Recuperamos del archivo de Prensa Obrera, coincidiendo con el 130 aniversario, un artículo sobre los sucesos de la “revolución del ’90”. La crisis de 1890, de la cual la revolución del Parque -o del ‘90’- fue una de sus expresiones políticas,  se configuró como la primera netamente capitalista del país, en el marco de una crisis mundial agravada por la deuda externa y la corrupción. Ese escenario convulsivo dio lugar al surgimiento de la UCR y, algún tiempo después, del Partido Socialista. Este último, como una expresión política de la maduración y crecimiento sindical y político de la clase obrera.

El 26 de julio de 1890 estalló en Buenos Aires un levantamiento cívico-militar conocido posteriormente como la “revolución del ’90”. Fue un episodio decisivo en la configuración moderna del país y en la estructuración definitiva de sus clases sociales.

La rebelión se gestó como consecuencia del estallido de una gran crisis económica. Desde comienzos de la década de 1830 se contrajeron voluminosas deudas con Gran Bretaña que excedieron al poco tiempo la capacidad de pago del Estado nacional. En 1889, el gobierno argentino declaró que no podía afrontar los compromisos. Sobrevino una grave tensión política con Inglaterra. El principal grupo acreedor (Baring Brothers) presionaba a la corona británica para imponer el cobro por la fuerza, como acababa de suceder con otros dos deudores morosos (Turquía y Egipto). Las negociaciones se tornaron particularmente duras. La banca exigía la garantía estatal de todos los pasivos, el control inglés de la aduana, el drástico aumento de los impuestos, el remate de ciertos terrenos fiscales y un reajuste de la política monetaria argentina bajo la supervisión británica. La perspectiva de un acuerdo de este tipo precipitó el caos económico. La inflación (que en esa época se medía por la desvalorización del papel moneda frente al oro) creció a un ritmo espectacular. La cotización del metal se incrementó en un 35% en 1887, un 48% al año siguiente y un 94% en 1889.

En Buenos Aires, un movimiento de oposición al entonces presidente Juárez Celman no tardó en conformarse, y abarcó prácticamente a todo el espectro político. En el ejército se puso en marcha un complot. Las dos clases más poderosas (la burguesía comercial del puerto y los estancieros de la provincia) aportaron dinero y armas. Roca (antecesor de Juárez Celman y dirigente del mismo partido oligárquico -PAN) se sumó a la conspiración. Mitre, viejo rival de ambos, también se incorporó al movimiento. Alem y Del Valle, vinculados a los terratenientes y figuras muy populares entre la peonada rural, tomaron en sus manos la organización de la lucha. También aportó sus fuerzas el partido católico de Estrada y Goyena.

En setiembre de 1889 se realizó la primera manifestación de protesta y, en abril, un segundo acto (mitin del Parque), en el que Mitre y Alem forman la Unión Cívica. El presidente envía a Europa a su flamante ministro E. Uriburu para llegar a un acuerdo con los acreedores y descomprimir la tensión interna. Uriburu fracasa y el 26 de julio, la Unión Cívica y una parte del ejército desencadenan la sublevación armada. Los combates duran tres días. La dirección militar de los rebeldes desaprovecha todas las oportunidades de ataque y se repliega a acciones puramente defensivas. En el campo gubernamental, el vicepresidente Pellegrini asume la conducción de la represión y logra sofocar el movimiento, pero inmediatamente negocia con Roca un recambio político, basado en la destitución de Juárez Celman y el marginamiento de la Unión Cívica del gobierno.

A principios de agosto, Juárez Celman renuncia y asciende Pellegrini. La Unión Cívica se fractura, poco después de la derrota, entre el sector de Mitre (incorporado a la componenda de Roca y Pellegrini) y el grupo de Alem, que forma la Unión Cívica Radical. La UCR protagoniza nuevos levantamientos armados en 1893 -que no prosperan- y la frustración política termina conduciendo a Alem al suicidio.

Luego del ’90, la principal preocupación de Pellegrini y su reemplazante Roque Sáenz Peña fue recomponer la negociación con los acreedores británicos. Asignaron esta responsabilidad a financistas provenientes de la Unión Cívica (De la Plaza, López, Romero). Entre tanto, los títulos argentinos de la banca Baring se desplomaban, y en noviembre de 1890, el gobierno inglés debió organizar un rescate bancario en Londres para evitar la quiebra de la entidad. Al cabo de dos años de negociaciones se suscribió un acuerdo. El Estado argentino se hacía cargo del grueso de los empréstitos contraídos por las provincias, garantizaba el pago con el superávit del comercio exterior y se responsabilizaba de todas las deudas suscriptas en oro. Los acreedores aceptaban la postergación del cobro, la reducción de la tasa de interés y la cancelación de contratos de obras públicas y de compra de tierras. En 1897 (un año antes de los estipulados en el convenio) la Argentina reinicia el pago de la deuda, qué se fue saldando en el curso de pocos años, en un cuadro de nuevos y más estrechos acuerdos de asociación económica con Inglaterra. Esta resolución de la crisis marcó en forma decisiva la evolución del país.

Una reacción defensiva de la oligarquía

La debacle financiera del ’90 se produjo al, cabo de una década de enorme expansión económica. Con la conquista del desierto, Roca extendió en gran escala la frontera agropecuaria y su gobierno unificó geográficamente al país bajo la hegemonía de los terratenientes bonaerenses. Organizó un Estado manejado por grupos oligárquicos y consolidó un fuerte ejército nacional al servicio de estas camarillas.

El abaratamiento del transporte marítimo y la generalización del uso del ferrocarril transformaron a la Argentina en un gran abastecedor de alimentos de Gran Bretaña. La región pampeana empezó a valorizarse a un ritmo sin precedentes. En pocos años, el precio de los campos de Buenos Aires trepó un 1000%. La especulación se convirtió en el negocio del momento, especialmente para el grupo que controlaba desde el Estado la comercialización de las enormes extensiones de tierra fiscal. La oligarquía tradicional fue la principal beneficiaria de la compra y venta de campos. La Argentina pasó bruscamente a convertirse en el principal campo de inversión externa del capital británico. En 1889, el país fue receptor del 40-50% de las exportaciones de capital inglés. El grueso de esa suma se canalizó hacía la adquisición de acciones de las compañías ferroviarias, que rivalizaban por liderar la explotación de la red en construcción. En menor medida, la inversión británica participó de la especulación de tierras y en la creación de empresas de servicios. Todo el proceso se financia con créditos otorgados por la banca a gobiernos provinciales, que a su vez redistribuían y asignaban los fondos.

El ingreso masivo de capitales a un país que recién había unificado el signo monetario en 1881, desató un verdadero descalabro. Roca intentó supeditar la emisión a las existencias de oro, pero fracasó. Cuando Juárez volvió a intentarlo en 1887, con la ley de bancos garantidos, el resultado fue aún peor. Con la emisión descontrolada, hacían su negocio los especuladores de tierra, los gestores de créditos externos y el conjunto de la oligarquía, que cobraba sus ventas en oro y pagaba sus compras y consumos en el país con papeles desvalorizados. En el ’89, el precio internacional del cereal cayó, se produjo una caída de la recaudación de impuestos y el oro en existencia no alcanzó para pagar la deuda externa.

La crisis desató un choque muy agudo entre la oligarquía y la banca inglesa. El plan de cobro propuesto por la Baring pasaba por aumentar y fiscalizar los gravámenes que pagaban los terratenientes y por el derecho de los acreedores de apoderarse de la tierra pública. Por ese camino, los ingleses se hubieran convertido en el principal y único grupo capitalista de importancia país. La oligarquía resistió esta alternativa. Había lucrado con el endeudamiento porque fue el mecanismo que financió la valorización de sus tierras, y había aceptado la penetración británica en los sectores claves de la economía y tolerado la venta del primer ferrocarril nacional, a los ingleses. Pero reaccionó defensivamente cuando peligró su propiedad de la tierra, que era la fuente de su poder y beneficios. Por su origen, el levantamiento del ’90 representa un movimiento de resistencia al capital extranjero, promovido y dirigido por la oligarquía.

Una resolución nefasta para el país

La crisis del ’90 interrumpió solo por un período muy breve el proceso de incorporación de la Argentina a la economía capitalista mundial. Hubo cierto estancamiento económico hasta 1897, pero luego la producción y exportación de granos y carne volvió a aumentar notablemente. Creció el superávit comercial y la red ferroviaria se concluyó en pocos años. La depresión fue corta porque coincidió con la finalización de un largo periodo de estancamiento capitalista internacional (1873-1892) y con el inicio de una onda de crecimiento de las fuerzas productivas que se prolongó hasta 1914.

La crisis financiera del ’90 fue semejante a la ocurrida en otras partes del planeta. La altísima ganancia esperada de la producción agropecuaria argentina provocó un boom de inversiones superior a su rendimiento inmediato y se produjo el crack. Pero, de conjunto, deudores y acreedores se salvaron gracias a la prosperidad posterior, que permitió cancelar compromisos financieros con una parte de los ingresos de la exportación. La banca cobró la deuda y los terratenientes preservaron sus tierras. Solo un grupo marginal de financistas (los tenedores de títulos ajustados en papel moneda: cédulas) fue a la quiebra, así como un núcleo de empresas comerciales argentinas. Globalmente, los estancieros y el capital británico salieron fortalecidos y consolidaron una alianza que dominará la vida política y económica del país durante un larguísimo período del siglo XX.

El afianzamiento de la oligarquía significó el aumento del poder de una clase social rentista, que extrae sus beneficios de la posesión de un territorio de extraordinaria fertilidad natural. Los terratenientes acapararon enormes sumas de dinero simplemente exportando granos y sin verse obligados a afrontar el proceso clásico de acumulación y competencia capitalistas. Su enriquecimiento dependía de la demanda mundial y no del mercado interno, y por eso se configuró como un grupo parasitario. Dejó en manos del capital extranjero los ferrocarriles primero, y después los frigoríficos, a pesar de contar con recursos de sobra para encarar ambas empresas. Tampoco se dotó de una flota marítima propia e inició una industrialización muy tardía y fragmentaria.

Con la sublevación del ’90, la oligarquía se resistió a entregar el control del Estado a la banca inglesa, lo que hubiera significado la colonización política del país y la conversión de la Argentina en otra Irlanda o Egipto. Pero, en manos de los estancieros, el Estado no fue una palanca para el desarrollo autónomo y progresivo. El contraste con Estados Unidos en este terreno es muy significativo. Allí también el capital inglés jugó un papel destacado en la expansión ferroviaria y fue acreedor de importantes préstamos financieros. Pero la burguesía yanqui se las ingenió para manejar todo el proceso, evitar la dependencia financiera y terminar incluso defraudando a los banqueros ingleses.

A la luz de estos hechos, resulta aleccionador que el Frepu [Frente del Pueblo, compuesto por el PC, el MAS y el Peronismo de Base; N. del E.] citara, en la campaña electoral reciente, el ejemplo del ’90 como un caso de “moratoria” que se debía seguir. Esto equivale a propugnar una medida de emergencia en beneficio de los explotadores nativos quienes, a partir de ello, renegocian en su conjunto la continuidad de la expoliación extranjera -que fue lo que ocurrió en 1890.

Alem y el carácter de la revuelta

La tradición radical presenta la sublevación del ’90 como una revolución popular, pero la participación real de las masas en el movimiento fue muy limitada. El levantamiento fue más bien un putch cívico-militar, y el enfrentamiento se circunscribió a algunos sectores de la capital. Los partidos de la oligarquía manejaron en todo momento el levantamiento y lo instrumentaron con la sola finalidad de desplazar a Juárez Celman. El acuerdo de Roca con Pellegrini, y las diversas negociaciones de ambos con Mitre, fueron el trasfondo del proceso. No se trató de una “rebelión contra la oligarquía”, desde el momento que sus principales exponentes, estuvieron comprometidos con la revuelta o se beneficiaron con ella. Al momento de caer, Juárez había quedado reducido a la condición de representante de los comisionistas y gestores de los créditos ingleses.

Que la oligarquía haya liderado un movimiento de resistencia al capital extranjero dio lugar a innumerables confusiones en la interpretación de los acontecimientos. Algunos dedujeron de esta circunstancia que el movimiento era directamente reaccionario (Abelardo Ramos), y otros prefirieron inventar una insurrección “democrática y pequeñoburguesa” (Puiggrós).

El ’90 fue un movimiento antiimperialista de la burguesía de entonces (los terratenientes en la órbita del imperialismo británico) y concluyó con un nuevo convenio a largo plazo de los terratenientes con Gran Bretaña.

El grupo de Alem levantó en este proceso una bandera muy progresiva: el sufragio universal. Pero intervino sometiéndose a los partidos tradicionales, y jamás consideró la posibilidad de propiciar el desmantelamiento revolucionarlo del régimen camarillero. La UCR salió golpeada y dividida del ’90, y su popularidad entre la clase media urbana fue un fenómeno posterior, derivado de la quiebra del mitrismo y del PAN.

La clase obrera, el PS y Juan B. Justo

La crisis del ‘90 fue la primera netamente capitalista que vivió el país. La bancarrota sirvió para probar la hegemonía del régimen burgués en la estructura social del país. La crisis produjo la caída de los salarios, una fuerte, desocupación y emigración, y la quiebra de los pequeñoburgueses. La renegociación de la deuda con la Baring contempló expresamente medidas de pauperización de los trabajadores, como el despido de empleados públicos.

Cuando sobrevino la recuperación económica, el salario volvió a subir como consecuencia del importante movimiento huelguístico que se desarrolló en Buenos Aires contra la carestía. Los zapateros salieron a la huelga en 1887 y los ferroviarios, un año después, reclamando el pago en oro de sus jornales. Conquistaron gran parte de esta reivindicación en 1889. Durante el año siguiente, la huelga se extendió a los albañiles y carpinteros. De este proceso de lucha surgieron los primeros sindicatos, un intento de Federación Intergremial y los diversos núcleos que fundaron en 1896 el Partido Socialista.

Sin firma consignada en la edición original.

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