En enero último, Prensa Obrera publicó una nota-aniversario sobre la huelga portuaria de 1966. Fue la primera gran huelga contra los ataques de la dictadura de Ongania, duró 3 meses y fue entregada por la burocracia portuaria (SUPA) –que se “borró”, refugiándose en Montevideo, algo que luego haría, frente al golpe de 1976, Casildo Herrera, secretario de la CGT– y el conjunto de la burocracia sindical.

 

Ésta aconsejó a la burocracia del SUPA que aceptara el nuevo reglamento que arrasaba conquistas históricas de los estibadores para entrar en un “diálogo” con el poder. Fue el activismo el que llevó adelante la resistencia, poniendo en pie la Coordinadora Intervillas, apoyada por militantes de los partidos de izquierda (Política Obrera y el PRT).

 

Aislada por la burocracia fue derrotada, pero marco tendencias: la de la burocracia que no iba a enfrentar la dictadura y se iba a esforzar por entrelazarse con la misma y la del activismo, obligado a organizarse en forma independiente para defenderse contra los ataques dictatorial-patronales y que contaría para ello con el apoyo de la militancia de izquierda.

 

La entrega de la lucha ferroviaria

 

Cebada por la derrota de los portuarios, la dictadura aplicó el decreto de “reestructuración” de los ferrocarriles, que atacaba conquistas históricas de los ferroviarios y establecía cierres y despidos masivos. Las bases ferroviarias se prepararon para enfrentarlo: se formaron comités de solidaridad en las seccionales ferroviarias (Chacarita, Boulogne, etc.) en los que se sumaron delegados y activistas de fábricas de la zona y militancia de izquierda, entre otros.

 

Política Obrera intervino con fuerza en ese proceso. Cuando la dictadura comenzó a ejecutar el decreto empezó la lucha desde abajo. Un gran salto fue la lucha de los talleres de Bahía Blanca: 150 guardatrenes decidieron no acatar la normativa, fueron suspendidos y amenazados con el despido.

 

Una asamblea conjunta de las dos seccionales de Bahía decidió la huelga por tiempo indeterminado, que se extendió a lo largo de 5 días. Las intimidaciones del gobierno (amenaza de despido de 1.800 ferroviarios) y los llamamientos de la directiva nacional a levantar la medida, no doblegan a los ferroviarios.

 

Es más, en medio de la medida, la directiva nacional de la Unión Ferroviaria dio a conocer públicamente que había aceptado “bajo protesta” el reglamento antiobrero de la dictadura. Pese a eso, la huelga seguía firme: a las asambleas de Bahía empezaban a concurrir delegaciones solidarias de otras seccionales.

 

Al quinto día, fue a la asamblea el directivo Acevedo (del PC-Mucs) quién, con abundante verborragia, saludó la combatividad de los ferroviarios bahienses y la solidaridad de otras seccionales que plantean sumarse a la huelga general y culpó a la directiva nacional de la Unión Ferroviaria por desorganización, pero planteó levantar la huelga y enviar una delegación a Buenos Aires a reclamar un plan de lucha nacional.

 

Prometió convocar a nueva asamblea en 5 días para relanzar la huelga si la directiva nacional se negaba a tomar medidas de conjunto. El PC jugó todo su prestigio (considerable entonces entre los ferroviarios) en defensa de la directiva burocrática nacional. La lucha fue frenada. La nueva asamblea nunca fue convocada.

 

El 9 de marzo –luego del paro general del 1° de ese mes– los talleres de Junín fueron ocupados por 2500 ferroviarios para rechazar 200 despidos. La misma contó con la participación de esposas de los trabajadores y fue acompañada por movilizaciones populares, pero su aislamiento nacional hará que la policía pueda desalojarlos.

 

Paro del 1° de marzo y Plan de Lucha de la CGT

 

En el medio de este proceso, a mediados de febrero, la CGT resolvió, presionada por el clima de agitación existente y por un cambio de gabinete (asumió Krieger Vasena como ministro de Economía, preanunciando una política abiertamente fondomonetarista) convocar a un plan de lucha con un paro de 24 horas el 1° de marzo y otro de 48 horas el 21 de ese mes.

 

Frente a este anunció, la dictadura amenazó con la intervención a sindicatos y con despidos a los estatales que paren, entre otras medidas represivas. Varios sindicatos plantearon levantar el paro y entrar a negociar con el gobierno, mostrando así “buena voluntad” para el “diálogo”.

 

La mayoría de las direcciones sindicales decidió mantener el llamamiento al paro. Pero se trataba no solo de un paro dominguero, sin movilización, sino que, en muchos casos fue saboteado por la propia burocracia sindical, traicionando desde adentro.

 

Hubo gremios que pararon un 100% y otros sólo un 10. Hubo burocracias que desorganizaron el paro y garantizaron el trabajo en empresas enteras, con la complicidad de comisiones internas burocráticas. Con el garrote y la zanahoria la dictadura logró quebrar y debilitar el paro: una novedad en el disciplinado y combativo movimiento obrero argentino.

 

A continuación, el gobierno intervino media docena de sindicatos que pararon. Sobre este retroceso del movimiento sindical, el 13 de marzo Krieger Vasena firmó un acuerdo con el FMI y devaluó un  40% la moneda, congeló salarios y paritarias por 2 años y fue a fondo con los ataques a las condiciones laborales de los trabajadores.

 

En la Construcción, se anuló la vigencia de la ley de despidos 11.729 y se puso en marcha un estatuto especial por el cual las indemnizaciones por cese de tareas son financiadas con descuentos mensuales realizados al propio trabajador, eximiendo de costos a las patronales.

 

Rogelio Coria, el secretario general de la UOCRA, es uno de los dirigentes que encabezara la llamada corriente “participacionista” –con la dictadura– junto a Luz y Fuerza, Papeleros, Petroleros, Carne, entre otros.

 

Política Obrera (27/2/66) caracterizaba en su tapa, 48 horas antes del paro: “El movimiento obrero está siendo arrastrado a una derrota, a perder la guerra, sin haber perdido casi ninguna batalla importante (la única excepción: portuarios). La dictadura resolvió a su favor, en el juego político contra la burocracia sindical, lo que la clase burguesa no ha podido resolver en su lucha práctica contra la clase obrera. Un movimiento sindical firmemente unido por abajo en su sentimiento político antidictatorial es manoseado por una burocracia obrera corrompida por la presión del capitalismo y de la dictadura”.

 

Política Obrera no se quedó solo en la caracterización: de igual manera que en Intervillas de la huelga portuaria y los comités de solidaridad en las seccionales ferroviarias, intervino para tratar de garantizar el paro general, con la organización de piquetes y bloqueo de colectivos, como resultado de los cual, varios compañeros del PO fueron detenidos.

 

La burocracia levantó el paro de 48 horas programado para de tres semanas después y se fue al mazo, allanando así el camino al plan Krieger Vasena.

 

Se abrió así una etapa de fuerte reflujo en las luchas obreras. Carentes de toda centralización sindical, éstas se atomizan en resistencias fábrica por fábrica, desde donde van surgiendo el agrupamiento y desarrollo de agrupaciones clasistas (Vanguardia Metalúrgica, Trinchera Textil, Vanguardia Obrera Mecánica, etc.), que dirigen los combates fabriles (Good Year, Ultra, etc.). En ese proceso estuvo Política Obrera.

 

Responsables de la derrota fueron no solo la burocracia sindical en sus diversas variantes peronistas, sino también la del PC que jugó a una política de freno, buscando un lugar ‘unitario’ en la mesa burocrática.

 

La derrota impulsó al PRT hacia una política aún más foquista (Tricontinental, brazos armados de la OLAS, Comité Militar, etc.). El PRT La Verdad (ala morenista) planteaba: “Comenzar actos de sabotaje tendientes a desorganizar la red ferroviaria… Reprimir a los carneros, delatores, jefes e interventores que atenten contra la estabilidad o la seguridad de los activistas”. En su “Historia del trotskismo obrero en Argentina”, Ernesto González relata que “en septiembre de 1967 se produjeron obstrucciones de vías en Córdoba, y en Buenos Aires se quemaron 16 vagones…”.

 

Ayer y hoy: la esencia de la burocracia sindical

 

La mayoría de la burguesía apoyó el golpe de Ongania. La burocracia sindical también. Es que la burocracia peronista no ve posibilidad de acción gremial sino es entrelazada al aparato del Estado.

 

Tiende a apoyar a sectores burgueses que le den un cierto lugar para sus negociaciones. La dictadura aprovechó esto, con un ala Participacionista, muy afín, y otra Colaboracionista. La burocracia saboteó las luchas porque no contaba con ningún sector burgués de oposición en torno al cual estructurarse políticamente.

 

Impulsar la lucha obrera era una política de independencia de clase, algo ajeno a su concepción de colaboración de clases. Política Obrera, en su crítica a la traición de la burocracia, impulsó la consigna de Congreso de Bases, delegados con mandato de asambleas.

 

Hoy tenemos una situación parecida: la burguesía (incluida las variantes peronistas) apoya la política de volcarse en los brazos del capital financiero internacional. Aun en minoría, el gobierno hizo aprobar en el Parlamento sus principales proyectos.

 

En estas condiciones, la burocracia gira en el vacío y se divide. Dejó pasar el veto a la prohibición de despidos, el mantenimiento del impuesto de ganancias sobre los salarios, habilitó leyes de retroceso salarial y flexibilización laboral (jubilados, automotrices, etc.). Frente a la irrupción de las marchas y paros de marzo se ha visto presionada a convocar al paro general del pasado 6 de abril.

 

No solo fue un paro aislado y dominguero (varios dirigentes ya aclararon que no el paro no va a tener continuidad), sino que se convocó con un programa donde se reclama a favor de las patronales (subsidios, exención de impuestos, proteccionismo comercial, etc.) y no de los obreros: reincorporación de los despedidos, nacionalización de las fábricas que cierran, aumento de salarios y jubilaciones y apoyo a las luchas en curso.

 

Dejan al garete la huelga docente por su paritaria nacional, la ocupación de AGR Clarín, a los despedidos de General Motors.

 

Para derrotar los ataques gubernamentales-patronales hace falta más que nunca: independencia obrera, asambleas con mandatos de plan de lucha nacional en las plantas, impulsar plenarios obreros regionales con esa perspectiva. Desarrollar una agitación por un Congreso de Bases del Movimiento Obrero. Un frente único de las corrientes de izquierda, combativas y antiburocráticas del movimiento obrero es esencial para llevar adelante este proceso.