Recuperamos del archivo de Prensa Obrera la segunda nota sobre el gobierno de frente popular en Chile con motivo del 50 aniversario de las elecciones que llevaron a la presidencia a Salvador Allende. Leer aquí la primera parte “Triunfa la Unidad Popular de Chile”. Finaliza en la tercera parte “¿Por qué triunfa el fascismo en Chile?”.

El 4 de septiembre de 1970 la Unidad Popular chilena gana las elecciones nacionales y a los 60 días Salvador Allende debe asumir la presidencia. En todo el país se vive un estado de gran tensión política, porque aumentan los indicios de una maniobra de la derecha para burlar el veredicto electoral. Allende obtuvo el 36% de los votos, pero constitucionalmente su proclamación no es automática. Requiere la convalidación del Congreso, dominado por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Las cúpulas de estos dos partidos patronales estaban negociando en secreto una componenda: votar conjuntamente a Alessandri, del PN, para cerrarle el camino a Allende y luego convocar a nuevas elecciones con un candidato común contra la izquierda. Se sabe que la DC está muy dividida ante esta alternativa, que representa una grosera violación del resultado de los comicios y que puede desatar una incontenible reacción popular. El candidato del partido, Tomic, se opone, y el presidente Frei evalúa las consecuencias de la operación. En las barriadas populares crece el estado de movilización.

Frei teme desatar una respuesta revolucionaria de las masas y plantea otra alternativa: chantajear a la UP con la firma de un compromiso político, que condicione toda la gestión futura de Allende, a cambio del apoyo democristiano a su designación. Mientras empiezan las tratativas con la UP, Frei promueve el caos financiero para forzar la firma del documento. Su principal ministro declara por televisión que el país marcha hacia una catástrofe económica y él mismo precipita una gran corrida bancaria. Los capitales se fugan y sube el dólar. Después se supo que la ITT yanqui y la CIA manejaron los hilos de este sabotaje económico. Allende anuncia que hasta su asunción no puede hacer nada para frenar la desestabilización financiera. Se limita a pedir “confianza” en los dirigentes de la UP.

A mediados de octubre un comando fascista asesina en pleno centro de Santiago al Comandante en Jefe del Ejército, Schneider, opuesto a una conspiración que trama la derecha militar y que pasa por el exilio negociado de Frei y la detención de Allende. El crimen reafirma en la DC la convicción de que la única salida viable es el reconocimiento negociado del triunfo de UP. Se aceleran las tratativas. Allende (consultado por Frei) desestima cualquier depuración de las Fuerzas Armadas y se atiene a la regla de designar al general de mayor antigüedad en reemplazo de Schneider. Finalmente, se suscribe el pacto cuyo nombre es muy ilustrativo: “Estatuto de Garantías”. En pocos días, el clima de complot se desvanece, Alessandri retira su candidatura en el Congreso, desaparece el terror y la tensión bancaria. ¿Qué clase de documento ha firmado la Unidad Popular?

“Garantías” contra el doble poder y las milicias

Con el “Estatuto”, la UP se compromete en forma precisa a sostener el régimen político burgués y a no dejarse desbordar por la acción directa de los trabajadores. No se dará ningún paso fuera del marco legal vigente, ninguna medida quebrará el “Estado de derecho” de los capitalistas y su “pluralismo político”. Allende lo dice con todas las letras: “El proceso chileno lo haremos dentro de la democracia burguesa y dentro de una Constitución que no hicimos nosotros”.

El “Estatuto” plantea claramente que la autoridad será ejercida exclusivamente por los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, que no se gobernará al margen del Estado burgués. La DC reclama esta garantía por escrito, porque la burguesía sabe muy bien que está en presencia de una tendencia revolucionaria de las masas, y no de un mero vaivén electoral hacia la izquierda.

Allende se compromete por medio de este documento a colocar a su gobierno bajo la supervisión directa de los partidos burgueses, pues ellos dominan el Parlamento, el aparato judicial y la Contraloría (un organismo fiscalizador del Ejecutivo) y manejan, de este modo, poderes constitucionales.

De hecho, la burguesía se asegura así la intocabilidad de sus grandes propiedades. El “Estatuto” se incorporará a la propia Constitución (en un rápido trámite parlamentario) transformándose en la justificación “constitucional” de un golpe de Estado para hacer frente a la movilización popular.

El “Estatuto” garantiza a las Fuerzas Armadas el monopolio de las armas y a la jerarquía militar el absoluto control interno del ejército. La UP se compromete a no Inmiscuirse en la vida interna de las fuerzas represivas y a no interferir en la autoridad de sus camarillas reaccionarias. A la Iglesia se le convalidan los subsidios y el manejo de la enseñanza privada. Queda totalmente prohibida la confiscación de los medios de comunicación manejados por un puñado de grandes capitalistas. Con estas dos cláusulas, la burguesía mantiene bajo su completo dominio al aparato de agitación política y cultural.

Movilización popular, crisis de “Estatuto”

En los primeros meses del gobierno de Allende se desata un excepcional entusiasmo popular. Se suceden marchas y manifestaciones para “ayudar” al “compañero presidente” a cumplir con su programa. En abril de 1971 se realizan elecciones municipales y se profundiza la polarización política: la UP obtiene el 50,87 % de los sufragios. Ha crecido espectacularmente desde el año anterior. Dentro de la coalición, el PS acapara totalmente la nueva avalancha de votos (el PC se estanca y el partido radical retrocede). La izquierda del PS propone convocar a un inmediato plebiscito para quebrar el predominio de los partidos burgueses en el Congreso, pero Allende se opone para no poner en peligro el compromiso firmado con la DC.

La lucha de clases se desarrolla a todo ritmo durante el año. Las huelgas obreras duplican las realizadas durante el combativo período 1967-69 y la Central sindical CUT está desbordada por la acción de la mayoría de la clase obrera, agrupada en medianas y pequeñas empresas y no afiliada a la organización. En el campo se produce un salto notable en el grado de sindicalización, bajo el impulso de los campesinos pobres. Un aluvión de 1200 tomas de tierras conmueve a todas las zonas agrarias. Los funcionarios de la UP exhortan a limitar estas movilizaciones, pero nada frena el empuje popular.

El cuadro político fijado por el “Estatuto” se está desintegrando porque las masas desbordan el pantano legalista. La prensa derechista reacciona exigiendo “orden” y la DC bloquea desde el Parlamento cada Iniciativa reformista de Allende, oponiendo la exigencia de nuevas “garantías” de preservación de la propiedad capitalista. En octubre de 1971 la DC presenta un proyecto de ley que le otorga al Congreso un derecho absoluto de veto sobre cualquier propuesta de nacionalización. Los democratacristianos intentan también la destitución del ministro del Interior por vía legislativa, mientras la justicia paraliza con diversos pretextos incluso las medidas puramente administrativas que adopta el gobierno.

Atrapado entre la movilización popular y la presión de la burguesía Allende no puede gobernar y busca una salida en un acuerdo con la DC, pero las negociaciones se estancan mientras continúa ahondándose la crisis económica y social.

Insurrección patronal, fracaso del “estatuto”

A principios del 72 se profundiza el enfrentamiento social. Los grandes capitalistas organizan el desabastecimiento de alimentos y el partido nacional lanza manifestaciones de estudiantes y de comerciantes acomodados. La izquierda responde con multitudinarias contramanifestaciones. Se producen enormes batallas campales en el centro de Santiago. En junio, los obreros ocupan la fábrica Perlak y el ministro del PC, Baltra, exige el inmediato desalojo. Los trabajadores se niegan, recurren a la solidaridad vecinal y se forma un organismo zonal de apoyo a la medida de fuerza. Los explotados empiezan a chocar no solo con los patrones, sino también con el gobierno que consideran suyo. En julio se realiza una asamblea popular en Concepción. El PC se niega a participar en el encuentro objetando su carácter “anticonstitucional” y la dirección del PS desautoriza también la Iniciativa.

Finalmente, en octubre estalla lo que se dio en llamar “insurrección” patronal. Ha florecido el mercado negro, el desabastecimiento es insoportable, la carestía aumenta y la derecha se larga a explotar el disconformismo de la clase media con una huelga de camioneros que extrema el caos económico. Pero la reacción obrera deja completamente descolocados a los reaccionarios y sorprende a la propia UP. Centenares de fábricas son ocupadas y los trabajadores las hacen funcionar sin gerentes ni patrones. En los barrios brotan organismos de control popular contra el desabastecimiento, los grandes comercios son obligados a abrir sus puertas por la fuerza. En el sur, hasta se producen requisas de camiones para garantizar el transporte de alimentos. La revolución proletaria está en marcha y emerge a la superficie el “poder popular”.

En las zonas fabriles aparecen los “Cordones Industriales”, que coordinan la acción de las fábricas ocupadas. El PC los sabotea e intenta integrarlos a la CUT para disciplinarlos a la burocracia sindical. En las poblaciones, las “Juntas de Abastecimientos y Precios” (JAP), que se habían formado para el seguimiento de los precios, se multiplican hasta alcanzar el número de 200 y adoptan funciones ejecutivas en el control de la compra-venta de alimentos.

En el campo aparecen los “Consejos Comunales”, nucleando a los ocupantes “ilegales” de fundos.

La lucha obrera ha alcanzado su pico máximo con la constitución de organismos que sientan las bases de su propio poder. Se produce una evolución inexorable: la revolución genera la contrarrevolución. El ala más derechista de la DC copa la dirección del partido, rompe las negociaciones con Allende y constituye un frente (“Confederación Democrática”) con el Partido Nacional. La agrupación de Frei se lanza a una gran campaña para aplastar a Allende en las inminentes elecciones legislativas de marzo del 73, espera lograr con el PN los dos tercios de los cargos parlamentarios para forzar desde allí la destitución del presidente. Aunque el líder de la UP repita una y otra vez que “vamos a evitar la dictadura del proletariado”, la burguesía ya desconfía por completo de su capacidad para lograr este objetivo, luego del total fracaso del “Estatuto de Garantías”.

Viraje a la derecha, cogobierno con el ejército

Luego de los sucesos de octubre, el gobierno de la UP se está hundiendo y Allende busca desesperadamente una nueva salida. Recurre al ejército y nombra en noviembre tres ministros militares. Ha intentado congraciarse con las Fuerzas Armadas desde el mismo día de su asunción, cumpliendo al pie de la letra lo que firmó en el “Estatuto”. No depuró a la oficialidad reaccionarla, ni tocó los servicios de informaciones, aunque sabe que están en manos de la CIA. Ni siquiera sugirió cambios en las “juntas de calificaciones” del alto mando, como habían hecho sus antecesores, Frei y Alessandri. No objetó la relación militar con el imperialismo, ni la participación en los operativos Unitas. Todas las solicitudes de equipamiento fueron satisfechas por el presupuesto nacional.

Allende espera tranquilizar a la burguesía con la designación de los ministros militares y, por sobre todo, reforzar la independencia del gobierno respecto de las masas y de la propia coalición de la U.P. El comandante en jefe, Prats, asume la cartera de Interior declarando que su intención es “asegurar la Paz Social”. Se dicta el “Estado de emergencia”, que le otorga plenos poderes al alto mando, y una ley de “requisa de armas” que sirve para iniciar una campaña de allanamientos a los arsenales obreros en formación.

Pero el verdadero propósito del viraje pro-militar de la UP es llevar adelante un programa de reafirmación capitalista, coincidente en muchos aspectos con lo exigido por la DC en el Congreso. Surge así el proyecto “Prats-Millas”, que no solo delimita rigurosamente el número de nacionalizaciones, sino que sanciona, además, la devolución a sus propietarios de 123 empresas ocupadas en octubre por los obreros. Allende aspira a reabrir las negociaciones con la DC y salvar a su gobierno de una catástrofe próxima.

Desorientación de la izquierda de la UP

Cuando Allende suscribió el “Estatuto de Garantías”, la izquierda de la UP no abrió la boca. Descalificaba la Importancia de este compromiso aduciendo que era una insignificante concesión a la burguesía, para garantizar el acceso de Allende al gobierno. Señalaban que, una vez conquistado el Poder Ejecutivo, se iba a barrer a los partidos burgueses del Parlamento, porque el régimen político era “elástico” y poseía una larga tradición constitucionalista.

Las transformaciones económicas se iban a producir dentro de la democracia, contaría con la completa neutralidad de un ejército “profesionalista”. Esta teoría “de defensa y profundización de la democracia” se desmoronó en pocos meses ante el complot derechista y la firme tendencia de las masas a construir su propio poder. Allende no fue neutral en estas circunstancias. Buscó desarticular el poder popular asociándose con el ejército y estaba recorriendo el mismo camino contrarrevolucionario de Kerensky en Rusia, antes, y de la UDP de Siles, en Bolivia, después. Los funcionarios del stalinismo eran los brazos ejecutores de esta política. Allende permanecía fiel al “Estatuto de garantías”, que era la expresión acabada de la política de los frentes democratizantes y de conciliación de clases. Este estatuto le aseguraba el uso de todos los poderes excepcionales del Estado capitalista contra la acción directa de los explotados. La Izquierda del PS y el MIR continuaron transfiriendo a las masas sus ilusiones en la democracia burguesa, cuando los trabajadores fundaban los embriones de su propio gobierno. Negaban el carácter capitalista del gobierno de Allende, incluso después de iniciado el viraje pro-militar de la UP. Los “Cordones Industriales”, las “JAP”, los “Consejos Comunales”, no encontraban una vía de desarrollo porque la izquierda rechazaba toda lucha por un gobierno obrero. El MIR saludaba las “medidas positivas” de la UP y llamaba a “presionar” al gobierno y el ala radicalizada del PS, confundía a todo el mundo al bregar por una “nueva institucionalidad”, cuya naturaleza y carácter de clase no definía. Las vacilaciones de este grupo sepultaron la perspectiva del armamento general de las masas y de la resistencia eficaz al sangriento “Pinochetazo”. Se requería claridad estratégica y audacia revolucionaria y el propósito de instaurar la dictadura del proletariado. En enero de 1973, en Chile se inaugura la etapa final del allendismo.

Sin firma consignada en la edición original.