemente desalojados para dejarlo “libre”. Así, aunque cueste creerlo, comienzan los “fundamentos” del proyecto de Ley 2342/21 presentado esta semana por la senadora del Frente de Todos Ana María Ianni. Un proyecto que visto o leído de lejos hasta pareciera noble. Pero que a poco de rascarlo con la uña deja entrever el inconfundible y característico sello del oportunismo político, de la búsqueda de rédito y protagonismo a caballo de una fecha demasiado cara al sentimiento de las y los santacruceños.

Ayudémonos a pensar entre todos: el proyecto busca declarar “delitos de lesa humanidad” los crímenes de trabajadores rurales que tuvieron lugar en el Territorio Nacional de Santa Cruz durante el desarrollo de las llamadas “Huelgas Patagónicas” entre 1920 y 1922. Lo cual, es correcto y está muy bien desde todo punto de vista, con excepción de una pequeña salvedad: no solo se trató de un delito de lesa humanidad.

El asesinato de centenares de obreros rurales en Santa Cruz fue, por sobre todas las cosas, un crimen perpetrado por el Estado; concebido y ejecutado con anuencia del poder político de turno por una de las instituciones armadas de la Nación. De modo que hablar de “crimen de lesa humanidad” sin mencionar que se trató también de un “crimen de Estado” es, cuanto menos, tapar la mitad del sol con la mano. Ahora bien, declarar los fusilamientos de la Patagonia Rebelde como delito de lesa humanidad no es para nada una cuestión menor o anecdótica. No se trata de titular con mayor o menor dramatismo un suceso por el que fueron asesinados ciudadanos desarmados que habiéndose entregado a las fuerzas nacionales fueron sometidos a tormento y ejecutados sumariamente sin mediar juicio previo. La cosa es mucho más compleja. El delito de lesa humanidad tiene implicancias jurídicas de primer orden. Empezando, desde ya, por su imprescriptibilidad. Dicho de otra forma: significa que sin importar cuánto tiempo o cuántos años transcurran, se trata de crímenes que pueden ser juzgados siempre. Y sus autores condenados.

De allí que declarar la masacre de trabajadores acaecida en Santa Cruz como de lesa humanidad conlleve de manera taxativa la posibilidad cierta de iniciar un proceso judicial capaz de llevar adelante una investigación que delimite responsabilidades, que identifique a los autores materiales e intelectuales, que aplique una condena sobre los victimarios y que, en caso de que estos hayan fallecido, someta el daño provocado a reparación simbólica e indemnización por parte del Estado.

Para lo cual el artículo 2º del Proyecto busca crear una Comisión Bicameral Investigadora Especial para la Determinación de la Verdad Histórica -vaya nombre pretencioso- “a los fines de investigar y esclarecer los hechos”. Lo cual también estaría realmente bien si no fuera porque se trata de una tarea (esta de esclarecer la “verdad histórica”) que se llevó a cabo hace casi 50 años, sin necesidad de aparatosas comisiones ni subsidios oficiales. Lo hizo por sus propios medios un hombre, Osvaldo Bayer. Tarea que no solo no le redituó honores, sino que -muy por el contrario- debió pagar con ocho años de exilio. Y lo hizo solito su alma, pero seguido bien de cerca por la Triple A que lo condenó a muerte primero, y por los militares de la dictadura que le pusieron precio a la osadía de revelar aquello que no debía ser revelado, poco después.

¿Cuál será entonces el acierto de proponer una “Comisión Investigadora” que llegará -casi con total certeza- a las mismas conclusiones a las que Bayer arribó en 1972 pero que -puesto que su único fin se limitará a investigar y esclarecer los hechos- no podrá juzgar ni condenar a los culpables de la masacre, como tampoco aplicar reparaciones o siquiera pedir perdón en nombre del Estado argentino? Me pregunto con total franqueza: ¿qué descubrirá de nuevo la “Comisión Bicameral” que no haya descubierto ya Bayer? ¿Acaso hallará evidencia irrefutable que exima de culpa y cargo al gobierno del radical Hipólito Yrigoyen y a las autoridades políticas nacionales que hicieron la vista gorda de lo que pasaba en Santa Cruz mientras Varela fusilaba chilotes?

¿Acaso la Comisión exculpará a los grandes hacendados del territorio y a sus sociedades ganaderas de vastos latifundios creadas en tierras fiscales con sus gerentes y “palos blancos” en estrecha vinculación con el poder político y la policía territorial? ¿Acaso encontrará que los peones y dirigentes de la FORA fueron responsables por el incumplimiento de un fallo judicial firmado por las partes y sistemáticamente ignorado y ninguneado por los estancieros?

¿Y qué sucederá si los investigadores de la famosa Comisión que plantea crear el proyecto descubren que el trabajo histórico realizado por Bayer estaba en lo cierto? ¿Qué pasará si encuentran culpables a aquellos encumbrados personajes ligados al poder económico y político de la época, mencionados y sindicados en su libro con nombre y apellido como autores intelectuales de la masacre (y ya sabemos que el Ejército fue apenas el brazo tonto que disparó los Mausers)? ¿Y qué pasará si la Comisión finalmente descubre los restos de los fusilados en La Anita y las fosas comunes? ¿Cuántos? ¿150, 200, 250, 300…? Lo que pasará es exactamente esto: nada.

La razón es elemental. Como por ley la Comisión solo dispone “investigar y esclarecer los hechos” sin avanzar un paso más allá de ello, una vez que estos queden “esclarecidos”, esto es, luego de arribar a conclusiones similares (si es que no idénticas) a las que Bayer llegó hace medio siglo, todo culminará de acuerdo a lo esperado. Y cada uno tendrá lo suyo. De seguro, el trabajo será coronado con la publicación de un libro de edición cuidada que será enviado tiempo después a bibliotecas y escuelas públicas. La Comisión, cuyo objeto será investigar un crimen que en gran parte fue ya investigado, nos habrá costado a los argentinos algunos pocos millones de pesos en “gastos de representación” y viáticos.

Por su parte, la senadora autora del proyecto habrá tenido su anhelada dosis de prensa, esa que le dará visibilidad mediática para instalarla como una candidata “comprometida” con la verdad y el rescate de la memoria colectiva. Y el juicio y la condena a los culpables, junto con la verdadera reparación histórica y el pedido de disculpas por parte del Estado Argentino por haber asesinado cientos de trabajadores inocentes, pues eso deberá esperar, quizá, otros cien años.

A fin de cuentas, la creación de una comisión que solo puede investigar “hechos”, pero carece de facultades para iniciar procesos judiciales a partir de delitos de lesa humanidad más que probados, termina siendo una iniciativa muy adecuada a la impunidad de los victimarios.

Cualquier “verdad” que pueda surgir de ella nacerá muerta. Fusilada de antemano.