Este 9 de noviembre se cumplen 30 años de la llamada “masacre de Volta Redonda”, enmarcada dentro de las mayores gestas de la clase obrera brasilera bajo la entonces recientemente instaurada democracia en Brasil.

En la que fuera una de las mayores empresas estatales del país, la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN),  el 4 de noviembre de 1988 los obreros metalúrgicos realizan una masiva asamblea en la cual deciden convocar un paro frente a la falta de respuestas a su pliego de reivindicaciones. Los obreros metalúrgicos le exigían al presidente José Sarney un reajuste salarial con base en el índice de inflación, estabilidad laboral frente a la ola de despidos en todo el país, jornada laboral de 40 horas semanales, la formación de una comisión interna de prevención de accidentes elegida por los trabajadores, la readmisión de los despedidos en 1987, el reconocimiento de los representantes sindicales por la empresa , el cese de las persecuciones al activismo y la apertura de los libros de la compañía.

El 7 de noviembre  más de 5 mil obreros metalúrgicos iniciaron la huelga con la toma de la fábrica. La ocupación de la CSN por los trabajadores significó un golpe mortal para el ya debilitado presidente José Sarney (del PMDB, el mismo partido de Temer), un oligarca terrateniente del estado de Maranhão – uno de los más pobres de la república – cuyos planes económicos fondomonetaristas habían desatado una hiperinflación y provocado una desocupación en masa. La única reacción del gobierno frente al enorme movimiento huelguístico y el temor de que se extendiera al conjunto de la clase obrera fue el envío del ejército con tanques de guerra y tropas armadas con fusiles para aplastar en forma violenta la lucha de los trabajadores. La justificativa de enviar tropas para liquidar el movimiento de lucha era que la CSN al ser una empresa estatal estaba bajo el área de seguridad nacional, con lo cual convirtieron a la ciudad de Volta Redonda en una plaza de guerra, o en una “dictadura tardía” concediendo total impunidad a los militares.

La masacre

El día 9 se desata la tragedia cuando se da al ejército la orden de recuperar la planta tomada, desatando una brutal represión militar y policial que se cobraría la vida de tres obreros metalúrgicos y 35 heridos, la mayoría por armas de guerra. Desde el año 1984 se habían llevado adelante 11 paros, pero esta era la primera vez que se ocupaba la usina siderúrgica. Ante la llegada del ejército los obreros ya habían ideado todo un sistema de defensa que iba desde barricadas y la electrificación de parte de la planta hasta la utilización de cal para arrojarles a los soldados que intentaran entrar por la fuerza.

Durante su entrada a la ciudad el ejército con sus tanques destruía todo a su paso, como automóviles, plazas, etc. Amenazaban con sus armas a los ciudadanos que apoyaban o mostraban simpatías por los huelguistas y repudiaban el accionar de los soldados, lo que acabó desatando finalmente una enorme rebelión popular que desembocó en movilizaciones de miles de habitantes y la virtual paralización de toda la ciudad. Las asambleas populares llegaron a reunir hasta 25 mil personas. Erasmo José da Silva, autor del libro “Una huelga; corazones y mentes”, era en aquella época militante estudiantil de Convergencia Socialista. Cuenta que en aquel momento “el poder en Volta Redonda cambió de manos. Las dos asambleas diarias organizadas frente al edificio central de la CSN reunían hasta 25 mil personas. Todos tenían derecho a voto, y los temas sobrepasaban los de la propia huelga, hasta el atendimiento en los hospitales era discutido”. El juez de la ciudad se fugó, la legislatura local dejó de funcionar y las personas al preguntarse lo que se debía hacer recibían como única respuesta “hay que esperar que se reúna la asamblea”. Allí era donde se decidían los pasos a seguir para lograr el triunfo de la lucha de  los metalúrgicos.

Los tres obreros asesinados por el ejército fueron William Fernades Leite, de 23 años, que recibió un tiro en la nuca; Valdir Freitas Monteiro de 27 años, baleado con 3 tiros en el pecho; y Carlos Alberto Barroso de 19, con el cráneo destrozado a culatazos de fusil. Ninguno de los militares asesinos fue juzgado o condenado. Como tampoco fueron juzgados los militares y policías que secuestraron, torturaron y asesinaron a los militantes populares durante los 21 largos años de la dictadura, la más longeva del continente americano, bajo los gobiernos del PT ni de ninguno de sus predecesores.

Balance

La victoria de los huelguistas repercutió fuertemente en las elecciones municipales realizadas 5 días después del triunfo obrero, con la conquista de intendencias importantes por parte del PT, como São Paulo, Porto Alegre y Vitória. Antes de la huelga, los sondeos daban como ganadores en todas las capitales a la derecha. El PMDB del presidente Sarney perdería 9 de los 14 gobiernos estaduales.

La huelga fue levantada finalmente el día 23 de noviembre, cuando la CSN aceptó todas las demandas de los trabajadores, inclusive la salida de las tropas de la ciudad.

El presidente del sindicato de los metalúrgicos y líder de la huelga fue electo como intendente de la ciudad, pero 3 meses después murió en un accidente de auto cuando se dirigía a la capital Brasilia.

El primero de mayo de 1989 los trabajadores, con la colaboración solidaria del gran arquitecto Oscar Niemeyer, construyeron un memorial en homenaje a sus compañeros asesinados. Pero a las pocas horas de inaugurado, este fue parcialmente destruido producto de una atentado terrorista con explosivos por parte de elementos de extrema-derecha vinculados al ejército. Años más tarde, el ex capitán del ejército Dalton de Melo denunció al general Álvaro de Souza Pinheiro como el mandante del atentado al monumento.

No sólo hasta la fecha ningún militar fue juzgado y condenado por los asesinatos de los obreros, por los heridos y daños provocados en la ciudad, sino que en 1999, el general que ordenó la invasión a la fábrica, José Luiz Lopes da Silva, fue nombrado ministro del Superior Tribunal Militar por el presidente Fernando Henrique Cardozo.

Para la burguesía brasilera y sus sucesivos gobiernos, la derrota de los trabajadores de la CSN era una cuestión de orden estratégica. Finalmente, en 1993 la empresa fue privatizada por el gobierno de Itamar Franco luego de una serie de huelgas de los metalúrgicos que fueron reprimidas y luego derrotadas, llevando al despido del 70% de sus trabajadores. Su sucesor Fernando Henrique Cardoso – el Menem brasilero – sería el responsable de privatizar las valiosas empresas del Estado a un precio de remate en beneficio de los grandes capitales nacionales y extranjeros, provocando una catástrofe social con despidos y desocupación masiva. Pero esta ya es otra historia.

La huelga obrera y la victoria posterior del PT sacaron a relucir todo el derechismo del partido de Lula, que había juramentado el respeto a rajatabla de la Constitución brasilera. La mascare de Volta Redonda se ejecutó, precisamente, al amparo de esa Constitución. Luiza Erundina, la candidata del PT que se impuso en San Pablo, declaró al calor de su victoria electoral que “no venimos a hacer la revolución socialista en el municipio. Este es un país capitalista y lo que queremos es modernizar el capitalismo” (O Estado de Sao Paulo, 19/11/88).

Exactos 30 años después asistimos al ascenso al poder de un ex militar fascista con el apoyo del alto mando militar y de los banqueros, el cual reivindica la intervención militar en todos los asuntos de Estado y en la sociedad, que promueve la tortura y el asesinato de activistas y “comunistas”. Bolsonaro llega a la presidencia como corolario de este proceso de intervencionismo militar, el cual se ha propuesto como objetivo llevar adelante un feroz plan de guerra contra los trabajadores y las masas populares para rescatar a la burguesía brasilera golpeada por la crisis capitalista mundial. Privatizaciones y despidos sigue siendo la fórmula encontrada por el capital y sus gobiernos para descargar las crisis sobre los explotados. La burguesía y el imperialismo fueron muy celosos en la salvaguarda de las fuerzas armadas, con amnistía, impunidad y premios, para su preservación y utilización como recurso último frente a una situación cada desesperante desde sus intereses de clase.

La clase obrera deberá procesar toda la experiencia de estas tres décadas con deliberaciones, con el método de las asambleas y congresos de delegados, para arribar a conclusiones que la ayuden a superar su actual desmoralización y apatía, sacarse de encima a las viejas direcciones vendidas al capital para así recuperar su lugar en la historia como aquella combativa clase trabajadora de dimensiones continentales que deberá abrir un nuevo rumbo contra la escoria fascista.